Javier M. González | @jgonzalezok |
Gabriela Máximo | @gab2301 |
A las 9.00 de la mañana del día 11 de septiembre de 1973, cuando quedó claro que había un golpe de estado en curso, el presidente de Chile, Salvador Allende, le dijo a Carlos Jorquera, su jefe de Prensa, que lo acompañaba en el palacio de La Moneda: “El pobre Pinochet a esta hora debe estar preso”. Allende había llegado a la sede del gobierno a las 7.30 después de ser informado de la sublevación de la Armada en Valparaíso. Todavía creía que era posible controlar la situación. La tensión en el país estaba elevada al límite, pero dos días antes Allende se había encontrado con el comandante en jefe del Ejército y estaba seguro de su lealdad. Desde su despacho, en La Moneda, intentó ubicarlo por teléfono. Sin éxito.
Allende no lo imaginaba: en aquel momento, el general Augusto Pinochet estaba en la central de Telecomunicaciones de Peñalolén -una comuna al suroriente de la capital-, donde, en pocos minutos, daría la orden para el ataque terrestre al palacio. Cuando Joan Garcés, su asesor español, le informó que Pinochet formaba parte del complot, el presidente reaccionó amargado: “Tres traidores, tres traidores…”. Dos horas después, tras un bombardeo aéreo, el edificio en la zona central de Santiago estaría en llamas y Allende muerto en el salón principal junto al arma con la cual se suicidó.
Allende y sus aliados en la Unidad Popular sabían que había intrigas golpistas, pero siempre pensaron que cualquier intento de golpe se encontraría con la oposición de sectores militares leales. Allende contaba con el profesionalismo de los militares, lo que se conocía como “doctrina Schneider”. Se confiaba especialmente en el cuerpo de Carabineros. Eso explica la decepción de Allende con el jefe de la institución policial militarizada, el general César Mendoza, al que se refirió en uno de sus últimos mensajes radiales al país en la mañana del 11: “General rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno”.
Allende había dejado claro que iba a morir defendiendo su gobierno hasta las últimas consecuencias. “Y no es porque tenga pasta de apóstol, sino porque le tengo respeto y no me imagino saliendo a empujones de mi despacho, ni convertido en un exiliado que golpea puertas extranjeras”, según se recoge en el libro Golpe: 11 de septiembre de 1973, de Ascanio Cavallo y Margarita Serrano.
Era el fin del sueño de una sociedad socialista y democrática, gestado con la llegada de la Unidad Popular al poder en 1970. Durante 1001 días, la vía chilena al socialismo pretendió atravesar un camino institucional y revolucionario hacia el nuevo régimen, una experiencia inédita hasta entonces en el mundo. Allende sufrió presiones internas en su propria coalición, la Unidad Popular, donde había sectores que defendían la radicalización. Pero nunca abandonó la vía democrática e hizo varios intentos de mantener el dialogo con la Democracia Cristiana, de centroderecha.
El golpe cívico-militar de 11 de septiembre de 1973 fue la culminación de un movimiento sedicioso iniciado antes de la toma de posesión de Allende y que tuvo actuación directa del gobierno de los Estados Unidos -primero para intentar impedir la llegada de un presidente socialista al poder, después para desestabilizar su gobierno y por fin para derribarlo-, como lo demostraron los archivos de la CIA desclasificados en 1999. En plena guerra fría, los EEUU no admitían una nueva Cuba en el continente. Después de la caída de Allende, el gobierno norteamericano dio fuerte respaldo al régimen militar que se instaló por casi 17 años y que sería marcado por una brutal violación de los derechos humanos.
El golpe comenzó a las seis de la mañana, cuando la Armada ocupó las calles de Valparaíso. Advertido del movimiento, Allende se dirigió al palacio de La Moneda acompañado de asesores y de su guardia personal, los GAP (Grupo de Amigos del Presidente). El edificio estaba rodeado de tanques. Desde su despacho, hizo la primera de las cinco alocuciones radiales de aquella mañana.
