Javier M. González | @jgonzalezok |
Gabriela Máximo | @gab2301 |
Los chilenos votan este domingo (17) un nuevo proyecto de Constitución, el segundo en el gobierno de Gabriel Boric, en un ambiente de marcada grieta entre la izquierda y la derecha. Si el primer proyecto, rechazado masivamente por el 62% de los electores en el plebiscito de septiembre de 2022, era una Constitución rupturista e identificada claramente con la izquierda, este segundo lleva el sello de la extrema derecha. Establece límites al derecho de huelga, pone en peligro la actual legislación sobre el aborto y establece la rápida expulsión de los extranjeros indocumentados. En el campo social, mantiene el Estado subsidiario, blindando los modelos de salud y jubilación privados establecidos por la dictadura.
Es un texto partisano, “redactado por unos cuantos y para ellos solos”, como dijo la democratacristiana Alejandra Krauss, que integró la comisión de especialistas que redactó un primer anteproyecto. Esta comisión estuvo integrada por representantes de todo el espectro político y presentó un texto moderado. Pero la propuesta de consenso duró poco. Siguiendo las reglas de este segundo proceso constituyente, fue entregada al Consejo Constitucional elegido por los chilenos en mayo, en el cual el Partido Republicano, de derecha radical, sorprendió al obtener una gran mayoría. Los ultraderechistas, que incluso tuvieron poder de veto, hicieron más de 400 enmiendas al anteproyecto y terminaron por presentar un texto ultraconservador.
Según las últimas encuestas, la segunda tentativa de acuerdo sobre un texto que sustituya al actual, promulgado por la dictadura militar de Augusto Pinochet, tiende a fracasar nuevamente. La polarización política en que está enfrascado el país impide cualquier consenso y acabó por provocar una paradoja: la izquierda, que siempre defendió un nuevo texto que sustituya a “la Constitución de los cuatro generales”, ahora hace campaña por el rechazo, lo que significa legitimar el actual texto. Y la extrema derecha, que defendía la Constitución de 1980, se empeña en aprobar el nuevo proyecto.
Para el presidente Boric, cualquier que sea el resultado, tendrá el gusto amargo de la derrota. Al final, fue él quien impulsó el proceso para una nueva Constitución e hizo de la misma una bandera de su gobierno. Ahora está ante la posibilidad de un segundo fracaso. Y en el caso de que se apruebe, tendrá que colocar su firma en una carta extremadamente conservadora. Para ser exactos hay que señalar que, aunque haya sido promulgada por la dictadura y mantenga mucho del espíritu original, la Constitución vigente ya no es exactamente la de Pinochet. Fue modificada 69 veces desde 1989, sobre todo durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos, y del texto de la dictadura solo queda un 20%.
El texto que votarán el domingo los chilenos tiene casi el doble de extensión de la actual Constitución. De aprobarse, sería una de las más extensas del mundo, con 17 capítulos, 216 artículos y 62 disposiciones transitorias. Para Ignacio Walker, ex presidente del Partido Demócrata Cristiano “hay un intento de incluir en la Constitución materias que son propias de ley, de políticas públicas y, en general, de un programa de gobierno; es decir, cuestiones que son completamente ajenas a un texto constitucional”.
“No tiene sentido sustituir una Constitución de derecha por otra Constitución de derecha", afirma Ignacio Walker
Walker, que anunció su voto en contra en un razonado artículo en el portal chileno El Mostrador, también señaló: “No tiene sentido sustituir una Constitución de derecha por otra Constitución de derecha; no tiene sentido reemplazar la Constitución de Jaime Guzmán por la de José Antonio Kast”, haciendo referencia al ideólogo de Pinochet y al actual líder de la ultraderecha José Antonio Kast.
El abogado Andrés Sepúlveda Jiménez escribió en el portal CIPER que el nuevo texto es un proyecto autoritario en lo institucional, libertario en lo económico y conservador en lo moral, como quería Jaime Guzmán. La propuesta, añadió, se aleja de la tradición cultural de las Constituciones de 1833 y 1925 y configura “un entramado normativo que da lugar a un modelo muy concreto de sociedad (…) impidiendo el desarrollo de cualquier otro proyecto político que no sea de derechas”.
Si gana la opción A Favor, se cumpliría el sueño de Guzmán, que antes de la aprobación de la Constitución del 80 expresó a la revista Realidad su ambición de que si llegaban a gobernar los adversarios, su margen de actuación fuera mínimo. Se trataba de impedir que un gobierno de izquierda, cualquiera este fuera, pudiera llevar a cabo un programa de izquierda. El “atado y bien atado” de la dictadura franquista en versión chilena.
Hay una opinión generalizada que Chile desperdició una oportunidad histórica para establecer una Constitución de consenso, que establezca unas reglas de juego aceptada de forma general y donde una mayoría circunstancial no aplasta a las minorías. Se pensó que una nueva Constitución sería una solución para la crisis, pero el resultado es el fracaso.
“No se modifican las bases esenciales del sistema económico, el rol del Estado sigue siendo subsidiario. Es en el campo valórico donde la mayoría de derechas descargó todo el peso de sus creencias consagrando una moral religiosa conservadora e ignorando por completo la diversidad que hoy existe en nuestra sociedad y abriendo las puertas a la discriminación en virtud del derecho constitucional a la objeción de conciencia”, dijo Jorge Schaulsohn, ex presidente de la Cámara de Diputados al diario chileno ExAnte.
