Es el periodo del reinado de Alfonso XIII, y esto es debido a su minoría de edad para acceder a la jefatura del Estado. La Regencia fue desempeñada por su madre, María Cristina de Habsburgo Lorena.
La Regencia empieza en noviembre del año 1885 cuando fallece el rey Alfonso XII, meses antes de que naciera Alfonso XIII, y termina en mayo del año 1902 cuando Alfonso XIII cumple los dieciséis años y jura la Constitución del año 1876, iniciándose así su reinado personal.
La Regencia fue un período especialmente significativo, pues en esos años de final de siglo el sistema conoció su estabilización, el desarrollo de las políticas liberales, pero también la aparición de grandes fisuras que en el terreno internacional se plasmaron con la guerra colonial primero, y con EEUU, más tarde, provocando la derrota militar y diplomática que significo la pérdida de las colonias tras el Tratado de París del año 1898.
En el terreno interior la sociedad española conoció una mutación considerable, con la aparición de realidades políticas tan significativas como la emergencia de los regionalismos y nacionalismos periféricos, el fortalecimiento de un movimiento obrero de doble filiación, la socialista y anarquista, y la sostenida persistencia, aunque decreciente, de las oposiciones republicana y carlista.
EL PACTO DEL PARDO
El joven rey, Alfonso XII muere de tuberculosis el veinticinco de noviembre del año 1885, asumiendo la regencia su esposa, María Cristina de Habsburgo Lorena, que era una mujer joven extranjera, con escaso tiempo de permanencia en España, poco popular y con fama de escasamente inteligente.
A la debilidad en que parecía que quedaba la más alta institución del Estado, se unía el hecho de que, a la espera de un tercer alumbramiento pues la reina estaba embarazada, no había un heredero varón, Alfonso y María Cristina, casados el veintinueve de noviembre del año 1879, habían tenido dos hijas.
La muerte de Alfonso XII creó un cierto vacío de poder que podía ser aprovechado por los carlistas o por los republicanos para acabar con el régimen de la restauración.
De hecho en septiembre del año 1886, solo cuatro meses después del nacimiento de Alfonso XIII, se produjo una sublevación republicana encabezada por el general Manuel Villacampa del Castillo y organizada desde el exilio por Manuel Ruiz Zorrilla que constituyó la última intentona militar del republicanismo y cuyo fracaso lo dividió profundamente.
Para hacer frente a la situación de incertidumbre creada por la muerte del rey y por mediación del general Martínez Campos, se reunieron los líderes de los dos partidos de turno, por el partido conservados, Antonio Cánovas del Castillo y por el partido liberal, Práxedes Mateo Sagasta, para acordar la sustitución del primero por el segundo al frente del gobierno.
El llamado Pacto del Pardo incluía la complacencia de los conservadores respecto del nuevo gobierno liberal de Sagasta.
La facción del Partido Conservador encabezada por Francisco Romero Robledo no aceptó la cesión del poder a los liberales y abandonó el partido para formar uno propio, el Partido Liberal Reformista, al que se sumó la Izquierda Dinástica de José López Domínguez, en un intento de crear un espacio político intermedio entre los dos partidos del turno.
Cánovas del Castillo justificó así el Pacto del Pardo meses más tarde:
“Nació en mí el convencimiento de que era preciso que la lucha ardiente en que nos encontrábamos a la sazón los partidos monárquicos… cesara de todos modos y cesara por bastante tiempo.
Pensé que era indispensable una tregua y que todos los monárquicos nos reuniéramos alrededor de la Monarquía.… Y una vez pensado esto…
¿Qué me tocaba a mí hacer?
¿Es que después de llevar entonces cerca de dos años en el gobierno y de haber gobernado la mayor parte del reinado de Alfonso XII, me tocaba a mí dirigir la voz a los partidos y decirles: 'porque el país se encuentra en esta crisis no me combatáis más; hagamos la paz alrededor del trono; dejadme que me pueda defender y sostener?
Eso hubiera sido absurdo y, además de poco generoso y honrado, hubiera sido ridículo. Pues que yo me levantaba a proponer la concordia y a pedir la tregua, no había otra forma de hacer creer en mi sinceridad sino apartarme yo mismo del poder”.
