miércoles 12/5/21

¿Independencia o gobiernos de progreso?

elecciones cataluña

La estrategia del bloque independentista ha mostrado sus debilidades frente al bloque de poder representado por el Gobierno de Rajoy

El Govern de la Generalitat, actualmente cesado y procesado (o exiliado), ha fracasado en su proyecto de implementar ya una República catalana, un Estado independiente. Es un hecho evidente, reconocido por los dirigentes del PDeCat y de ERC. La estrategia del bloque independentista ha mostrado sus debilidades frente al bloque de poder representado por el Gobierno de Rajoy. Sus líderes han comenzado una reflexión y una readecuación estratégica basada en el reconocimiento de ese desequilibrio en la relación de fuerzas sociopolíticas y fácticas y de control institucional. Esperan reeditar su mayoría en el Parlament en las elecciones del 21 de diciembre e insisten en continuar la ‘construcción’ de la independencia, en el sentido de ampliar su base de apoyo ciudadano, así como económico, institucional y europeo. Pero descartan (ambiguamente) la vía unilateral como constitución inmediata de un Estado soberano en confrontación abierta con el Estado. No es la posición de la CUP que insiste en lo acertado de la proclamación de la independencia y exige su construcción inmediata desafiando el poder estatal y las dificultades estructurales.

Por mi parte, en un artículo publicado el día 3 de octubre en el diario Público, valoraba el fracaso del Gobierno de Rajoy en su actuación contra la masiva y exitosa expresión cívica del 1-O, aunque insuficiente para considerarlo un referéndum vinculante; pero también explicaba ya los límites del independentismo, señalando las ‘dificultades estructurales para imponer la independencia de Catalunya’. En esos momentos las expectativas sobre la proclamación de la independencia y su implementación práctica estaban en lo más alto.

Los nuevos acontecimientos, con una evolución frenética, están claros. El Gobierno de Rajoy, con sus apoyos parlamentarios de Partido Socialista y Ciudadanos, ha aplicado el artículo 155 con el cese del Govern, a pesar de la desaprobación popular mayoritaria en Cataluña y las grandes movilizaciones democráticas y soberanistas, y ha bloqueado el despliegue o desarrollo de la República catalana. Al mismo tiempo, se ha mostrado la impotencia fáctica de la vía unilateral desarrollada por el bloque independentista que, finalmente, ha reconocido solo su carácter simbólico o declarativo con renuncia a su construcción operativa. Así, aun defendiendo simbólicamente la legitimidad del Govern y el Parlament, ha aceptado la participación en las elecciones autonómicas para el 21-D, convocadas por el Presidente del Gobierno español, cuyos resultados representativos en el marco de la nueva realidad impuesta con los equilibrios de poder manifestados, abrirán una nueva etapa.

Reafirmación democrática y percepción más realista sobre el Estado independiente

Veamos algunos datos de la percepción de la ciudadanía y su evolución. Según la encuesta de Metroscopia, publicada el 12-11-2017, en esas semanas de octubre tras el 1-O y el 3-O (huelga general democrática contra la represión policial), en torno a la primera aprobación (dejada en suspenso) de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) por el Parlament el 10 de octubre y hasta su aprobación definitiva el 27 de octubre, el 51% de la población catalana consideraba factible la secesión en ‘un futuro más o menos cercano’.

No obstante, tras la aplicación por el Gobierno del PP del artículo 155, tras su aprobación por el Senado con los apoyos del Partido Socialista y Ciudadanos ese mismo día,  el 62%, casi dos tercios (aunque el diario El País transcribe el 66%) ‘de catalanes ve poco probable la independencia de Cataluña’, es decir, descartan la idea de que Cataluña pueda separarse de España y convertirse en un estado independiente en un futuro más o menos cercano. O sea, de la mitad pasa a un tercio los residentes que confían en la implementación inmediata de la República catalana, por mucho que la afirmen como objetivo a largo plazo.

