Javier M. González | @jgonzalezok |
Gabriela Máximo | @gab2301 |
Las tribunas del Estadio Nacional de Santiago estaban llenas cuando Patricio Aylwin, el primer presidente de Chile después de recuperada la democracia, inició su discurso inaugural a la nación. Después de 17 años de dictadura, la emoción y las esperanzas eran enormes en aquél fin de tarde del 12 de marzo de 1990. Aylwin -un experimentado líder demócrata cristiano- hizo dos promesas a los chilenos: investigar los crímenes cometidos por el régimen militar y redemocratizar las instituciones. Sabía que las expectativas sobre su mandato eran altísimas y ya en su primer discurso procuró adecuarlas a la realidad: “Tenemos que ser conscientes. Habrá dificultades causadas por los obstáculos y las amarras que el anterior régimen nos deja en el camino. Nadie ignora que el pasado gobierno pretendió eternizarse en el poder”. El primer gobierno electo desde 1970 sabía que una serie de leyes dejadas por la dictadura garantizaba que la nueva democracia todavía sería por muchos años tutelada por los militares.
El fin del régimen militar se decidió en el plebiscito de 1988, convocado por la propia dictadura del general Augusto Pinochet. La consulta popular estaba prevista en la Constitución de 1980, que establecía un cronograma de cambios. En octubre de 1988, los chilenos fueron a las urnas para escoger entre las opciones “Sí”, que extendería el régimen por otros ocho años, o “No”, que obligaría a convocar elecciones generales el año siguiente. Con la máquina de la dictadura a su favor, Pinochet estaba convencido de que el plebiscito garantizaría una sobrevida a su gobierno, y además, le daría un conveniente barniz de legitimidad popular. Pero sus cálculos fallaron: la mayoría de los electores venció el miedo y dijo “No” a los militares, por un 55,9 %, contra un 40 % de los votos. Dos años después, el general entregaría el poder a Aylwin, pero no abandonaría la escena.
El fin del régimen militar se decidió en el plebiscito de 1988, convocado por la propia dictadura del general Augusto Pinochet
Además de dejar las llamadas “Leyes de Amarre”, Pinochet garantizó su permanencia como comandante en jefe del Ejército por otros ocho años. Es decir, dos presidentes consecutivos -Aylwin y su sucesor, Eduardo Frei- tuvieron que convivir con el ex dictador al comando de la institución. Pinochet salía de la presidencia, pero no del comando de tropas, lo que le daba una posición de gran influencia. Y no solo él. Por la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, dictada cuando la dictadura apagaba las luces, todos los comandantes militares eran inamovibles por otros ocho años. Y les correspondía a ellos cualquier decisión sobre promoción o paso a la reserva de los oficiales.
De esta manera, los cuatro años de mandato de Aylwin estuvieron marcados por la tensión con los militares, sobre todo con el Ejército. En la reparación a las víctimas de la represión, el gobierno tuvo que moverse dentro de los límites establecidos por la dictadura. Uno de ellos fue la Ley de Amnistía de 1978, decretada por la Junta Militar cinco años después del golpe. La ley concedió amnistía a todas las personas implicadas en actos delictivos en calidad de autores, cómplices o encubridores, cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. La mayor parte de las violaciones a los derechos humanos fue cometida durante el período abarcado por la ley, cuando el país se mantuvo bajo Estado de Sitio.
“[Pinochet] estaba convencido de que íbamos a fracasar y que en cuatro años volvería con gloria y majestad”, dijo Aylwin años más tarde en el documental Patricio Aylwin Azocar, el presidente de la transición, exhibido en la televisión oficial. A pesar de las dificultades y algunos sustos, la democracia se consolidó. Según Alejandro Foxley, que fuera ministra de Hacienda en ese gobierno, gracias a “la sabiduría y firmeza” del presidente.
Patricio Aylwin prometió “verdad y justicia en la medida de lo posible”. Su principal contribución fue establecer la “Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”, mejor conocida como “Comisión Rettig”, que estableció un primer balance. En el 2003, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, se formó la “Comisión Valech”, sobre prisión política y tortura, completando el panorama sobre la violación a los derechos humanos durante la dictadura. Se llegó a establecer que el número de muertos y desaparecidos fue de 3.216, a lo que se deben sumar los miles de torturados y los 200.000 exiliados.
En la reparación a las víctimas de la represión, el gobierno tuvo que moverse dentro de los límites establecidos por la dictadura. Uno de ellos fue la Ley de Amnistía de 1978
Desde el primer momento, Aylwin precisó estar preparado para no caer en las trampas de los militares en momentos críticos. Una de ellas fue el sistema de escuchas en varios puntos del Palacio de La Moneda, incluso en el despacho presidencial. Después de algunas barreduras sin resultado, los equipos fueron descubiertos por un equipo español especializado.
Otro episodio donde el gobierno tuvo que aguzar el ingenio para ganarle la partida a Pinochet tiene que ver con la puesta en marcha de la “Comisión de Verdad y Reconciliación”, a poco de comenzar el gobierno. Se montó toda la estructura del órgano, se elegió su presidente -el abogado Raúl Rettig, entonces con 81 años- y solo se informó a los jefes militares la víspera de su implantación, para que no intentasen impedirla. Fue una operación digna de película, como describe el periodista chileno Ascanio Cavallo en su libro La historia oculta de la transición.
El día 24 de agril de 1990, el ministro de Defensa, Patricio Rojas, convocó a los comandantes para informarles sobre la comisión. Pinochet comunica que está de vacaciones y envía a su segundo. Pero cuando es informado del asunto, cancela su descanso en la hacienda costera de Bucalemu, convoca una reunión del algo mando y pide una audiencia en el mismo día con el presidente.