Las diversas facciones liberales habían alcanzado en junio un acuerdo, conocido como ley de garantías, que permitió restablecer la unidad del partido.
Había sido elaborado por Manuel Alonso Martínez, en representación de los fusionistas, y por Eugenio Montero Ríos, de los izquierdistas, y consistía en desarrollar las libertades y los derechos reconocidos durante el sexenio democrático, a cambio de la aceptación de la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, en que se basaba la Constitución del año 1876, lo que significaba que la última palabra en el ejercicio de la soberanía la tendría la Corona y no el electorado.
EL PARLAMENTO LARGO DE SAGASTA
En abril del año 1886, cinco meses después de formar el gobierno y un mes antes del nacimiento del futuro Alfonso XIII, los liberales convocaron elecciones para dotarse de una mayoría sólida en las Cortes y poder desarrollar así su programa de gobierno, aunque ya habían podido comenzar a aplicarlo gracias a la complacencia de los conservadores.
A este período se le llamó el Gobierno Largo de Sagasta o también el Parlamento Largo, ya que fueron las Cortes de más larga duración de la Restauración y las únicas que estuvieron a punto de agotar su vida legal, pero no le fue fácil a Sagasta mantener su partido y su gobierno unidos, ya que durante esos cinco años tuvo que superar varias crisis.
Las reformas políticas y jurídicas
La primera gran reforma del Gobierno Largo de Sagasta fue la aprobación en junio del año 1887 de la Ley de Asociaciones que regulaba la libertad de asociación para los fines de la libertad humana y que permitió que las organizaciones obreras pudieran actuar legalmente, ya que incluía la libertad sindical , lo que dio un gran impulso al movimiento obrero.
Caricatura en El Motín representando a Cánovas del Castillo y a Sagasta columpiándose en un tronco apoyado en las espaldas de una alegoría de España. El pie de imagen dice: "Sube el uno, baja el otro, y España siempre en el potro".
Al amparo de la nueva ley se extendió la anarcosindicalista FTRE, fundada en el año 1881 como sucesora de la FRE-AIT del Sexenio Democrático, y nació la socialista UGT, fundada en el año 1888, el mismo año en que el Partido Socialista Obrero Español, nacido en la clandestinidad nueve años antes, pudo celebrar su primer Congreso.
Según la ley el jurado se encargaría de establecer los hechos probados, mientras que la calificación jurídica de los mismos correspondería a los jueces
La segunda gran reforma fue la ley del jurado, que era una vieja reivindicación del liberalismo progresista, a la que siempre se había resistido el conservadurismo, y que fue aprobada en abril del año 1888.
El juicio del jurado se estableció para aquellos delitos que tuvieran mayor impacto para el mantenimiento del orden social o que afectaran a los derechos individuales, como la libertad de imprenta. Según la ley el jurado se encargaría de establecer los hechos probados, mientras que la calificación jurídica de los mismos correspondería a los jueces.
La tercera gran reforma fue la introducción del sufragio universal masculino mediante una ley aprobada el treinta de junio del año 1890.
La ley no fue el resultado de la presión popular a favor de la extensión del sufragio, sino lo que Sagasta consiguió con su aprobación fue asegurar la unidad del partido y del gobierno satisfaciendo una reivindicación histórica del liberalismo democrático en un momento en que aumentaba la presión de los gamacistas a favor de aprobar un arancel proteccionista para la producción cerealística.
Una segunda razón fue el fortalecimiento del partido liberal y del régimen de la Restauración con la incorporación al mismo de los republicanos posibilistas de Emilio Castelar, tal como habían prometido si se aprobaba la extensión del sufragio.
La aprobación del sufragio para todos los varones mayores de veinticinco años que eran unos cinco millones en el año 1890, con independencia de sus ingresos como ocurría con el sufragio censitario, no supuso la democratización del sistema político.
El fraude electoral se mantuvo, solo que ahora las redes caciquiles se extendieron al conjunto de la población, por lo que los gobiernos se siguieron formando antes de las elecciones, y no después, ya que el gobierno de turno se fabricaba con el encasillado una sólida mayoría en las Cortes.
La inmensa mayoría, masculina, a quien se había dado el derecho al voto no estaba compuesta por clases medias y trabajadoras de carácter urbano, o campesinos independientes, implicados en un proyecto político de carácter democrático, sino por unas masas rurales, extremadamente pobres y analfabetas, completamente ajenas a dicho proyecto, con la esperanza de una revolución social, en la mitad sur del país, y del triunfo del carlismo, en buena parte del norte; unas masas.
