Durante las últimas semanas, en la prensa mexicana proliferaron los balances del recién terminado sexenio de Felipe Calderón. Se trata de ejercicios interesantes, por lo que hay en ellos de registro histórico y de juicio de una época con respecto a sí misma, como señala Carlos Bravo Regidor, y a los que no les falta materia prima. La crisis de violencia en México y la estrategia de combate al narcotráfico del gobierno han ocupado un lugar especial dentro de estos balances, lo que da pie a volver una vez más al tema, seguramente el más tratado por la prensa internacional y quizá, también, el menos comprendido.
A principios de 2010, comenté aquí un pequeño libro aparecido en ese momento, “El narco: la guerra fallida”, escrito por Jorge Castañeda y Rubén Aguilar, funcionarios en el primer gobierno del PAN y de la alternancia (2000-2006). Lo más llamativo de aquel texto era que, con base en una revisión de cifras oficiales, se demostraba que las premisas de las que partió el gobierno a la hora de declarar la guerra al narco eran falsas, y apuntaba a que la razón de la estrategia se encontraba en otra parte: en la búsqueda de una legitimidad que se creía perdida en las urnas.
Este año, ambos autores publican una nueva obra: “Los saldos del narco: el fracaso de una guerra”. El texto analiza los descomunales costos de esta guerra que la semana pasada cumplió 6 años, y propone un camino alternativo a la estrategia centrada en el paradigma punitivo y prohibicionista (que vive hoy una franca crisis). Particularmente, el libro revisa y pone al día, hasta agosto de 2012, las cifras relacionadas con la violencia, el consumo de drogas, las violaciones de derechos humanos y la percepción de la ciudadanía sobre la estrategia. Me interesa rescatar algunas de estas cifras: ¿qué nos dicen?
La violencia
Cuando Calderón asumió la presidencia, México vivía una de las épocas menos violentas de su historia. En 2007, había en el país 8 homicidios por cada 100 mil habitantes: una tasa por debajo de la media mundial, que es de 8.8. Durante el sexenio de Calderón, esta tasa de homicidios creció casi tres veces: pasó a 24 en 2011. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el total de los homicidios en los primeros cinco años del gobierno de Calderón llegó a 95 mil 659. Faltan los números de 2012. Efectivamente, no todos estos asesinatos estuvieron vinculados con la delincuencia organizada. De hecho, la Procuraduría General de la República (PGR) intentó realizar su propio conteo de fallecimientos “por presunta rivalidad delincuencial”. El ejercicio, que indica que se pasó de 62 decesos de este tipo en 2006 a 15 mil 273 en 2010, se detuvo en 2011: no hay más cifras oficiales de las muertes por “presunta rivalidad delincuencial”.
La estrategia del gobierno revirtió una tendencia de disminución de la violencia de casi 20 años. Estamos ahora, en términos estadísticos, como en 1990, contando los asesinatos por decenas de miles cada año. Con el añadido de que el impacto público de los crímenes de hoy es infinitamente mayor que el de los del pasado.
El consumo
El gobierno se comprometió en 2006 a bajar los niveles de consumo de drogas ilegales a pesar de que esto no era un problema entonces ni lo es ahora. México no es un mercado importante de consumo de drogas. Nuestro vecino sí. Y las cifras que lo corroboran son bastante conocidas. La incidencia de consumo de drogas en México (quienes han probado alguna droga ilícita a lo largo de su vida) era, en 2010, del 5.5%. La media mundial es de 7.8, y la de los Estados Unidos de 42. ¿Esta situación de tan bajo consumo es resultado de la guerra? Difícilmente, pues en 2001 la tasa era de 4.6%. Es decir, en 8 años la incidencia ha crecido 1.1%. En materia de prevalencia (quienes consumieron drogas ilícitas en el último año) la diferencia es aún más notoria: la media mundial es de 4.2%, mientras que la tasa de México es de sólo 1.5%.
En resumen, México no es un país consumidor drogas, pero la guerra nada ha tenido que ver con esto, pues nunca lo ha sido.
Las violaciones de derechos humanos
A pesar de que dentro del discurso del gobierno el respeto a los derechos humanos es fundamental, desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico las violaciones de estos derechos por agentes del Estado mexicano han aumentado de forma particularmente grave. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 11 mil 680 quejas contra las secretarías de Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, y la PGR de diciembre de 2006 a diciembre de 2011. Las quejas son por trato violento, robos, torturas, desapariciones y asesinatos durante cateos en domicilios. A partir de la intervención de las Fuerzas Armadas en la guerra contra el narco, la CNDH asegura que aumentaron los casos de tortura., y sobre ello formuló 60 recomendaciones de 2009 a 2011: 40 al ejército. Especialmente preocupante resulta el número de desaparecidos, que ascienden 24 mil y el de migrantes secuestrados, que casi alcanzan los 40 mil. Es claro que no se trata de "casos aislados".
La opinión pública
Hasta el último momento, Felipe Calderón fue firme en su defensa de la estrategia de seguridad y en la propaganda de sus “logros”. Estudios demoscópicos recientes señalan que la mayoría de los mexicanos no piensan como él. De acuerdo con la Décima Encuesta Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana (de marzo de 2012), 79 por ciento de los ciudadanos consideran que se han deteriorado las condiciones de seguridad con respecto al año anterior y sólo 18 por ciento piensa que han mejorado. La percepción de la inseguridad se ha mantenido a lo largo del sexenio en los mismos términos: en 2008 era de 80 por ciento. El mismo estudia arroja que en 2012, el 52 por ciento de los encuestados piensa que el crimen organizado va ganando la guerra y 19 por ciento que el gobierno, cuando en 2010, 39 por cuento respondía que el crimen organizado, y 37 que el gobierno.
Símbolos y urgencias
Más allá de los balances de diverso signo, el fin del segundo sexenio panista fue rico en simbolismos: terminó en medio de violentos enfrentamientos afuera del recinto legislativo de San Lázaro, completamente cercado por vallas de metal. Dentro, Calderón entregaba la banda presidencial a Enrique Peña y al hacerlo la devolvía al PRI, el partido que gobernó México durante más de medio siglo, y al que el PAN sacó en 2000 de Los Pinos. La ciudad en la que ahora vivirá, Cambridge (Massachusetts), ha tenido sólo 3 homicidios desde 2007. En el último día de su mandato, en México hubo 10.
Pienso con frecuencia en el último Octavio Paz, dedicando su análisis político no ya al PRI o al gobierno sino a la sociedad mexicana. La cantidad de mensajes leídos en redes sociales celebrando las miles de muertes de la guerra contra el narco (“que no hay que lamentar”), o legitimando la miseria actual de las mayorías, por medio de un relato moral repugnante ("su situación se debe solo a su mediocridad"), muestran la urgencia de retomar su tarea.