Entre los temas más controvertidos se encuentra el del aborto, que no se nombra en el texto de forma directa, pero que lo afecta
Entre los temas más controvertidos se encuentra el del aborto, que no se nombra en el texto de forma directa, pero que lo afecta al asegurar que la Constitución protege la vida “de quien está por nacer”. Para muchos, incluida la ex presidente socialista Michelle Bachelet, esta formulación pone en duda la actual ley, que autoriza el aborto en tres causas: peligro para la vida de la madre, violación, e inviabilidad del feto. La Constitución reconoce además la objeción de conciencia para los médicos y el personal sanitario.
Para entender el trayecto que se ha recorrido hasta ahora hay que ir al estallido social de octubre de 2019 (ver recuadro), durante el segundo gobierno del conservador Sebastián Piñera. Los sucesivos gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia -presidencias de Aylwin, Lagos y Bachelet-, que durante 20 años llevaron a un nivel de progreso desconocido en Chile, acabaron agotándose. Y en la clase media comenzó a crecer la insatisfacción. El escritor Óscar Contardo, autor de Antes de que fuera octubre, sostiene que “la generación que lideró las primeras décadas de la transición logró avances materiales que le cambiaron la cara a la pobreza, pero no consideraron que, a la vez, aparecía una marginalidad nueva, distinta de la miseria anterior a los 90, una marginalidad que se incubaba en las periferias desatendidas por el Estado, en donde la promesa de ascenso no se cumplía, como tampoco se estaba o se está cumpliendo la promesa de lograr mejores ingresos y mejores trabajos gracias a la educación superior”.
Esa misma noche hubo cacerolazos, mientras se conocían imágenes del presidente Sebastián Piñera, de derechas, sonriente, en una pizzería del acomodado barrio de Vitacura. Estaba con su familia, celebrando el cumpleaños de uno de sus nietos. Pero las imágenes de televisión mostraban la gravedad de los sucesos. El edificio corporativo de la empresa de energía eléctrica Enel en llamas, mientras corrían la misma suerte varias instalaciones del Metro. Más tarde se informaría que de sus 136 estaciones, 77 resultaron dañadas, seis de ellas completamente incendiadas y 14 parcialmente incendiadas.
Minutos después de la medianoche se anunció el Estado de emergencia en 37 comunas de la Región Metropolitana, quedando a cargo del orden público el general de Divissión Javier Iturriaga, como jefe de la Defensa Nacional. Poco después empezaron a circular por las calles carros blindados. La jornada se cerraba con 180 detenidos, 57 carabineros heridos, 16 micros quemadas y locales comerciales saqueados.
Gonzalo Blumel, ministro secretario general de la Presidencia, escribirá luego en su libro La vuelta larga, que “Santiago se había transformado literalmente en la ciudad de la furia (…) Los saqueos, barricadas e incendios se multiplicaron por doquier. Una veintena de buses del Transantiago fueron quemados. Dos supermercados Líder fueron saqueados en Santa Rosa con Departamental, mientras que el emblemático local de Telepizza en Plaza Baquedano terminó completamente incendiado. Igual que el Banco de Chile de la Alameda con Ramón Corvalán, el monumento a los Mártires de Carabineros y la facultad de Odontología de la Universidad Mayor, todos ubicados en lugares neurálgicos de la capital. Los bloqueos del tránsito también alcanzaron a las autopistas interurbanas y a las carreteras de acceso a Santiago”.
A partir de ahí Chile estuvo durante un mes en llamas, con protestas que no cesaban. Los chilenos que salieron a las calles pedían más igualdad, un mejor sistema de pensiones, garantía de derechos sociales en salud, educación y vivienda y soluciones para una parte importante de la endeudada clase media. Pero también hubo pequeños grupos de encapuchados usando un grado de violencia desmedida y una represión policial que fue denunciada por violaciones a los derechos humanos. Se presentaron 10.568 denuncias por brutalidad policial y hubo 460 casos de manifestantes con lesiones oculares, de las que dos quedaron ciegos y 35 perdieron la visión de un ojo.
La situación obligó al gobierno a desistir de albergar dos importantes reuniones internacionales: la de la APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico), y la COP25 (Conferencia de la ONU sobre cambio climático).
El 15 de noviembre, once partidos políticos firmaron el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, una salida institucional a la grave crisis que se había desatado casi un mes antes. El principal acuerdo fue someter a plebiscito la propuesta de elaborar una nuevas Constitución.
El sociólogo de la Universidad de Chile, Manuel Canales, afirmó que “Octubre es la rebelión de los defraudados”. Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, achacó la crisis a un conjunto de factores, como la modernización y las expectativas insatisfechas, las percepciones de desigualdad y la irrupción de una juventud anómica. “Hubo quienes pensaron que esos hechos eran una suerte de epifanía que auguraba el fin definitivo de la modernización capitalista y sus instituciones”, añadió.
El teólogo Álvaro Ramis Olivos escribió recientemente en El Mostrador: “Es evidente que las causas de octubre siguen abiertas. No se ha logrado relegitimar el Estado de derecho establecido por la Constitución, la debilidad de sus instituciones y la falta de efectividad de sus procedimientos. La frágil calma que se vive en el Chile actual ha sido fruto de un enorme esfuerzo que debe mucho a la acción conjunta de fuerzas sociales, políticas e institucionales muy diversas”.
Javier M. González | Corresponsal de RNE en América Latina y en Alemania. Cubrió información de Chile desde la transición hasta la muerte de Pinochet.
Gabriela Máximo | Periodista brasileña de política Internacional. Cubrió diversos acontecimientos en América Latina y África para Jornal do Brasil y O Globo.