Aunque formalmente equivalía a la implantación de la democracia, en términos prácticos nada cambió. Los diputados siguieron siendo, más o menos, los mismos y ningún grupo social, salvo contadas excepciones, accedió al poder legislativo.
Tampoco ocurrió la transformación de la estructura de partidos, que continuaron siendo partido de notables. No fue promovido ningún tipo de organización de base que sirviera para captar el voto de los ciudadanos a quienes se acababa de reconocer el derecho electoral.
La Constitución no fue reformada, por lo que siguió sin reconocerse el principio de la soberanía nacional, y solo un tercio del Senado era elegido. No fue reconocida la libertad de cultos, otro de los principios de un sistema democrático.
La prueba de que el objetivo de la ley no era la instauración de la democracia fue que no se adoptaron garantías para asegurar la transparencia del sufragio y evitar así el fraude electoral:
- No se actualizaron los censos por un organismo independiente.
- La exigencia de una acreditación a la persona que iba a votar.
- El control de todo proceso que siguió en manos del Ministro de la Gobernación, conocido como el gran elector, pues era quien se ocupaba de asegurar que su gobierno gozara de una amplia mayoría en las Cortes.
Las cosas cambiaron basada en la opinión pública. Como prueba de ello, la representación republicana fue más numerosa y constante, llegando en ocasiones a alcanzar la mayoría de diputados que elegían estos grandes núcleos de población.
Los socialistas también saldrían elegidos. En Cataluña, los nacionalistas consiguieron enviar una representación significativa al Congreso de Madrid, lo mismo cabe decir de los carlistas en Navarra.
Los distritos electorales todos ellos uninominales, siguieron siendo la mayoría con unos 280 diputados, mientras que los urbanos estaban unidos a amplias zonas rurales ya que se trataba de distritos plurinominales o circunscripciones, unos 114 en total en los que se elegían entre tres y ocho diputados, en función de la población, de forma que los votos de las zonas rurales diluían los votos urbanos menos controlables por las redes caciquiles.
Una cuarta reforma fue la aprobación, en mayo del año 1889, del Código Civil, que junto con el Código Penal del 1870 y el Código de Comercio del año 1885, configuró definitivamente el nuevo orden burgués, al establecer en el ámbito privado lo que la Constitución había establecido en lo público. En el mismo se incluyó el derecho civil foral y se respetó el derecho canónigo respecto al matrimonio.
El gobierno fracasó en su intento de reforma del Ejército, porque más que como una institución pensada para la guerra, estaba organizado para tareas de guarnición y orden público, con tropas mal dotadas, reclutas forzados, con un exceso de mandos y con una estructura organizativa poco adecuada.
La causa última del fracaso fue la autonomía de que gozaba el Ejército, que fue el precio que hubo que pagar para que aceptara el sometimiento al poder civil, por lo que cualquier reforma debía abordarse con la aquiescencia de los mandos.
Una tarea extremadamente delicada, toda vez que la situación de hipertrofia, el exceso de oficiales, el mal equipamiento y un espíritu de cuerpo, asentado sobre una fuerte tradición de autorreclutamiento, había hecho de las Fuerzas Armadas una realidad poco permeable a demandas y controles externos.
Así el proyecto de ley presentado por el ministro de la Guerra, en junio de 1887, no fue aprobado por las Cortes debido a la fuerte oposición que encontró entre los conservadores, empezando por el propio Cánovas, y entre los militares tanto conservadores como liberales que eran parlamentarios.
Uno de los temas más polémicos fue la propuesta de establecer el servicio militar obligatorio sin redenciones ni sustituciones, que permitían a los hijos de familias acomodadas no incorporarse a filas si pagaban una determinada cantidad de dinero o enviaban un sustituto en su lugar.
El ministro de defensa dimitió en junio del año 1888 y el gobierno optó por imponer por decreto las partes de la ley menos conflictivas y que no habían sido impugnadas por las Cortes.