Por otro lado, siguiendo con Metroscopia, en Cataluña, el 69% de personas encuestadas muestran su desaprobación con la gestión del Gobierno de Rajoy y, expresamente, el 61% son ‘contrarios a la manera en que se está aplicando el artículo 155’. Ya anteriormente, a la pregunta ¿Cree que una aplicación del artículo 155 sería beneficiosa para apaciguar la situación actual?, había contestado NO el 61% y SÍ el 13% (65% entre votantes del PP). Dato que contrasta con el 61% de la población española (incluido el 56% de los votantes socialistas) que apoya la aplicación del artículo 155. 

En relación a la posibilidad de llegar a un acuerdo que permitiera la permanencia de Cataluña en España, el escepticismo social es algo asimétrico y muy fuerte, aunque ha descendido ligeramente en ambos casos. Antes, un 56% de catalanes lo veían como algo muy difícil y después ha bajado al 49%; y otro 49% cree que aún hay esperanza, porcentaje que alcanza hasta el 60% para el resto de españoles.

No obstante, a la cuestión de “La mejor manera de resolver el problema entre Cataluña y España es que se celebre un referéndum pactado y plenamente legal sobre la independencia de Cataluña en el que los catalanes decidan si quieren o no seguir formando parte de España”, contesta De acuerdo el 82% (la casi totalidad de independentistas y de Catalunya en Comú, e incluyendo el 75% del PSC, el 57% de Ciudadanos y el 49% del PP), y En desacuerdo el 16% (el 21% del PSC, el 41% de Ciudadanos y el 43% del PP).

Por tanto, aunque la mitad de la sociedad catalana ve difícil llegar a un acuerdo es muy mayoritaria (más de cuatro quintas partes) la aspiración a poder decidir mediante un referéndum pactado y legal su relación institucional con España. En definitiva, se combina una reafirmación democrática –referéndum pactado- como vía para resolver el conflicto, se mantiene un amplio bloque independentista, cercano a la mitad, pero se rebaja a un tercio la expectativa de poder implementar de forma inmediata una República catalana independiente.

La incapacidad de la estrategia independentista

Volvamos a este último aspecto. La aprobación de la Declaración Unilateral de Independencia por la mayoría del Parlament que, no olvidemos, representa solo el 47,8% de la ciudadanía catalana y la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno del PP, junto con la actuación del aparato judicial, han demostrado los límites de la estrategia independentista tal como habíamos avanzado. Había, y se han demostrado posteriormente, dos tipos de razones.

Uno de carácter democrático, derivado de los déficits democráticos de la consulta realizada, sin suficientes garantías al no estar pactada y sin interpelar en condiciones de igualdad y con una actitud inclusiva a la otra mitad de la sociedad catalana. Sus resultados no podían legitimar la independencia, tal como ha sido (y todavía es) el núcleo justificativo del bloque independentista. Otro tipo de motivos eran de carácter fáctico, los límites de su ‘contrapoder’ institucional (y popular) frente al poder del Estado y sus aparatos judiciales, de seguridad y económicos, así como la falta de reconocimiento internacional.

Es decir, antes de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por parte del Gobierno de Rajoy con el apoyo de Ciudadanos y el Partido Socialista, cesando y encarcelando al Govern y procesando a parte de la mesa del Parlament, ya se podían constatar dos hechos ‘verdaderos’: primero, la ausencia de una mayoría ciudadana reforzada o un consenso social y político suficiente que legitimase claramente el paso inmediato a un Estado independiente; segundo, la ‘incapacidad’ operativa de las supuestas estructuras de la nueva República y la impotencia para convertir las instituciones autonómicas en instituciones ejecutivas independientes en confrontación con el Estado español: desde el propio Govern y el Parlament, pese a la insistencia en su soberanía, hasta las estructuras de seguridad (Mossos d’esquadra) y administrativas (por ejemplo, de Hacienda) o la capacidad de ‘contrapoder’ organizado.