Informaba sobre el movimiento sedicioso en Valparaíso y llamaba el pueblo a que se mantuviera alerta. “Llamo a todos los trabajadores, que ocupen sus puestos de trabajo, que concurran a sus fábricas, que mantengan la calma y la serenidad. Hasta este momento en Santiago no se ha producido ningún movimiento extraordinario de tropas y, según me ha informado el jefe de la Guarnición, Santiago estaría acuartelado y normal. En todo caso yo estoy aquí, en el palacio de Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo al Gobierno que represento por voluntad del pueblo”, dijo a las 7.55.
“Díganles a sus comandantes en jefe que si quieren mi renuncia me la tienen que venir a pedir aquí, que tengan la valentía de pedírmela personalmente”
A las 8.30 las radios de oposición transmitieron la primera proclama de las Fuerzas Armadas instando a la renuncia de Allende. Diez minutos después, el presidente salió al balcón del palacio y saludó a un grupo de jóvenes. Fue la última vez que se lo vería en público. En un nuevo pronunciamiento reconoce la gravedad del momento: “La situación es crítica, hacemos frente a un golpe de Estado en que participa la mayoría de las Fuerzas Armadas”. A un edecán que le transmite la exigencia de renuncia le responde: “Díganles a sus comandantes en jefe que si quieren mi renuncia me la tienen que venir a pedir aquí, que tengan la valentía de pedírmela personalmente”.
Hernán del Canto, que fuera secretario general del gobierno y ministro del Interior, le pide instrucciones para el Partido Socialista, a lo que Allende responde: “Nunca antes me han pedido mi opinión. ¿Por qué me la piden ahora? Ustedes, que tanto han alardeado, deben saber lo que tienen que hacer”. De esta forma Allende dejaba claro su resentimiento por no haber contado con el apoyo de su partido en momentos clave de la crisis.
A las 9.10 el presidente habló por última vez y se despidió del país con el discurso emocional que quedaría en la Historia: “Seguramente ésta será la última oportunidad en que pueda dirigirme a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las antenas de Radio Magallanes. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción”, empezó el mandatario con la voz serena. Allende comunicó a los chilenos que pagaría con su vida la defensa del país y sus principios. Acusó a los comandantes en jefe de traición y dijo que sus últimas palabras les servirían como castigo moral.
“Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo en el que la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor.” Y concluyó: “¡Viva Chile!, Viva el pueblo, ¡vivan los trabajadores!”.
Poco después los tanques abrieron fuego contra La Moneda. Allende rechazó el ofrecimiento de un avión para dejar el país. Pidió una tregua para que las mujeres dejasen el palacio, entre ellas sus dos hijas, Beatriz y Laura, así como su secretaria y confidente, Miria Contreras, La Payita.
A esas alturas, los que quedaron presentían la muerte. Entre ellos el abogado español Joan Garcés, asesor político y amigo de Allende: “Llamé a una persona amiga y le di la dirección de mis padres en España para que les explicara que estábamos en La Moneda y que íbamos a morir”, contó Garcés en el libro Augusto Pinochet: 503 días atrapado en Londres, de Mónica Pérez y Felipe Gerdtzen.
Por ironía del destino, años más tarde el abogado sería el responsable de la histórica detención de Pinochet en Londres: en 1996, Garcés presentó una querella contra el general en tribunales españoles, que dio origen a la prisión del exdictador en el Reino Unido dos años después.
Garcés dejó el palacio poco antes del mediodía por deseo expreso de Allende, que le señaló que él era extranjero y que tendría después que explicar al mundo lo que había sucedido. “Cuando me despedí de Allende, sentí que me despedía de un gran amigo que va a morir. Pero me fui con la misma serenidad que impartía el presidente”, recordó.
Desde su puesto de mando, Pinochet mantenía comunicación radial con los otros jefes militares. Lo que fue dicho entonces quedó registrado. Al ser informado, temprano, de que el jefe de Estado estaba todavía en el palacio, el general contestó: “Entonces hay que estar listos para actuar sobre él, más vale matar la perra y se acaba la leva [se acaban los problemas]”.
Pinochet, a quien el presidente consideraba leal hasta 48 horas antes, fue implacable ante un supuesto llamado de Allende al diálogo: “Rendición incondicional, ¡nada de parlamentar! ¡Rendición incondicional!”. El diálogo por radio con el almirante Patricio Carvajal, jefe del Estado Mayor Conjunto, adquirió tintes macabros más adelante. “Conforme. O sea, que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país”, quiso confirmar Carvajal. Pinochet: “Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país, pero el avión se cae, viejo, cuando vaya volando.” No pudiendo evitar la risa, Carbajal responde: “Conforme”.