LA CREACIÓN DE LA UGT Y DEL PSOE
Debido a la lentitud del proceso de industrialización, la clase obrera siguió constituyendo una minoría dentro de las clases trabajadoras urbanas y siguió concentrada fundamentalmente en Cataluña y en las zonas mineras de Vizcaya y Asturias. En la industria, o en las minas, el trabajo era duro y largo.
En cuanto a la clase obrera agrícola o proletariado rural continuaron los bajos salarios para hacer rentables las explotaciones por lo que los jornaleros siguieron constituyendo el sector de las clases rurales que vivía en peores condiciones. Sus salarios estaban bastante por debajo de los de los obreros industriales y no trabajaban todo el año. La situación era especialmente escandalosa en el caso de los jornaleros de Andalucía y Extremadura.
La aprobación de la ley de asociaciones fortaleció a las organizaciones obreras que se habían formado al amparo de la liberalización política puesta en marcha por el primer gobierno de Sagasta de los años 1881-1883 y les había permitido actuar en la legalidad.
Fue el caso de la Federación de Trabajadores de la Región Española de tendencia anarquista, fundada en Barcelona en septiembre del año 1881 y que llegó casi a alcanzar los 60.000 afiliados agrupados en 218 federaciones, en su mayoría jornaleros andaluces y obreros industriales catalanes.
La Federación de Trabajadores de la Región Española se disolvió en el año 1888, al imponerse el sector del anarquismo que criticaba la existencia de una organización pública, legal y con una dimensión sindical y que, por el contrario, defendía el espontaneísmo y de la vía insurreccional con el levantamiento de los trabajadores pondría fin a la sociedad capitalista.
Frente a ella, la tendencia sindicalista propugnaba el fortalecimiento de la organización para mediante huelgas y otras formas de lucha para arrancar a los patronos mejoras salariales y de las condiciones de trabajo.
Al triunfo de la tendencia espontaneísta e insurreccionalista contribuyó la brutal represión que desató el gobierno sobre los anarquistas andaluces a raíz de los asesinatos y robos atribuidos a la Mano Negra en el año 1883, una misteriosa y supuesta organización anarquista clandestina que no tenía nada que ver con la la Federación de Trabajadores de la Región Española.
Aunque el movimiento anarquista siguió presente a través de publicaciones e iniciativas educativas, con la disolución de la Federación de Trabajadores de la Región Española quedó abierto el camino para el predominio de las acciones individuales de carácter terrorista.
Por su parte los socialistas, que en mayo del año 1879, habían fundado el Partido Socialista Obrero Español cuyo objetivo era, como afirmó su periódico El Socialista que era procurar la organización de la clase trabajadora en un partido político, distinto y opuesto a todos los de la burguesía.
Integrado en la II Internacional, el PSOE celebró su primer 1º de mayo, el domingo cuatro de mayo del año 1890 para reivindicar la jornada de ocho horas, además de la prohibición del trabajo de los niños menores de 14 años, la reducción de la jornada a 6 horas para los jóvenes de ambos sexos de 14 a 18 años, la abolición del trabajo de noche, y la prohibición del trabajo de la mujer en todas las ramas de industria que afectaran con particularidad al organismo femenino.
El Socialista" publicó:
“Pacíficamente pueden hoy los trabajadores hacer sentir su fuerza… sobre la clase privilegiada. Mañana cuando la organización del proletariado sea completa, y la burguesía no quiera ceder ante la razón que asiste a aquel y el poder que le acompañe, habrá llegado la hora de proceder revolucionariamente”.
A diferencia de las organizaciones anarquistas, el crecimiento del PSOE y de su sindicato UGT fue muy lento y nunca consiguió arraigar ni en Andalucía ni en Cataluña. En la última década del siglo XIX solo habían conseguido implantarse plenamente entre los mineros de Vizcaya y de Asturias.
Junto con el limitado proceso de industrialización del país continuó constituyendo un marco básico de referencia política para los sectores obreros y populares.
Lo que separaba básicamente al republicanismo de las dos tendencias obreristas, el anarquismo y el socialismo era que los republicanos no cuestionaban los fundamentos de la sociedad capitalista, ya que no eran organizaciones exclusivamente obreras sino que eran partidos interclasistas, por lo que propugnaban solamente su reforma con medidas tales como el fomento del cooperativismo, la constitución de jurados mixtos, la concesión de créditos baratos a los campesinos o el reparto de algunas tierras, y, en algunas casos, medidas intervencionistas por parte del Estado, como la reducción por ley de la jornada de trabajo o la reglamentación de las condiciones en que éste se realizaba.
