Los distintos relatos en pugna sobre el pasado más cercano, especialmente sobre el Franquismo y la Transición, vuelven a estar en el debate político a resultas de la irrupción de la extrema derecha en las instituciones públicas y su enconada oposición a todo lo que tenga que ver con la recuperación de la Memoria Democrática. Ahora bien, nuestro deber cívico como ciudadanos y ciudadanas es mantener viva la memoria de las personas que lucharon por la consecución de la democracia en nuestro país, por lo que sufrieron distintas formas de represión, violencia e, incluso, la muerte. Este último extremo es el que vamos a reseñar en estas líneas.
Durante la última semana del mes de enero de 1977 se sucedieron una serie de actos violentos que marcaron “un antes y un después” en esta compleja etapa de la historia de España. En diciembre se había aprobado en referéndum la Ley de Reforma Política, que sirvió para empezar a desmontar la estructura política franquista, pero que no fue apoyada por la oposición antifranquista debido a su tibieza. De hecho, el 22 de diciembre la policía detenía al secretario general del PCE, Santiago Carrillo, que estaba en Madrid de manera clandestina. En la calle se multiplicaban las manifestaciones que exigían la proclamación de una Amnistía total para las personas presas y exiliadas por su lucha antifranquista. Los sectores que continuaban apoyando al Franquismo y se negaban a su finalización contaban con importantes conexiones con las Fuerzas de Orden Público y con grupos neofascistas argentinos e italianos, y no tenían reparos en utilizar la violencia para alcanzar sus fines. Por otro lado, la actividad terrorista de grupos como ETA y GRAPO no contribuyó precisamente a calmar los ánimos.
Nuestro deber cívico como ciudadanos y ciudadanas es mantener viva la memoria de las personas que lucharon por la consecución de la democracia en nuestro país
En este contexto se suceden durante la semana del 23 al 29 de enero una serie de hechos violentos que han llevado a denominarla “semana negra” de la Transición. El 23 de enero, en una manifestación en demanda de la Amnistía convocada en la Plaza de España, un estudiante de 19 años, Arturo Ruiz García, fue asesinado por unos matones de extrema derecha, en la esquina de la calle Estrella con la calle Silva, a pocos metros de Callao. Sus asesinos fueron identificados, pero uno de ellos logró huir del país y de la Justicia. El otro fue condenado a seis años de cárcel por delitos de terrorismo y tenencia ilícita de armas. Sin embargo, solo cumplió uno de ellos, siendo puesto en libertad condicional en febrero de 1979, debido a la derogación de los artículos 260 y 261 del Código Penal sobre terrorismo. La familia siempre ha denunciado que no hubo mucho interés por parte de las autoridades en resolver este caso.
Al día siguiente, 24 de enero, el GRAPO secuestraba al teniente general Emilio Villaescusa. Junto a otro secuestrado, Antonio Oriol, serían liberados por la policía el 11 de febrero.
El lunes 24 en la Universidad se decreta un paro total en repulsa del asesinato de Arturo Ruiz y, en el transcurso de una de las manifestaciones de denuncia, muere otra estudiante, Mari Luz Nájera, alcanzada en la cabeza por un bote de humo lanzado por la policía. Su crimen aún sigue impune.
Esa misma noche, un comando de extrema derecha entró en el despacho laboralista de CCOO del número 55 de la calle de Atocha y comenzó a disparar. Asesinaron a cuatro abogados y un administrativo del despacho: Enrique Valdevira, Javier Sauquillo, Luis Javier Benavides, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez. Otros cuatro quedaron gravemente heridos: Miguel Saravia, Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos y Lola González. Estos eran abogados del PCE que llevaban los asuntos de los movimientos vecinales, que estaban reunidos allí, como se reunían otros sectores de CCOO.
De hecho, los asesinos buscaban una reunión de CCOO de Transportes que dirigía una huelga del sector en Madrid, y al no encontrarlos dispararon contra los que allí se encontraban. En el caso del proceso de los asesinos de Atocha, también de extrema derecha, la instrucción fue llevada a cabo por un antiguo juez del TOP, que fue relevado por su nefasta actuación. De hecho, los hilos que unían a los ultraderechistas con las cloacas del estado franquista quedaron cortados.
Una democracia que costó mucho sufrimiento y la vida de las personas a las que hemos querido recordar en estas líneas
En esos momentos podría haber pasado cualquier cosa, pero tanto el PCE como CCOO hicieron un ejercicio de contención cívica y de movilización pacífica y silenciosa que logró que el entierro de los cinco asesinados se convirtiera en una multitudinaria manifestación a favor de la democracia. Esta demostración de influencia política y control social fue esencial para convencer al Gobierno de UCD de que los comunistas no iban a poner en riesgo el proceso iniciado en la Transición, que de hecho, serían uno de sus mayores apoyos, pero que esta Transición debía avanzar en materia democrática. De esta manera, en abril se legalizaba al PCE y poco después a CCOO.
En días posteriores se produjeron más actos violentos, como los atentados del GRAPO del día 28 y al día siguiente el enfrentamiento de elementos ultras del Ejercito con miembros del Gobierno en los funerales de los agentes asesinados. No obstante, a partir de esos momentos la crispación en las calles fue reduciéndose. El 15 de octubre se aprobaba la Ley de Amnistía, en sus vertientes política y laboral, lo que significaba la aceptación de la principal exigencia de la oposición antifranquista. También implicaría que no se llevaran ante la Justicia a los torturadores, represores y victimarios franquistas.
Ahora bien, como hemos visto, aquellos fueron momentos convulsos donde la ciudadanía tuvo un gran protagonismo en el camino hacia la democracia que hoy vivimos. Una democracia que costó mucho sufrimiento y la vida de las personas a las que hemos querido recordar en estas líneas.
Mayka Muñoz Ruiz | Fundación 1º de Mayo