A las 12.05 empezó el bombardeo aéreo a La Moneda. Por 15 minutos, más de 20 bombas dejan a ala norte del edificio em llamas. Desde tierra se lanzan bombas lacrimógenas. A las 14.00 comienzan a entrar los militares al palacio. Poco después salen con el cuerpo de Allende cubierto por una manta boliviana. El país estaba bajo control de los militares. Presidida por Pinochet, la Junta Militar asumió no sólo el poder Ejecutivo, sino también el Judicial y ordenó la disolución del Congreso. Las Fuerzas Armadas se atribuyen “el patriótico compromiso de restaurar la chilenidad (sic), la justicia y la institucionalidad quebrantada”.
Fue decretado estado de sitio y el toque de queda. El estado de sitio se informó, “debe entenderse como estado o tiempo de guerra”. Desde las primeras horas se tienen noticias de ejecuciones y torturas. Se faculta a comandantes y jefes de zonas a realizar consejos de guerra y a aplicar la Ley de Fuga para justificar las ejecuciones. Un bando militar conmina a 92 integrantes del gobierno depuesto y políticos de la UP a entregarse al Ministerio de la Defensa inmediatamente. Las embajadas se llenan de chilenos que piden asilo. Miles de personas son detenidas en todo el país y trasladadas a campos de prisioneros improvisados. El Estadio Nacional y el Estadio Chile se convierten en local de prisión, tortura y ejecución de opositores.
El número de muertos y desaparecidos fue de 3.216. Más de la mitad de ellos se produjeron el año del golpe, aunque la represión feroz siguió hasta el final del régimen
Según la comisión Rettig, creada después de la democracia para investigar los crímenes de la dictadura, y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, establecida en seguida, el número de muertos y desaparecidos fue de 3.216. Más de la mitad de los muertos se produjeron el año del golpe, aunque la represión feroz haya seguido hasta el final del régimen.
En noviembre el decreto de ley No 130 declara nulos los registros electorales y sus archivos son incinerados. Las medidas represivas siguen anunciándose sin pausa y cambian por completo la vida de los chilenos.
Aunque Pinochet asumió prontamente el protagonismo, el golpe no fue liderado por él en el primer momento, sino por el vicealmirante de la Armada, José Toribio Merino, y por el comandante de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh. Cuarenta y ocho horas antes del golpe, ambos tuvieron que convencer a Pinochet a sumarse. Merino era el más ideológico. Profundamente anticomunista, era defensor del ideario del nacional catolicismo y admirador de Franco. Y Leigh quedó en el recuerdo de todos los chilenos por ser quien afirmó en su primer discurso que iban a extirpar el cáncer marxista.
Pinochet se había reunido con Allende el día 9 y apoyado su decisión de convocar un plebiscito en el cual los chilenos decidirían el futuro do país, respaldando o no el proyecto socialista. El presidente confiaba tanto en el comandante del Ejército que compartió con él la fecha en la cual anunciaría el plebiscito al país: el 10 de septiembre.
En su libro Golpe de 11 de septiembre de 1973, Ascanio Cavallo y Margarita Serrano relatan cómo fue este último encuentro: “Al mediodía, acompañado del general Orlando Urbina, [Pinochet] fue a la casa del presidente, que les quería informar su decisión de convocar, esta semana, a un plebiscito para romper el empate político. Los generales se mostraron satisfechos: era lo que había propuesto Urbina un par de semanas antes".
Por la tarde, el comandante en jefe de las Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, y dos jefes de la Armada fueran a casa de Pinochet para garantizar su adhesión al golpe. Los testigos recordarían, según Cavallo y Serrano, las dudas del comandante del Ejército: “Esto [el golpe] podría costarnos la vida”, dijo Pinochet. Al final, el general dio por escrito su aprobación para el golpe y la fecha: día 11 a las 6:00 de la mañana.
Aunque los rumores de golpe eran fuertes, Allende creía que tenía tiempo, porque la flota naval había partido de Valparaíso para participar en unas maniobras navales con los norteamericanos. Pero se trató de un ardid. En un simulacro de distracción, solo fueron algo más allá de la línea del horizonte, para regresar en la madrugada del 11.