Desde el mundo católico se intentó crear un movimiento obrero con esa significación confesional a raíz de la publicación en el año 1891, de la encíclica papal Rerum Novarum que alentaba a que se tomaran iniciativas en el campo social. En España surgieron los Círculos Católicos de Obreros, así como las asociaciones profesionales de carácter mixto, obrero y patronal.
LA ESTABILIZACIÓN DEL RÉGIMEN POLÍTICO
La primera mitad de la última década del siglo xix, constituye el periodo de plenitud del régimen político de la Restauración. Pasados esos cinco años de relativa estabilidad, durante los que se produjo la normalización del turno entre conservadores y liberales, el régimen tendrá que hacer frente a varios conflictos: el problema obrero, la consolidación de los nacionalismos, la cuestión colonial que llevó a la guerra de Cuba y a la guerra hispanonorteamericana, cuya derrota marca la crisis final de siglo.
El gobierno conservador de Cánovas del Castillo
Sagasta dio paso a Cánovas del Castillo que formó gobierno en julio del año 1890, solo unos días después de haberse votado la ley del voto universal en las Cortes. Al parecer el motivo inmediato del relevo fue la amenaza de Francisco Romero Robledo a Sagasta de hacer públicos ciertos documentos sobre la concesión de un ferrocarril en Cuba, en los que aparecía implicada su esposa.
También influyó el escándalo de la cárcel Modelo de Madrid cuando se supo, que los presos entraban y salían de la prisión con libertad, y el diputado conservador, Francico Silvela acusó al gobierno de no conseguir hacer obligatorios los presidios a aquellos penados que disfrutaban de recursos para tener abono de tendido.
El nuevo gobierno no modificó las reformas introducidas por los liberales. De esta forma, quedaba así sellada una nota básica del sistema canovista, donde los avances liberales eran respetados por el conservadurismo, de modo que el régimen se consolidaba a partir de un equilibrio entre la conservación y el progreso.
Fue el gobierno de Cánovas el que presidió las primeras elecciones por sufragio universal celebradas en febrero del año 1891, en las que la maquinaria del fraude volvió a funcionar y los conservadores obtuvieron una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados con 253 escaños, frente a los 74 de los liberales, y los 31 de los republicanos.
Cánovas ya había manifestado que no le asustaba el manejo práctico del sufragio universal a pesar de que se pasó de 800.000 electores a 4.800.000.
El gobierno de Cánovas del Castillo anunció que, una vez concluidas las reformas políticas y jurídicas, iba dar preferencia a las cuestiones económicas y sociales desarrollando un régimen de eficaz protección a todos los ramos del trabajo, con una especial atención a cuanto atañe a los intereses de la clase trabajadora.
Sin embargo nada se avanzó debido a la oposición que encontraron los intentos de aprobar las primeras leyes sociales, incluso dentro de las filas del propio partido conservador. La facción de Romero Robledo, se manifestó en contra de la limitación de las horas de trabajo de mujeres y de niños con el siguiente argumento:
“Limitar el trabajo es la más odiosa y la más extraña de las tiranías; limitar el trabajo del niño es entorpecer la educación tecnológica y el aprendizaje; limitar el trabajo de las mujeres… es hasta impedir que la madre realice el más hermoso de los sacrificios… el sacrificio indispensable en algunas ocasiones para mantener el hogar de la familia”.
El presidente Cánovas del Castillo habló a finales del año 1890 en el Ateneo de Madrid de la necesidad de la intervención del Estado para resolver la cuestión social alegando la insuficiencia de las actitudes morales, como la caridad del rico y la resignación del pobre.
El pensador católico tradicionalista, Juan Manuel Ortí y Lara le acusó de:
“Caer en la sima del socialismo, violando los principios de la justicia, que consagran el derecho de la propiedad, alabando a continuación el oficio de la mendiguez, que no repugna a la religión; al contrario, la religión la ha sancionado… y la ennoblece.… El espectáculo de la mendiguez… fomenta el espíritu cristiano”.
