Hace más de un año que la ley de Memoria Democrática entró en vigor, esta desde el primer momento fue una ley polémica por los ataques recibidos por parte de una derecha y ultraderecha que más de 40 años después se niegan a aceptar que la memoria es democracia.
Las elecciones del 28 de mayo fueron otro ejemplo más de que cuando llegan al poder, cualquier espacio u institución de memoria se abandona o directamente se destruye, como fueron el caso de la eliminación de la plaza Marcelino Camacho en un pueblo de Madrid (finalmente no lo cambiaron por presiones de CCOO) o los ataques a placas o monumentos a políticos y activistas socialistas.
A mí me da la sensación de que esta ley ha suscitado más problemas a los poderes mediáticos y a los sectores más ultras que a la ciudadanía de a pie, que en algunos casos no conoce el texto en profundidad y en otros simplemente no está dentro de sus prioridades, aunque para los que trabajamos en cuestiones de memoria, es fundamental, principalmente capacidad de la ley para incidir en la cultura y en el ámbito educativo.
También tengo la sensación de que el gobierno, como de costumbre, no ha explicado bien el papel y los cambios que introduce la nueva ley, así como las diferencias con la ley de Memoria Histórica promovida por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
El ánimo de este artículo es el de explicar brevemente algunos de estos cambios para promover su divulgación entre la ciudadanía, ya que creo que individualmente tenemos la obligación moral de explicarla para que la sociedad entienda que es positiva para España.
En sus primeras páginas el texto establece la condena al régimen franquista, así como la anulación de todas las condenas, juicios y derecho emanado del mismo en términos represivos.
La víctima está en centro de la ley, ampliando los colectivos a los que afecta, pues se considera victimas a las personas que sufrieron represión de la dictadura durante la guerra y el régimen posterior, al igual que las personas que fueron enviadas a campos de concentración o exterminio tanto dentro como fuera de España.
El reconocimiento de las personas LGBTI, las mujeres y los componentes de la guerrilla antifranquista como víctimas es realmente interesante, porque pone el foco en quienes habían sido olvidados por doble, siendo, por ejemplo, desconocida para la ciudadanía la existencia de campos de concentración para homosexuales en España tras la guerra, o el papel de las mujeres en la guerrilla antifranquista, que nunca se habría podido articular si no llega a ser por mujeres anónimas que actuaban como enlaces y sustentaron al movimiento guerrillero hasta finales de la década de 1940.
El establecimiento de instituciones como un banco de ADN, un registro y censo de víctimas o un inventario de lugares de memoria son fundamentales para ayudar a los familiares y reconocer la memoria de tantas personas que hoy día siguen desaparecidas. Esto por supuesto se apoya en la necesidad de que quien hace el trabajo, las asociaciones memorialistas, se sitúe en el centro para guiar tareas tan importantes como la resignificación de lugares o la exhumación de fosas comunes.
En cuanto a la justicia, el establecimiento de un fiscal de sala es fundamental para la agilización de los procesos abiertos, que no son pocos, aunque de esto todavía queda mucho que hacer.
Finalmente, la condena y la creación de un protocolo contra todos aquellos símbolos, asociaciones o fundaciones que atentan contra la democracia, es decir, que exaltan el franquismo, suponen un avance y una profundización respecto a la ley del 2007. El ejemplo más claro de esto es el proceso de extinción en el que está la Fundación Francisco Franco, cuya desaparición es más que probable en este 2024.
Lo cierto es que esta ley, en mi opinión, es una buena base para trabajar, al menos en el corto-medio plazo, principalmente por el presupuesto que pretende darle el gobierno, también por la voluntad que han demostrado en devolver la dignidad a las víctimas del franquismo.
No pensemos que este texto es definitivo, es solo un paso más hacia el objetivo final. El gobierno y las instituciones surgidas de la ley deben estar vigilantes, sobre todo de los ataques de quienes entienden que la devolución de la dignidad de las víctimas como una agresión a ellos mismos.
Queda mucho camino, que como dice el poema de Antonio Machado, se hace al andar.
