domingo 16/5/21

Mirada

Por Lucía Engelberger | En el segundo mandato de la presidenta Bachelet, Chile tuvo la oportunidad de iniciar cambios importantes que hubiesen evitado el estallido social de octubre del 2019. Impulsó reformas en beneficio de la mayoría de los habitantes de este hermoso país en materia de educación, salud y pensiones. Sin embargo, en su mayoría fueron torpedeadas desde sectores de su misma coalición y con una derecha en oposición apelando, majaderamente, ante el Tribunal Constitucional.  La mayor muestra de la falta de apoyo de su sector se vio reflejada al no llegar a la elección presidencial con un candidato a la altura, evidenciando que su objetivo era traspasar el gobierno al sector de la derecha.

En el año 2015 se inició un proceso constituyente con participación ciudadana para confeccionar una nueva Constitución. Se realizaron Cabildos, una suerte de asambleas participativas a lo largo del país con el concurso de cerca de 204 mil ciudadanos comprometidos, proceso que se cumplió recogiendo las inquietudes más profundas del país. El proyecto de ley por una nueva Constitución firmado por la Presidente Bachelet, quedó en manos del actual gobierno quienes expresaron claramente que no era de su interés que el proceso se materializara.

Paradójicamente, casi un 80% de los chilenos que se acercaron a las urnas en el plebiscito dieron carta de naturaleza a un cambio que hacía décadas que la sociedad venía exigiendo. Este referendo, al que se llegó como una forma de parar el descontento social, administrado por los mismos que le dieron carpetazo se ha revelado como una consulta de claros efectos catárticos.

Así, por primera vez en la historia de nuestro país, se formará una Convención Constituyente paritaria que, a buen seguro, dará a luz una norma fundamental mucho más moderna y adaptada a las necesidades de justicia social, medioambiental y de control de poderes que demanda el nuevo milenio.

No obstante, todavía queda mucho camino por recorrer y muchos compatriotas aún se dejan afectar por las campañas de terror a la que sistemáticamente apela la derecha (con pruebas concretas que nunca se han cumplido dichos pronósticos: ni con el NO ganador del plebiscito de 1980, ni cuando se aprobó la Ley de divorcio, ni cuando se aprobó la educación gratuita, ni con el retiro del 10% de los fondos de pensiones este mismo año).

Por otra parte, se siguen relacionando los deseos de una mejor sociedad con ser comunista (fantasma muy arraigado por el permanente lavado de cerebro en la dictadura) y no valen argumentos para cambiar esa creencia. 

Sólo espero que, en esta ocasión, no perdamos la oportunidad de sacarnos de encima el principal lastre que nos dejó la dictadura para recuperar nuestro auténtico espíritu.

Como anexo al este texto, me permito recordar el largo camino que hemos recorrido hasta ver nuestros deseos de libertad constitucional hechos realidad:

Para oficializar el proceso, Bachelet dio a conocer el itinerario para la realización del proceso constituyente. De acuerdo a lo establecido, se esperaba que se desarrollara de la siguiente manera:

  • Iniciarán una etapa de educación cívica constitucional hasta marzo de 2016
  • A partir de marzo de 2016, harán un proceso ordenado de diálogos ciudadanos iniciando en comunas y concluyendo con una síntesis a nivel nacional
  • En octubre de 2016 se le entregarán a la Presidenta Bachelet los documentos de dichas bases ciudadanas
  • Anunciará un consejo ciudadano de observadores con “ciudadanos y ciudadanas” de reconocido prestigio
  • La base ciudadana será utilizada en la redacción de una nueva Constitución
  • A inicios del segundo semestre de 2017, dicho proyecto será presentado al Congreso
  • A fines de 2016 se enviará un proyecto de reforma para que, con la aprobación de dos tercios de los miembros en ejercicio, se permita establecer una nueva carta fundamental.
  • Esa iniciativa buscará habilitar al próximo Congreso para definir el mecanismo de discusión del proyecto a partir de cuatro alternativas (comisión bicameral, convención constituyente mixta de parlamentarios y ciudadanos, convocatoria a asamblea constituyente o un plebiscito)
  • Finalmente, un plebiscito vinculante ratificará o rechazará el proyecto definitivo

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