“Pero en La Moneda el equipo político ya ha previsto esa reacción”, cuenta Cavallo en su libro. “Si el general se presenta a plantear sus reparos antes de que la comisión se instaure, se puede crear un problema institucional; peor aún, existe la posibilidad de que el general exija una dilación y lleve el asunto hacia un terreno que le resulte favorable”.
A Pinochet se le ofrece una reunión con el ministro de Defensa el día siguiente, 25. La rechaza e insiste en hablar con el presidente. Es informado que Aylwin lo recibiría, pero solo tenía hueco en su agenda de allí a una semana. Con esta maniobra se lograba dar esquinazo a Pinochet, ya que la Comisión era formalmente creada y al día siguiente se reunía por primera vez para disgusto del general.
Aylwin tenía las manos atadas, no solo por el Ejército de Pinochet, sino también por un Congreso con herencias autoritarias
En septiembre del mismo año, la primera parada militar de la democracia sirvió de escenario para un desafío simbólico a la autoridad del presidente. En el Desfile por las Glorias del Ejército, Aylwin fue recibido con rechiflas. El general Matthei -jefe de la Fuerza Aérea- se muestro contrariado y dice no compartir el comportamiento del público. Pero lo peor llegaría a la hora en que el jefe de la guarnición militar, el antiguo integrante de la DINA brigadier general Carlos Parera, debía pedir permiso al presidente para iniciar el desfile: se cuadro, movió los labios, pero sin emitir sonido. El gesto le costará caro. El gobierno vetó su ascenso a mayor general, lo envió de agregado militar a Sudáfrica y luego de un año es pasado a retiro.
La situación provocó incomodidad, y dos meses después otro episodio tendría una gravedad real. Los chilenos estaban a cuatro días de celebrar su primera Navidad libre de la dictadura, cuando militares con uniforme de combate tomaron posiciones en las cercanías del Palacio de La Moneda, con la clara intención de atemorizar al gobierno democrático. El motivo fue una decisión de la Justicia de investigar un presunto caso de corrupción de uno de los hijos del ex dictador. En mayo de 1993 se produjo el “boinazo”, otro movimiento con despliegue de tropas por nuevas decisiones de la justicia sobre Pinochet hijo.
Durante todo su mandato, Aylwin sufrió presiones para llevar a la Justicia a los responsables de los crímenes de la dictadura contra los derechos humanos. Pero tenía las manos atadas, no solo por el Ejército de Pinochet, sino también por un Congreso con herencias autoritarias, como la presencia de senadores designados y vitalicios y un sistema electoral que favoreció a los aliados de la dictadura.
La Concertación de Partidos por la Democracia gobernó Chile por cuatro gobiernos consecutivos: PatricioAylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet
Aylwin fue electo al frente de una coalición -la Concertación de Partidos por la Democracia-, formada por un amplio espectro político de centro e izquierda: Partido Demócrata Cristiano, Partido Socialista, Partido por la Democracia y Partido Radical Socialdemócrata. La Concertación nació en 1988 como un gran bloque de oposición al plebiscito en que la dictadura fue derrotada. Era la primera vez que socialistas y demócrata cristianos se unían desde la elección de Salvador Allende en 1970. En aquella ocasión, el PDC dio su voto en el Congreso para que Allende fuese proclamado presidente, pero hizo una dura oposición al gobierno de la Unidad Popular y en un primer momento apoyó el golpe militar del 73.
Después de 1990, la Concertación gobernó Chile por cuatro gobiernos consecutivos: Aylwin (demócrata cristiano), Eduardo Frei (demócrata cristiano), Ricardo Lagos (socialista) y Michelle Bachelet (socialista). El ciclo solo se quebró en 2010 con la elección del conservador Sebastián Piñera. Y Bachelet volvió a la presidencia, incorporando por primera vez al Partido Comunista.
En el campo económico, el primer gobierno democrático post Pinochet fue considerado un éxito, logrando la meta de lograr un crecimiento con equidad. Cuando asumió Aylwin, en Chile había 5,5 millones de personas viviendo en la pobreza; cuatro años más tarde, alrededor de 1,5 millones habían pasado de pobres a clase media, del 40% al 28%. La economía creció a un promedio anual del 7,3%, con un pico del 12,3% en 1992. Aylwin recibió el país con una inflación anual del 27,3 % y consiguió reducirla al 8,9 % al fin de su mandato. El PIB por persona pasó de 2.492,7 dólares en 1990 a 4.017,9 al final de 1994. Con empresarios y trabajadores, el gobierno logró acuerdos para acordar los lineamientos de la política de ingresos. Se impulsó una reforma fiscal, una reforma en el mercado de capitales y la economía chilena se abrió aún más al mundo.
Con la salida del general Pinochet de la jefatura del Ejército en 1998, la democracia chileno consiguió avanzar. Después de 15 años, en 2005, bajo la presidencia del socialista Ricardo Lagos, fueron aprobadas 58 reformas a la Constitución de 1980 promulgada por la dictadura. Entre los cambios estaba la reducción del poder de las FF.AA., que pasaron a estar bajo la autoridad del presidente de la República. Los senadores designados y vitalicios, otra herencia de la dictadura, dejaron de existir. Y se le otorgó al presidente la facultad de ser el único que puede convocar al Consejo de Seguridad Nacional. Cuando el texto salió en el Diario Oficial, el presidente Lagos aseguró: “Tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde el espíritu de Chile, del alma permanente de Chile”.
Javier M. González | Corresponsal de RNE en América Latina y en Alemania. Cubrió información de Chile desde la transición hasta la muerte de Pinochet.
Gabriela Máximo | Periodista brasileña de política Internacional. Cubrió diversos acontecimientos en América Latina y África para Jornal do Brasil y O Globo.
