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@jgonzalezok y @gab2301 | Brasil recuerda este domingo (31) los 60 años del golpe militar de 1964 sin haber hecho nunca un ajuste de cuentas con el pasado. Al contrario de Chile y Argentina, que enfrentaron la cuestión a su modo, Brasil reconstruyó la democracia bajo la sombra de la amnistía y el olvido. La herida de la dictadura sigue abierta. En este aniversario del golpe, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva canceló todos los actos oficiales de recuerdo. El gesto fue entendido como una forma de no confrontar con las Fuerzas Armadas, en un momento en que se investiga al ex presidente Jair Bolsonaro y sectores de la cúpula militar por su participación en la intentona golpista del 8 de enero del 2023. Las Fuerzas Armadas también se comprometieron a no divulgar ningún documento alusivo a la fecha.
“Yo, sinceramente, no voy a estar removiendo y voy a intentar llevar este país adelante”, dijo Lula al vetar las manifestaciones oficiales. El presidente señaló que está más preocupado con los ataques golpistas que sucedieron una semana después de asumir la presidencia. Para él, el golpe de 1964 forma parte “del pasado”. El ministerio de Derechos Humanos había preparado una serie de actos reparatorios, de reconocimiento y disculpas públicas a los afectados por las violencias de la dictadura militar, bajo la consigna “Sin memoria no hay futuro”.
Más de 150 entidades que integran la Coalición Brasil por la Memoria, Verdad, Justicia Reparación y Democracia, criticaron a Lula y dijeron que hablar del golpe del 64 “no es remover el pasado, es discutir el futuro”. En una carta pública, la organización dijo que es imposible hablar de la reciente tentativa de golpe -cuando millares de aliados de Bolsonaro atacaron las sedes de los Tres Poderes en Brasilia- sin hablar del golpe de 1964. “No aceptaremos que, una vez más, los gobiernos negocien o abdiquen de los derechos de las víctimas para poder contemporizar con los militares”, dijo la coalición.
El propio partido del presidente el PT (Partido dos Trabajadores), contrariando el deseo de Lula, anunció que participaría en eventos y manifestaciones en repudio al golpe
Lula asumió la presidencia en medio de un ambiente de tensión con los militares después de los cuatro años de gobierno de Jair Bolsonaro. El ex presidente, un militar de la reserva de bajo rango, admirador de la dictadura, llevó a militares en activo y en la reserva para el gobierno, con poder y altos salarios. Se rodeó de oficiales que comulgaban con sus posiciones de extrema derecha, garantizando el control de amplios sectores de las Fuerzas Armadas a su proyecto de poder.
Al asumir, el izquierdista Lula intentó equilibrarse en el terreno militar para limar desconfianzas. Nombró en el ministerio de Defensa al conservador José Múcio Monteiro, con la tarea de intentar pacificar la relación con los mandos militares. Investigaciones en curso indican que Bolsonaro articuló un golpe militar al perder las elecciones frente a Lula en 2022 y obtuvo el apoyo de militares de alta graduación, incluso del entonces comandante de la Marina, Almir Garnier, que habría colocado sus tropas a disposición del mandatario. El golpe solo no se consumó porque el comandante del Ejército, Marco Antonio Freire Gomes, y el de la Aeronáutica, Carlos Almeida Baptista Junior, le dijeron no a Bolsonaro.
Lula viene pisando sobre huevos desde que sofocó la tentativa de golpe del 8 de enero y evita desagradar a los militares. El gobierno de Bolsonaro clausuró la Comisión de Muertos y Desaparecidos Políticos, que se había creado en diciembre de 1995. La comisión tenía como objetivo identificar las víctimas y orientar sobre los pedidos de indemnización de los familiares. Había muchas esperanzas de que Lula la volviese a poner en marcha. Su ministro de Derechos Humanos, Silvio Almeida, llegó a anunciar que la recreación de la comisión era una de las principales metas de su gestión. Sin embargo, para decepción de muchos, eso hasta ahora no ocurrió. La creación de un museo de la memoria del período de la dictadura, otra promesa del gobierno de Lula, tampoco salió del papel. Las palabras de Lula sobre los 60 años del golpe agudizaron la decepción de familiares y defensores de los derechos humanos.
Para la historiadora Heloisa Starling, profesora en la Universidad Federal de Minas Gerais, la decisión de Lula es un “desastre”. A punto de lanzar su libro La Máquina del Golpe, cómo fue desmontada la Democracia en Brasil, sostiene en entrevista al diario Folha de São Paulo: “El presidente tiene que entender que esa decisión sugiere un tipo de tutela de los militares”. El también historiador Carlos Fico, autor de varios libros de referencia sobre la dictadura, se muestra de acuerdo en declaraciones al mismo diario: “Pedir que no haya ceremonias relacionadas al aniversario del golpe es un error, ciertamente, intelectualmente indefendible”.
Susana Keniger Lisboa, viuda de un militante de la ALN (Alianza Libertadora Nacional), asesinado en 1972, y que la dictadura simuló un suicidio, declaró a Folha de São Paulo: “Como presidente de la República, debería saber que no puede pasar por encima de la historia. ¿Él quiere pretender que no existió? ¿Pretender que no fue preso? En el Palacio tenía la ficha del Dops (Departamento de Orden Político y Social) de él, él consiguió rescatarla. ¿Cuántos no consiguieron tener una foto de su familiar desaparecido?”. Firmante del acta de fundación del PT, que trabajó años en el partido, mostró también su indignación por el hecho de que el presidente nunca recibió a los familiares, aunque en un viaje reciente a Argentina se reunió con las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo y dijo que eran una inspiración en la lucha por la democracia en América Latina.
