27 de enero de 2009, 7:46
Recientemente la Consejera de Sanidad de Cataluña ha vuelto a insistir en la necesidad o conveniencia del establecimiento de copagos en la prestación sanitaria pública. No se trata de una novedad pues es un sistema que ya existe en muchos países del mundo y que consiste en el abono de una cantidad o tasa por acudir al médico, por realizarse las pruebas diagnósticas o por hospitalización. Las variables concretas son muchas: en algunos sitios se cobra por todas las prestaciones y en otros solo por algunas.
Quienes defienden su necesidad utilizan 3 tipos de argumentos: moderaría la demanda (es decir los pacientes acudirían menos a los servicios sanitarios sin necesidad); se conseguiría concienciar del coste de las prestaciones sanitarias y por fin se lograría una vía de incrementar la financiación y por lo tanto los recursos sanitarios.
No obstante la realidad es muy otra. El primer argumento choca con la equidad del sistema sanitario y con el hecho de que la mayoría (en torno al 90%) de las actividades del sistema sanitario no son decididas por los ciudadanos, sino por los profesionales de la salud que son los que indican la realización o no y el numero de pruebas diagnósticas, la derivación a los especialistas, los ingresos hospitalarios y las actuaciones terapéuticas. En estas circunstancias los establecimientos de copagos solo suponen obstáculos económicos al acceso a las prestaciones sanitarias y por lo tanto penalizan fundamentalmente a las personas con menos recursos económicos y a las más enfermas, que por motivos de edad suelen coincidir.
Los efectos del copago han sido analizados en diferentes estudios (Department of National Health Welfare en Canada,, National Health Strategy Unit en Australia o la Escola de Saude Publica de Portugal. Todos ellos concluyen que: La eficacia sobre la contención del gasto es mínima o inexistente; son un impedimento de importancia en el acceso a los servicios para los pobres y los ancianos que viven con bajos ingresos, retrasan o impiden el uso de servicios sanitarios necesarios y no se ha demostrado su capacidad para contener la demanda, que incluso, en algún caso ha aumentado. Según un estudio de David Himmelstein, profesor de Medicina en la Universidad de Harvard, que se publica en la edición electrónica de Health Affairs, más de la mitad de las familias estadounidenses que se arruinan al año lo son por las facturas médicas ya que las aseguradoras apenas protegen al asegurado y la familia no puede asumir copagos por servicios no incluidos en el seguro. Por todo ello la Organización Mundial de la Salud (Informe sobre la Salud en el Mundo 2008, Informe sobre determinantes sociales de la Salud 2008) los desaconsejan y señalan su efecto negativo sobre la equidad y la accesibilidad de los sistemas sanitarios.
El segundo argumento tiene poca entidad. Que la Sanidad Pública tiene un coste es conocido por todos los que pagamos impuestos (IVA e IRPF), es mas, la mayoría de la población sigue creyendo que la sufraga con cargo a la Seguridad Social. Si alguna administración cree que va a cambiar algo haciendo mas visible el coste de los servicios sanitarios no tiene más que hacerlo facilitando esta información por ejemplo a la entrada de los centros sanitarios.
La tercera cuestión es todavía más precaria: para poder instaurar un sistema de copagos hay que establecer unos mecanismos de cobro en los centros sanitarios, y es evidente que estos mecanismos no salen gratis y suponen una inversión económica y un gasto, lo que se conoce como gastos de transacción. Si los copagos son pequeños estos gastos fácilmente superaran o anularan los potenciales ingresos, más aún si se pretende que reflejen la complejidad de las situaciones reales (enfermos crónicos, personas con rentas bajas, etc).
Queda por fin hacer una reflexión. Estamos en plena crisis económica y sus efectos se están notando ya, pero seguramente se notaran aún mas, y sabemos que ello conlleva mayor numero de personas en paro y una disminución de los ingresos de sectores muy importantes de la población, que se van a ver más necesitados que nunca de redes de protección social. Pretender que en estos momentos se establezcan copagos para la atención sanitaria es de una falta de sensibilidad social que estremece.
Marciano Sánchez Bayle
Médico y Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica
Quienes defienden su necesidad utilizan 3 tipos de argumentos: moderaría la demanda (es decir los pacientes acudirían menos a los servicios sanitarios sin necesidad); se conseguiría concienciar del coste de las prestaciones sanitarias y por fin se lograría una vía de incrementar la financiación y por lo tanto los recursos sanitarios.
No obstante la realidad es muy otra. El primer argumento choca con la equidad del sistema sanitario y con el hecho de que la mayoría (en torno al 90%) de las actividades del sistema sanitario no son decididas por los ciudadanos, sino por los profesionales de la salud que son los que indican la realización o no y el numero de pruebas diagnósticas, la derivación a los especialistas, los ingresos hospitalarios y las actuaciones terapéuticas. En estas circunstancias los establecimientos de copagos solo suponen obstáculos económicos al acceso a las prestaciones sanitarias y por lo tanto penalizan fundamentalmente a las personas con menos recursos económicos y a las más enfermas, que por motivos de edad suelen coincidir.
Los efectos del copago han sido analizados en diferentes estudios (Department of National Health Welfare en Canada,, National Health Strategy Unit en Australia o la Escola de Saude Publica de Portugal. Todos ellos concluyen que: La eficacia sobre la contención del gasto es mínima o inexistente; son un impedimento de importancia en el acceso a los servicios para los pobres y los ancianos que viven con bajos ingresos, retrasan o impiden el uso de servicios sanitarios necesarios y no se ha demostrado su capacidad para contener la demanda, que incluso, en algún caso ha aumentado. Según un estudio de David Himmelstein, profesor de Medicina en la Universidad de Harvard, que se publica en la edición electrónica de Health Affairs, más de la mitad de las familias estadounidenses que se arruinan al año lo son por las facturas médicas ya que las aseguradoras apenas protegen al asegurado y la familia no puede asumir copagos por servicios no incluidos en el seguro. Por todo ello la Organización Mundial de la Salud (Informe sobre la Salud en el Mundo 2008, Informe sobre determinantes sociales de la Salud 2008) los desaconsejan y señalan su efecto negativo sobre la equidad y la accesibilidad de los sistemas sanitarios.
El segundo argumento tiene poca entidad. Que la Sanidad Pública tiene un coste es conocido por todos los que pagamos impuestos (IVA e IRPF), es mas, la mayoría de la población sigue creyendo que la sufraga con cargo a la Seguridad Social. Si alguna administración cree que va a cambiar algo haciendo mas visible el coste de los servicios sanitarios no tiene más que hacerlo facilitando esta información por ejemplo a la entrada de los centros sanitarios.
La tercera cuestión es todavía más precaria: para poder instaurar un sistema de copagos hay que establecer unos mecanismos de cobro en los centros sanitarios, y es evidente que estos mecanismos no salen gratis y suponen una inversión económica y un gasto, lo que se conoce como gastos de transacción. Si los copagos son pequeños estos gastos fácilmente superaran o anularan los potenciales ingresos, más aún si se pretende que reflejen la complejidad de las situaciones reales (enfermos crónicos, personas con rentas bajas, etc).
Queda por fin hacer una reflexión. Estamos en plena crisis económica y sus efectos se están notando ya, pero seguramente se notaran aún mas, y sabemos que ello conlleva mayor numero de personas en paro y una disminución de los ingresos de sectores muy importantes de la población, que se van a ver más necesitados que nunca de redes de protección social. Pretender que en estos momentos se establezcan copagos para la atención sanitaria es de una falta de sensibilidad social que estremece.
Marciano Sánchez Bayle
Médico y Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica