El Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de abril una normativa para regular el mercado de las criptomonedas con el objetivo de dar seguridad jurídica a un mercado financiero que ha tenido un gran desarrollo en los últimos años desde el lanzamiento del Bitcoin en 2009.
En la asignatura de macroeconomía de las facultades de económicas españolas se enseñaba hace no muchos años que a la hora de valorar un mercado financiero, entre otras características debía estudiarse su profundidad y su amplitud.
La profundidad de mercado (market depth) mide la cantidad de vendedores y compradores para un mismo valor. Es decir, oferta y demanda. Pueden optar por el valor por encima o por debajo del precio de mercado.
La amplitud indica el volumen de activos que en él se negocian y el número de inversores que acuden a él. A mayor volumen de activos mayor es la amplitud de ese mercado.
En unos mercados muy regulados en los años 60 y 70 destacaba fundamentalmente la Bolsa de la City Londinense como el mercado más amplio y profundo del mundo.
La tesis reflejada en el libro blanco del Bitcoin, es que un sistema monetario controlado por bancos centrales y un reducido número de instituciones financieras ha provocado una elevada centralización de la riqueza y del poder económico. Al dificultarse la movilidad financiera los ahorros de los pequeños propietarios son golpeados por la inflación causada principalmente por la expansión monetaria y la impresión indiscriminada de dinero por los bancos centrales.
Estas ideas han dado lugar a la creación de un elevado número de criptomonedas (la cifra está en el entorno de las 1600), si bien no más de 15 o 20 han tenido una implantación y desarrollo significativo.
El número de inversores en este mercado y el volumen de las transacciones han ido creciendo de forma importante en los últimos años con algunos altibajos consecuencia fundamentalmente de la mala gestión y los fallos de seguridad y control en algunos operadores e intermediarios del sector. En el año 2022 se produjeron inversiones récord si bien 2023 el panorama es distinto con fuertes caídas de nuevas aportaciones. En España según datos facilitados por el Ministerio de Hacienda hay 8 millones de personas que invierten en criptomonedas.
En la actualidad se está a la espera del desarrollo de las normativas europeas para algunas de las cuales hay un margen de 12 a 18 meses, por lo que los efectos definitivos no se podrán conocer con exactitud hasta principios de 2025.
La elevada fluctuación del valor de estos activos es un hecho constatado en los últimos años. La principal moneda, el Bitcoin se encuentra en la actualidad en el entorno de los 30.000 dólares, cifra similar a la que tenía en Diciembre de 2020. En Noviembre de 2021 alcanzó los 65.000 $, descendiendo a los 16.000 en diciembre de 2022, fecha desde la que ha tenido una importante recuperación.
Según los datos de la firma de analistas PitchBook en el primer trimestre de 2023 las empresas cripto han incorporado un total de 2600 millones de dólares lo que supone un 11% menos que el último trimestre de 2022.
El consenso de analistas coincide que para conseguir una generalización de las criptomonedas es necesario que se establezcan regulaciones y directrices que den confianza al gran público para invertir. Se espera que el paso dado por el parlamento europeo tenga continuidad en otras partes del mundo, fundamentalmente los Estados Unidos.
El proceso de toma de conciencia de la necesidad de esta regulación en los ámbitos económicos europeos empezó con el boom del Bitcoin en el año 2017 y se crearon las primeras comisiones para la elaboración de los documentos que han culminado en la reciente aprobación. Uno de los problemas que se han encontrado los legisladores es sobre el propio concepto de criptomoneda. El nuevo Reglamento lo define de la siguiente manera:
“Una representación digital de valor o derechos que puede transferirse y almacenarse electrónicamente, mediante la tecnología de registro descentralizado o una tecnología similar”
Se diferencia entre criptomonedas, stablecoins o tokens. Se definen actividades como la “custodia y administración, operación de una plataforma de negociación o intercambio, ejecución, asesoramiento y concertación”
El objetivo de la legislación es restaurar la confianza que ha sido dañada por escándalos como el caso FTX, que explotó después de desarrollar prácticas no permitidas y evidente corrupción. Caso de detectar riesgos la Autoridad Bancaria Europea y la Autoridad Europea de Valores y Mercados podrán intervenir. Establece asimismo un registro comunitario que evita solicitar permiso en cada país.
Europa ha dado el primer paso en el control de las criptomonedas pero, según coinciden numerosos analistas podría haber sido considerablemente más estricta.