Pinochet había sido nombrado comandante en Jefe por Allende 19 días antes del golpe. El 23 de agosto, el general Carlos Prats, último comandante leal a Allende, renunció por presiones de sectores militares golpistas. Al salir, Prats recomendó a Augusto Pinochet como su sucesor por considerarlo leal y constitucionalista.
El ambiente golpista estaba instalado desde el 29 junio, cuando un grupo de militares se rebeló contra el gobierno y sacó tanques a las calles. La intentona, conocida como Tanquetazo, fue rápidamente reprimida, pero la fisura ya estaba expuesta. Allende solicitó al Congreso la declaración de Estado de Sitio. El pedido le fue denegado.
La derecha política entendió la oportunidad y trató de agudizar la crisis entre los militares y el gobierno, como explica el historiador Luis Corvalán Marquéz, en su libro Los Partidos Políticos y el Golpe de 11 de Septiembre: “No por casualidad, en su discurso pasó a ocupar un lugar creciente la temática sobre una eventual formación de grupos paramilitares por parte de la UP y el MIR, los cuales estarían compuestos por una cantidad considerable de extranjeros”.
Los partidos y organizaciones de derecha extremaron sus acciones para desestabilizar el gobierno. El grupo civil ultraderechista Patria y Libertad, con apoyo de militares, desató una oleada de atentados terroristas, como lo admitió posteriormente el jefe del grupo Roberto Thieme. “Fuimos contactados por un sector de una de las ramas de las FF.AA. para contribuir al golpe en términos de cortar vías de transportes, energía y comunicaciones y recibimos de las instituciones castrenses el apoyo logístico para esa misión. (…) efectuamos sabotajes, cortamos puentes y líneas de ferrocarril, bajamos torres de alta tensión.”
En 25 de julio, la Confederación Nacional de los Dueños de Camiones de Chile inició un locaut financiado por dinero americano, como se supo después. Otros gremios patronales se sumaron al paro, hundiendo el país en el caos. La situación quedará fuera del control del gobierno. Allende intentó jugar sus últimas cartas. Primero buscó el dialogo con la democracia cristiana por intermedio de la iglesia católica. En reunión con el entonces presidente de la DC, Patricio Aylwin, y el cardenal Silva Henríquez, el presidente intento tranquilizarlos: “Mientras yo sea presidente de Chile, no habrá dictadura del proletariado”. La segunda y última carta de que disponía Allende era la convocatoria del plebiscito.
Pero en este momento, como en tantos otros, no contó con el apoyo del sector mayoritario de su partido. Los socialistas habían vetado el dialogo con la DC y la idea del plebiscito. El PS y el MAPU -dos de los socios de la Unidad Popular con el Partido Comunista- se radicalizaron. Dos días antes del golpe, el presidente de PS, Carlos Altamirano, hizo un discurso incendiario en el Estadio Nacional en que dejó clara su opción: “Chile se transformará en un nuevo Vietnam heroico (…) La guerra civil se ataca creando un verdadero poder popular”. El discurso enfureció Allende, que repetía hacía meses que la guerra civil debería ser evitada a toda costa. “Esto no tiene remedio”, le dijo al dirigente comunista Luis Corvalán. Según otra versión, habría dicho: “Este loco me está saboteando”.
La revolución ofrecida por Allende era demasiado institucional para los revolucionarios y demasiado revolucionaria para los institucionales
Al día siguiente del golpe, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) emitió una nota de apoyo a la Junta Militar, responsabilizando a la izquierda por el caos en el que el país había caído. El PDC había tenido un papel clave en la elección de 1970, cuando la UP precisó de su apoyo para formar la mayoría necesaria en el Congreso -si no había un vencedor por mayoría absoluta, correspondía al Congreso decidir entre los dos candidatos más votados. Pero enseguida se alejó del proyecto socialista del gobierno.
Decía la nota del PDC: “Los hechos demuestran que las FF.AA. y Carabineros no buscaron el poder. Sus tradiciones institucionales y la historia republicana de nuestro país inspiran confianza en que, apenas hayan cumplido las tareas que han asumido para salvar a nuestra nación chilena de los graves peligros de destrucción y totalitarismo que la amenazaban entregarán el poder al pueblo soberano”. Ante la barbarie instaurada, poco tiempo después tuvieron que reevaluar su posición.