La medida más importante tomada por el gobierno fue el llamado arancel Cánovas del año 1891, que derogó el librecambista arancel Figuerola del año 1869, y estableció fuertes medidas proteccionistas para la economía española, que fueron complementadas con la aprobación al año siguiente de la Ley de relaciones Comerciales con las Antillas.
Con este arancel el gobierno satisfacía las demandas de determinados sectores económicos como eran la agricultura cerealista castellana y el textil catalán, además de sumarse a la tendencia internacional a favor del proteccionismo en detrimento del librecambismo.
La caída de los conservadores y la vuelta de los liberales
En el gobierno conservador de Cánovas convivieron dos tendencias opuestas del conservadurismo:
Francisco Romero Robledo que había vuelto a las filas del partido conservador tras su experiencia fallida con el Partido Liberal-Reformista. Encarnaba el dominio de las prácticas clientelares, de la manipulación electoral y del triunfo del pragmatismo más crudo.
Francisco Silvela representaba el reformismo conservador, que pretendía restablecer el prestigio de la ley y cortar todo abuso, toda infracción.
El presidente Cánovas del Castillo se inclinó hacia el pragmatismo de Romero Robledo ante la nueva situación creada por la implantación del sufragio universal, por lo que Silvela salió del gobierno en noviembre del año 1891y su marcha provocó la mayor crisis interna de la historia del partido conservador.
Un caso de corrupción en el ayuntamiento de Madrid provocó en diciembre del año 1892, la crisis del gobierno de Cánovas, que la Regente solventó llamando de nuevo a Sagasta. En el debate de investidura del nuevo gobierno se consumó la ruptura entre Cánovas y Silvela cuando éste mencionó la obligación de soportar al jefe, lo que motivó la respuesta airada de aquel.
Sagasta siguiendo los usos del sistema canovista obtuvo el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de nuevas elecciones para dotarse de una mayoría amplia que apoyara al nuevo gobierno.
Las elecciones se celebraron en marzo del año 1893 y como era de esperar supusieron un rotundo triunfo de las candidaturas gubernamentales. Los liberales consiguieron 281 diputados, frente a 61 de conservadores, divididos estos entre canovistas, 44, y silvelistas, 17, más 7 carlistas, 14 republicanos posibilistas y 33 republicanos unionistas.
Sagasta formó un gobierno llamado de notables porque incluía a todos los jefes de facción del partido liberal, incluido el general López Domínguez que se reintegró a sus filas, y los republicanos posibilistas de Emilio Castelar y tuvo que esforzarse en conciliar las posiciones derechista y proteccionista de Germán Gamazo con las izquierdistas y librecambistas de Segismundo Moret.
Gamazo al frente de la cartera de Hacienda se propuso alcanzar el equilibrio presupuestario pero su proyecto se vio frustrado por el aumento del gasto causado por la breve guerra de Margallo que tuvo lugar en los alrededores de Melilla entre octubre del año 1893 y abril del año 1894.
El motivo de la guerra fue el conflicto surgido por la construcción de un fuerte en una zona próxima a Sidi Gauriach en la que existía una mezquita y un cementerio, lo que fue considerado por los rifeños como una profanación. Este acontecimiento lo veros posteriormente.
Antonio Maura que era ministro de Ultramar y yerno de Gamazo, puso en marcha la reforma del régimen colonial y municipal de Filipinas para dotarlos de una mayor autonomía administrativa, pero fracasó en su intento de hacer lo mismo en Cuba, a causa de que a la españolista, Unión Constitucional pues la reforma le pareció demasiado avanzada, mientras que no satisfizo las aspiraciones del Partido Liberal Autonomista de Cuba.
Un grave problema al que tuvo que hacer frente el gobierno fue el del terrorismo anarquista, justificado por sus partidarios como una respuesta a la violencia de la sociedad y del Estado burgueses, que hacía desesperada la vida de muchos trabajadores, además de ser una forma de represalia contra la brutal represión de la policía.
Su escenario principal fue la ciudad de Barcelona. El primer atentado importante había tenido lugar en febrero del año 1892 en la Plaza Real de Barcelona, resultando muerto un trapero y heridas varias personas.
El veinticuatro de septiembre del año 1893, se produjo el primer atentado contra un político al estar dirigido contra el general, Arsenio Martínez Campos, capitán general de Cataluña y uno de los personajes claves de la restauración . Martínez Campos solo resultó herido levemente, pero murió una persona y otras resultaron heridas de diferente consideración.
