La infantería de San Salvador de Jujuy, en el noroeste argentino, reprimió ayer con gases lacrimógenos y balas de goma a quienes manifestaban su desacuerdo con la reforma de la Carta Magna local, que el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, aprobó antidemocráticamente durante la pasada madrugada.
Las principales cadenas televisivas modificaron su agenda antes del mediodía, cuando la represión contra los manifestantes llevaba alrededor de una hora y los heridos yacían en las calles aledañas al Palacio de la Legislatura. El avance policial se registró poco después de las 11, a unos 200 metros del parlamento, donde Morales encabezó la sesión de jura de la reforma de la Carta Magna.
Victimizándose para desligarse de su propia responsabilidad en el desastre social que provocó su reforma inconsulta, el gobernador de Jujuy le “echó las culpas” al kirchnerismo por lo sucedido; una excusa que no hace gracia a Cristina, pero tampoco a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dependiente de la OEA.
El verdadero trasfondo de la reforma es el manejo de la industria del litio
No hay maniobra de distracción masiva suficientemente buena para que no se conozca la verdadera intención de esa reforma firmada por antojo, de espaldas al pueblo y en la madrugada anterior a la conmemoración del Día de la Bandera. Ya se sabe que el verdadero trasfondo de la reforma es el manejo de la industria del litio en una provincia en la que Morales, con el visto bueno de los amigos de Cambiemos y el PRO, reina en vez de gobernar.
Las voces más representativas de la derecha argentina y la de sus voceros en los medios hegemónicos hicieron lo suyo. El Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, expresó su apoyo a Morales y destacó “su lucha contra las mafias y su determinación para aplicar la ley en defensa de la provincia”. Entiéndase “mafia” como pueblo jujeño en su conjunto, y “defensa de la provincia” a que en un futuro muy próximo pueda decidirse desde el poder qué hacer con el litio, la tierra y el agua, sin que a nadie se le ocurra protestar.
Y mientras el coro de chupaculistas de la derecha criolla hacía resonar sus argumentos en Twitter, los medios de comunicación del poder económico concentrado se esmeraban en la repetición de un discurso estigmatizante contra los pueblos originarios, una forma de comunicar bien propia del fascismo.
La violencia ejercida contra el pueblo jujeño es una muestra de lo que la derecha argentina está dispuesta a hacer en el plano nacional si llega al gobierno
La lógica de la “culpa es del otro” no cuajó esta vez. A Morales le cerró la boca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Organismo dependiente de la OEA), que repudió la violencia y le solicitó que respete los estándares del uso de la fuerza durante las protestas”. A estas horas aún hay más de treinta detenidos sin identificar; muchos de ellos fueron cargados en vehículos particulares. Y según pasan las horas se incrementa en saldo de heridos.
Las fuerzas de seguridad de la provincia de Jujuy embistieron contra miembros de organizaciones sociales, trabajadores, estudiantes, docentes y pueblos originarios que reclamaban por sus derechos y en contra de la reforma que, entre otros atropellos, criminaliza la protesta social.
Las manifestaciones en la provincia se replican con cortes de ruta en las localidades de La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, Libertador San Martín, Suques, Caimancito, San Pedro, Fraile Pintado, y Purmarmarca, donde el pasado sábado se registró represión contra comuneros indígenas.
La violencia ejercida contra el pueblo jujeño es una muestra de lo que la derecha argentina está dispuesta a hacer en el plano nacional si llega al gobierno. “Meter bala” al disidente, al pobre, al que no acepte la imposición. Es el modelo neoliberal que solo puede imponerse a través de la violencia; un modelo que solo cierra a balazos.