Daniel Mansuy, en su libro Salvador Allende: La izquierda chilena y la UP, resume así el callejón sin salida del gobierno: La revolución ofrecida por Allende era demasiado institucional para los revolucionarios y demasiado revolucionaria para los institucionales”.
Estaban armados, pero no integraban ninguna fuerza policial. A un periodista que le indagó de que se trataba, Allende contestó que era un grupo de amigos personales. A partir de ahí se empezó a hablar del GAP, que seguirían siendo la custodia del presidente hasta el 11 de septiembre de 1973 y que pasaron de ser Amigos Personales a Amigos del Presidente.
Los primeros en incorporarse fueron los conocidos como elenos, integrantes del ELN-B (Ejército de Liberación de Bolivia), sección chilena. Se trataba de jóvenes militantes del Partido Socialista que tenían relación con el grupo que había formado el Che en Bolivia en 1967. Aunque algunos llegaron a luchar en el vecino país, su principal labor fue la de dar un apoyo logístico. Poco antes de las elecciones también se incorporaron militantes del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria).
La entrada de estos últimos se produjo después de una entrevista clandestina entre Allende y Miguel Enríquez, líder del MIR, en la que el candidato se quejó de que las acciones armadas (robos) estaba perjudicando su campaña. Enríquez le dice que no robaban por placer, sino que tenían necesidad de conseguir financiamiento. Allende le ofreció entonces una suma de dinero e integrarlos en su custodia.
El asesinato del general René Schneider, poco antes de la elección de Allende, fue un argumento clave que justificó la existencia del GAP: el presidente socialista de Chile solo podía entregar su seguridad a un grupo formado por gente de su confianza, que le fuera absolutamente leal, y no podía estar en manos de las organizaciones del Estado burgués, en quienes no confiaban.
Taty Allende, que estaba casada con el cubano Luis Fernández de Oña, un agente destinado en la embajada, pidió ayuda al gobierno de la isla, que envío de oficiales del ministerio del Interior y del ministerio de las FFAA, expertos en protección a personalidades. Y entrenó en la isla de varios contingentes del GAP.
Cuando Fidel Castro visitó Chile, los GAP compartieron con la custodia de Fidel la seguridad de la visita, mostrando la confianza absoluta que los cubanos tenían con este grupo de chilenos. Y cuando acabó la visita, les dejó un importante pertrecho del armamento que había traído de la isla, incluyendo lanzacohetes RPG-7, fusiles AKA-47, pistolas y subametralladoras. Se cree que esta donación es uno de los mayores aportes de armas cubanas a la izquierda chilena en el gobierno de la UP. Parte de este arsenal fue al GAP, parte al aparato militar del PS.
El Ejército exoneró al menos a 36 oficiales por negarse a ejecutar prisioneros, como el general Joaquín Lagos, comandante de la Primera División y al mayor Iván Lavanderos, que fue encontrado sospechosamente muerto. El coronel Renato Cantuarias, comandante de la Escuela de Alta Montaña, se habría suicidado, versión que no se sustentó. En la Marina, la oposición al golpe fue mayor. Su jefe, el almirante Raúl Montero, era leal, pero fue detenido y su cargo usurpado por el almirante Merino. Y varios almirantes fueron apartados por los golpistas.
En la Fuerza Aérea, 16 oficiales fueron detenidos tras el golpe, entre ellos el general Alberto Bachelet -padre de la futura presidenta, Michelle Bachelet-, que murió en prisión. También hubo situaciones parecidas en Carabineros. No es posible calcular una cifra exacta de los militares leales, pero el Programa de Reconocimiento de Exoneración Política, ya en democracia, recibió solicitudes de más de 6.000 antiguos integrantes de las FFAA, Carabineros y policía civil. Teniendo en cuenta que en 1973 estos cuerpos tenían unos 80.000 integrantes, se puede establecer que el 7,5% fueron leales a la Constitución.
Javier M. González | Corresponsal de RNE en América Latina y en Alemania. Cubrió información de Chile desde la transición hasta la muerte de Pinochet.
Gabriela Máximo | Periodista brasileña de política Internacional. Cubrió diversos acontecimientos en América Latina y África para Jornal do Brasil y O Globo.