Silencio e impunidad
El golpe militar de 1964 puso fin a tres años del complicado gobierno del presidente João Goulart e impuso una dictadura que duró hasta 1985, con una sucesión de generales-presidentes en el poder. Jango, como era popularmente conocido Goulart, asumió tras la renuncia de Jânio Quadros, de quien era vicepresidente. Su gobierno estuvo marcado por una gran inestabilidad política y económica. Los empresarios lo veían con desconfianza por su proximidad con los movimientos sindicales. En el contexto de la Guerra Fría, las reformas de base que intentó implementar eran vistas como socializantes. El golpe tuvo el apoyo de una parte de la clase media y de amplios sectores del empresariado.
La transición de la dicctadura a la democracia no fue acompañada en Brasil por gestos de reparación como en países vecinos. Al contrario, los militares se apoyaron en la ley de amnistía de 1979 -que beneficiaba a ex guerrilleros y militares- para seguir impunes y mantener legados del régimen. La amnistía fue aprobada poco después de que asumiera el general João Baptista Figueiredo, el último presidente de la dictadura. Permitio la liberación de centenas de presos políticos y la vuelta de los exiliados, pero garantizó la impunidad de los agentes responsables por los crímenes de Estado.
Los militares son reacios a reconocer que hubo una estructura dedicada a la tortura, desapación y muerte de opositores políticos. En 2014, la Comisión Nacional de la Verdad hizo una lista con 191 muertos y 210 desaparecidos. Después de localizar los restos mortales de otros 33 desaparecidos fueron localizandos, el total de víctimas directas reconocidas fue de 434.
Uno de los casos más conocidos fue el del diputado Rubens Paiva, muerto tras haber sido brutalmente torturado. Paiva no tenía relación con grupos armados y el pretexto para su prisión fueron cartas enviadas a él por brasileños exiliados en Chile. El diputado fue llevado de su casa el 20 de enero de 1971 y nunca más apareció. Los militares alegaron que había sido rescatado por un comando guerrillero en el trayecto a la prisiòn, pero la familia nunca aceptó esta versión. Varios testigos contaron que lo vieron agonizando en las dependencias del DOI (Destacamento de Operaciones e Informaciones). En 2012, declaraciones a la Comisión de la Verdad indicaron que los militares montaron una farsa para encubrir su asesinato bajo tortura. Los acusados nunca fueron castigados.
Despues del fin de la dictadura, las Fuerzas Armadas consiguieron blindarse ante posibles cambios. Ningún gobierno civil después de la redemocratización consiguió, por ejemplo, cambiar el plan de estudio en las escuelas y academias militares, lo que es considerado fundamental para asegurar la preeminencia de los valores democráticos republicanos en la institución.
“Las escuelas militares continuan intoxicando con teorías propias de la Guerra Fría, anticomunistas, que continuan alimentando la idea de que los militares son los dueños del civismo y los salvadores de la paz, los tutores de la República. Montaron un sistema educacional unificado, monolitico, sin pluralismo y sin un culto a la legalidad. Ese es uno de los legados de la dictadura extremadamente nocivos para la democracia”, dice el profesor del Departamento de Historia de la Universidad Federal Fluminense (UFF), Daniel Aarão Reis Filho, al sitio de noticias Brasil de Fato.
Tradicionalmente, los militares publican cada 31 de marzo lo que se llama Orden del Día, conmemorando lo que ellos consideran la Revolución de 1964. Em 2022, último año con Bolsonaro en la presidencia, el documento afirmaba que la población, la prensa, la Orden de Abogados de Brasil y las FF.AA. se aliaron “para restablecer el orden e impedir que un régimen totalitario fuera implantado en Brasil por grupos que propagaban promesas falaces, que después, fracasaron en varias partes del mundo”.
Aunque este domingo no haya esta Orden del Día, los militares de la reserva, reunidos en los clubes Naval, de la Aeronáutica y del Ejército, que se encuentran fuera de la disciplina de los activos, ya se manifestaron. En una nota difienden que el día 31 de marzo de 1964, los militares libraron a Brasil de una agresión y del comunismo. Agresión, sostienen, “perpetrada por la Unión Soviética y sus satélites, que trajeron la guerra revolucionaria a nuestros campos y ciudades, usando brasileños para asesinar compatriotas, aterrorizar la población e instalar un régimen comunista en el país”.
El propio partido del presidente el PT (Partido dos Trabajadores), contrariando el deseo de Lula, anunció que participaría en eventos y manifestaciones en repudio al golpe. Y por lo menos uno de sus ministros asistirá a un acto contra la dictadura militar. Luiz Marinho, ministro de Trabajo, confirmó su presencia en un evento en el Sindicato de los Metalúrgicos en São Bernardo do Campo, que tendrá como lema “Democracia siempre –60 años (1964-2024)– Golpe”. En esa localidad próxima a São Paulo, Lula ganó proyección nacional en la década del 70, al liderar huelgas como presidente del sindicato de los metalúrgicos, llegando a estar preso por 31 días en 1980.