Ambos hechos han sido producto de interpretación interesada e irrealista. Primero, el embellecimiento de los propios apoyos ciudadanos (que no llegaban a la mitad), confiando en su necesaria tendencia ascendente, en particular intentando absorber, neutralizar o instrumentalizar la autonomía del tercer espacio representado por En Comú-Podem (y en menor medida del PSC), con infravaloración del distanciamiento y la brecha producida respecto de la otra mitad de la sociedad catalana.

Segundo, la sobrevaloración del poder institucional propio y su capacidad operativa independiente, que sólo necesitaría una cobertura jurídica propia para instaurar una legalidad contrapuesta a la del Estado español y ser soberano en el plano ejecutivo. De ahí el idealismo discursivo y formalista del papel (poco) operativo de la Declaración unilateral de independencia, ahora rebajada a acto simbólico.

Tercero, infravaloración del poder, la capacidad operativa y la legitimidad del contrario, el Estado Español, incluido el poder judicial, así como la determinación del Gobierno del PP apoyado por la alianza del bloque monárquico y la subordinación del Partido Socialista. No se trataba de un Gobierno fascista y desacreditado que utilizaba la violencia explícita de forma generalizada y, por tanto, fácil de desenmascarar y aislar cívicamente y en la opinión pública europea. El Estado, que utilizó la represión el 1-0 no ha tenido necesidad de utilizarla para imponer el cese del Govern; solo su gran capacidad de coerción, incluida la judicial, con una aplicación desproporcionada de la ley vigente, ha disuadido la actitud de desobediencia del aparato administrativo o la rebeldía de las fuerzas de seguridad catalanas (Mossos), así como de las hipotéticas estructuras de doble poder (Comités de defensa de la República).

Cuarto, la movilización social democrática de rechazo al 155 y defensa de las instituciones catalanas se ha expresado masiva y cívicamente, especialmente en las dos grandes manifestaciones, con participación no solo independentista sino democrática, vinculada a los comunes. Pero tampoco ha sido suficiente para impedir la intervención del poder ejecutivo en el Govern, liberar a los presos y revertir el 155. El desacuerdo mayoritario de la ciudadanía contra la intervención del autogobierno se puede convertir en una mayor deslegitimación del poder estatal, en particular del PP, y una mayor legitimidad para las fuerzas soberanistas, no solo independentistas. Pero en el cálculo electoral también interviene la credibilidad política de las alternativas propuestas y su gestión. Y en eso, hemos dicho que, en el caso independentista, ha faltado coherencia y de ahí su perplejidad.

El peso del poder económico y europeo

La gran frustración popular por la crisis social y la responsabilidad del Govern de Mas y, después, de Puigdemont había sido hábilmente trasladada hacia la cuestión nacional

A todo ello se han añadido dos elementos que han afianzado la realidad y la sensación de impotencia en el control de su economía y de aislamiento institucional al no conseguir reconocimiento internacional. Así, el desplazamiento de la sede social de varios miles de empresas (más de mil, su sede fiscal, con su impacto presupuestario), ha supuesto una demostración de desconfianza en el proceso independentista de la oligarquía empresarial y financiera catalana, en gran parte imbricada con el capitalismo español, vinculada a su mercado, conectada con las estructuras económicas europeas -y mundiales- e insertada en sus élites dominantes.

Además, el Govern ha demostrado su impotencia reguladora, las desventajas de un proceso incierto fuera de la UE que contrastaba con una supuesta superioridad y mejora económica como país independiente sin la rémora de España, menos modernizada. Pero ese relato se ha dado de bruces con la realidad. En la lógica subyacente de la hegemonía neoliberal de sus principales responsables económicos, el Govern mantenía la creencia de la bondad de las mismas políticas económicas de austeridad y pérdida de derechos laborales y sociales, es decir, de conectar mejor con las estructuras de poder económico europeas y el poder liberal conservador al que está inscrito el dominante (hasta ahora) PDeCAT.

