@jgonzalezok | El presunto asesinato de una mujer en Chaco, que salpica a una de las provincias feudales de la Argentina, vuelve a poner el foco una vez más en la existencia de señoríos en los que un sistema político caudillista, basado en el clientelismo, pone en duda la existencia de una democracia plena, de calidad. Son provincias donde no rige la ley, sino la arbitrariedad, y la impunidad. El caso ocupa desde hace días a todos los medios y salpica indirectamente al gobernador de la provincia, Jorge Capitanich, porque los principales sospechosos del feminicidio son aliados políticos.
La víctima, Cecilia Strzyzowski, estaba casada con César Sena cuyos padres son ex dirigentes piqueteros. Eran ambos candidatos en las elecciones provinciales en la lista oficialista. El gobernador Capitanich, que fue jefe de Gabinete en el gobierno de Cristina Kirchner, fue el padrino de bodas de Emerenciano Sena y su Mujer, Marcela Acuña, detenidos y principales sospechosos, aunque ahora se despega de la pareja.
Se trata de un caso policial, no político, pero con la particularidad de que los presuntos asesinos eran candidatos y llevaban años formando parte de la dirigencia que maneja la provincia. El clan Sena tiene una organización social que dispone de cifras millonarias entregadas por el Estado, que terceriza la acción social. Y edificaron un esquema de poder político y económico dentro de la provincia que contó con la complicidad de las autoridades.
Los presuntos asesinos eran candidatos y llevaban años formando parte de la dirigencia que maneja la provincia
El presunto asesinato de Cecilia Strzyzowski -aún no apareció el cuerpo, pero no hay ninguna duda de que la mataron- tuvo ya consecuencias políticas. Este pasado domingo (18), en las elecciones primarias para la gobernación, el candidato oficialista y actual gobernador Jorge Capitanich fue castigado con una votación que desmintió su favoritismo en las encuestas. Aspirando a un cuarto mandato, sacó el 36,8 % de los votos frente al 42,6 % del opositor Juntos por el Cambio.
El asesinato en Chaco recuerda otros casos resonantes en la política argentina, involucrando a poderosos caudillos provinciales que contaban con impunidad. Fue el caso, por ejemplo, de la adolescente María Soledad Morales, asesinada en la provincia de Catamarca en 1990 a manos de hijos del poder. Fue drogada y violada por el hijo de un diputado nacional, dos sobrinos del entonces alcalde de la capital provincial, un primo del gobernador y el hijo del jefe de la policía. Las marchas del silencio que empezaron a pedir castigo a los culpables tuvieron repercusión nacional y acabaron con la dinastía de los Saadi, que dominaban la provincia.
Ahora, el grito en el Chaco es: “¿Dónde está Cecilia?”. Y puede convertirse en una ola incontrolable para el poder, que ha reaccionado sin ninguna empatía por la víctima, tanto a nivel provincial como nacional. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, justificó que no fue a Chaco porque su dependencia no tiene “área de género”. Pero viajó a la provincia de Jujuy, gobernada por la oposición, donde hay protestas contra la reforma de la Constitución provincial, con el argumento de que se está reprimiendo a los manifestantes.
Contrasta también la reacción oficial con el caso de Santiago Maldonado, un joven que participaba en una protesta en la Patagonia durante el gobierno de Macri, que estuvo desaparecido durante 77 días en 2017 y que fue encontrado ahogado sin signos de violencia. Pero el caso movilizó al peronismo -entonces en la oposición- y hasta el día de hoy achacan al gobierno de entonces por lo que califican de desaparición forzada.
Puede convertirse en una ola incontrolable para el poder, que ha reaccionado sin ninguna empatía por la víctima
Casos similares al de Chaco se produjeron en otras provincias, todas con las características de ser muy pobres y estar gobernadas por señores feudales peronistas que se perpetúan en el poder. El politólogo Andrés Malamud cree que, técnicamente, no se puede hablar de feudalismo, que es un modelo de producción, sino de clientelismo. Otros, como Loris Zanatta, asumen el carácter feudal de estas provincias.
En 1983, cuando Argentina recupera la democracia, no existía en ninguna provincia la reelección. Hoy es posible en todas, excepto en Santa Fe y Mendoza, y en algunas la reelección no tiene límites. Esto hace posible que existan gobernadores con más de tres décadas de mandato. Es el caso de Gildo Insfrán, que lleva 28 años al frente de Formosa, pero que sumando los 8 que estuvo como vicegobernador alcanza la cifra de 36 años; los dos hermanos Rodríguez Saá estuvieron 24 años gobernando San Luis; la dinastía Kirchner -ahora con Alicia, la hermana de Néstor-, van por los 20 años gobernando la provincia patagónica de Santa Cruz. Y cuando la ley no permite la reelección se acude a la familia o a delfines que aseguren la continuidad.
Provincias como las mencionadas, además de otras como La Rioja, San Juan o Santiago del Estero, tienen características comunes que permiten estos liderazgos con vocación eterna. Hay una fuerte dependencia del empleo público, siendo el gobierno provincial el principal empleador. Hay una división de poderes difusa, en el mejor de los casos, siendo lo más habitual que los jueces y los integrantes de las Cortes Supremas provinciales carezcan absolutamente de independencia. No existen medios independientes, porque dependen de la publicidad oficial para subsistir. Y hay una masiva política clientelar a la hora del reparto de los planes y ayudas sociales.
Hay provincias donde el oficialismo nunca perdió, cosa que es inédita en una democracia, sobre todo cuando la pobreza alcanza a la mayoría de la población
Todo esto configura lo que se conoce como cancha inclinada, que hace casi imposible que los oficialismos pierdan elecciones, una vez que llegan al poder. Hay provincias donde el oficialismo nunca perdió, cosa que es inédita en una democracia, sobre todo cuando la pobreza alcanza a la mayoría de la población. “Los votan porque reparten”, sostiene el politólogo Andrés Malamud, haciendo referencia a las políticas clientelares, que van desde el ofrecimiento de un empleo público a la entrega de unas bolsas de comida o unas chapas para armar una vivienda precaria. Y hay gobernadores que logran porcentajes de votación tan altos que solo se comparan a los de Bulgaria en la época soviética.
Estas provincias dependen para su subsistencia de lo que se llama coparticipación federal, es decir, de los recursos que redistribuye el Estado central de acuerdo a unos porcentajes fijados. Recaudan muy pocos impuestos propios, pero reciben dinero del Estado central, incluyendo las transferencias discrecionales del gobierno central. Esto alimenta a estos caudillos que, a cambio, ofrecen el apoyo de sus senadores, consiguiendo que el peronismo sea mayoría en dicha cámara desde hace décadas. La importancia de tener mayoría en el Senado viene dada por la posibilidad de controlar la agenda parlamentaria pero, también, porque es ahí donde se deciden los nombres de los jueces.
El caso de Chaco, con la derrota del gobernador Capitanich, puede tener una repercusión mayor, en la elección presidencial del 22 de octubre. El peronismo está sumamente dividido y golpeado por el fracaso del gobierno de Alberto Fernández y corre el riesgo de ni siquiera disputar la segunda vuelta, prevista para el 19 de noviembre.