La gran frustración popular por la crisis social y la responsabilidad del Govern de Mas y, después, de Puigdemont había sido hábilmente trasladada hacia la cuestión nacional. Su salida no era cambiar las políticas de austeridad del Gobierno de Rajoy y el bloque de poder representado por Merkel, sino esperar que un Estado independiente construyese una Cataluña próspera, separada de la atrasada España. La ausencia de pacto fiscal y la solidaridad impuesta en la distribución interregional, completaban el discurso de las ventajas de la independencia: estar en mejores condiciones económicas y materiales, beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía, incluido sus capas populares, y así constituir una alternativa de salida a la crisis con toda su secuela de desigualdad y empobrecimiento. Aquí, conviene separar dos dinámicas contrapuestas: una la económica, con orientación neoliberal; otra, la social de carácter progresivo. Pero el modelo social de la República catalana no está claro; más bien es el de continuidad con las políticas dominantes en España y la UE. Motivo añadido para la desconfianza en amplios sectores de las capas populares.

En el plano internacional, la ilusión del apoyo europeo también ha prevalecido y se ha ido desvaneciendo. No hay ningún interés fundamental de ningún país importante para apoyar a la nueva República catalana (como fue Alemania -y la OTAN- para la independencia de Eslovenia y Kosovo o las repúblicas bálticas -para aislar a Rusia-). El Gobierno de la derecha es fiel aliado al bloque de poder europeo y la integración política, económica y geoestratégica una realidad que interesa a todos los poderes en la UE, todavía más en la incertidumbre estratégica de sus alrededores (Rusia, Oriente Medio, Norte de África…) y de las dinámicas centrípetas y xenófobas en el interior de muchos Estados. Sin una negociación o salida pactada, la unilateralidad añadía incertidumbre para los poderes europeos (y mundiales), institucionales y económicos.

Mayorías sociales tras una nueva agenda social y plurinacional

Por tanto, el proceso independentista necesitaría más legitimidad democrática y/o más poder político-institucional (y de seguridad), con mayores aliados (en España y en Europa), o bien un fuerte debilitamiento del poder de las derechas en el Gobierno central. En estos momentos, su debilidad comparativa es evidente: el Estado español es más fuerte, especialmente en lo segundo y con suficiente respaldo legítimo, legal e internacional, en parte derivado del apoyo de la dirección socialista.

La perspectiva independentista, tras el 21-D, y aunque vuelva a ganar la mayoría parlamentaria e incluso una ligera mayoría de votos, todavía no tendría un nivel suficiente de las dos condiciones básicas –legitimidad y poder- para desafiar con una vía unilateral al Estado Español, con la suficiente credibilidad para ganarle. Su posible reajuste estratégico pasa por controlar el Govern, ensanchar su apoyo social y conformar estructuras soberanas como acumulación de fuerzas y medio para negociar un acuerdo ventajoso de incremento del autogobierno. Pero, para ello, bajo la previsible nueva hegemonía de ERC en el campo independentista, tendría que activar una agenda social que permitiese acercar posiciones con Catalunya en Comú-Units Podem, aunque le llevase al distanciamiento con el PDeCAT, y dejar aparcada la vía de la imposición de la unilateralidad.

En definitiva, ante el conflicto en Cataluña y el bloqueo autoritario y regresivo del Gobierno de las derechas de Rajoy (y Rivera), se ha demostrado las dificultades de la estrategia independentista. Solo cabe una nueva estrategia, una salida de cambio más democrático y más operativo (aun con sus enormes dificultades, incluido la ambivalencia del PSOE): echar al PP por parte de las fuerzas progresistas, ganar a las derechas unas elecciones generales, con un Gobierno de Progreso en España, junto con otro Govern progresista en Catalunya, con nuevas mayorías sociales y políticas que aseguren el avance hacia una agenda social (también en el marco europeo), una fuerte democratización (empezando con la lacra de la corrupción) y un mayor acuerdo en la cuestión territorial, con una respuesta democrática, pactada y social en Cataluña y una reforma sustancial de la Constitución.

¿Independencia o gobiernos de progreso?