El autor del atentado fue el joven anarquista Paulino Pallás, que fue fusilado dos semanas más tarde y lo justificó como una represalia por los incidentes ocurridos año y medio antes en Jerez de la Frontera cuando en la noche del ocho de enero del año 1892 unos 500 campesinos trataron de tomar la ciudad para liberar a unos compañeros presos en la cárcel y dos vecinos y uno de las asaltantes murieron, desatándose a continuación una represión indiscriminada sobre las organizaciones obreras andaluzas.
La venganza anunciada por Paulino Pallás poco antes de ser fusilado, se cumplió tres semanas después, cuando el siete de noviembre, el anarquista, Santiago Salvador lanzó dos bombas al patio de butacas del teatro Liceo de Barcelona, aunque solo una explotó, y mató a 22 personas e hirió a otras 35
El gobierno dimitió en marzo del año 1895, porque Sagasta dimitió al negarse a la pretensión del general Martínez Campos de que fueran juzgados por tribunales militares los periodistas de dos diarios cuyas redacciones habían sido asaltadas por un grupo de oficiales descontentos con las noticias que habían publicado que consideraban injuriosas. Cánovas volvió a ocupar la presidencia del gobierno. Un mes antes había comenzado la guerra de Cuba.
La guerra de Margallo
Los musulmanes se opusieron en Melilla a la construcción del fuerte de la Purísima Concepción en Sidi Guariach en el año 1893, y organizaron un ataque el tres de octubre. Los 1. 463 soldados de la guarnición de Melilla tuvieron que hacer frente a entre 8. 000 y 10. 000 musulmanes.
El ministro José López Domínguez mandó como refuerzos, al mando del general Ortega, un total de 350 militares. En el contraataque del veintiocho de octubre murió el gobernador. Juan García Margallo en la puerta del fuerte de Cabrerizas Altas.
Se envió una flota que apoyó a las tropas españolas con bombardeos navales. Se creó en la península un ejército expedicionario al mando del capitán general Arsenio Martínez Campos con 20.000 hombres
Estas tropas llegaron llegan a Melilla, el veintinueve de noviembre, produciendo un efecto disuasorio, y cesaron los combates. Tras esto, España finalizó la construcción del fuerte. El cinco de marzo del año 1894, el general Martínez Campos firmó con el sultán el Tratado de Fez, en el que él se comprometía a garantizar la paz en la región e indemnizaba a España con 20 millones de pesetas.
LA CRISIS DE FINAL DE SIGLO
La crisis de final de siglo estuvo provocada por la guerra de la independencia de Cuba, iniciada en febrero del año 1895 y que concluyó con la derrota española en la guerra hispano-norteamericana del año 1898.
A nivel interno también desempeñó un papel importante el terrorismo anarquista, cuyo atentado de mayor repercusión tuvo lugar en Barcelona el siete de junio del año 1896 durante el paso de la procesión del Corpus por la calle Canvis Nous, en el que seis personas murieron en el acto, y otras cuarenta y dos resultaron heridas.
La represión policial que se desató a continuación fue brutal e indiscriminada y dio lugar al famoso proceso de Montjuic, durante el cual 400 sospechosos fueron encarcelados en el castillo de Montjuic, donde fueron brutalmente torturados.
Varios consejos de guerra condenaron a muerte a 28 personas, cinco de las cuales fueron ejecutadas y otras 59 a cadena perpetua, 63 fueran declaradas inocentes pero fueron deportadas a Río de Oro.
El proceso de Montjuic tuvo una gran repercusión internacional, dadas la dudas que había sobre las pruebas en que se habían basado las condenas, que también fue seguida por una campaña de parte de la prensa española en contra del gobierno y de los verdugos, en la que destacó el joven periodista, Alejandro Lerroux, director del diario madrileño republicano El País.
En ese ambiente exaltado de protestas por los procesos de Montjuic se produjo el asesinato del presidente de gobierno, Antonio Cánovas del Castillo por el anarquista italiano, Michelle Angiolillo, el ocho de agosto del año 1897. Práxedes Mateo Sagasta se tuvo que hacer cargo del gobierno.
El apartado de la guerra de Cuba y de la guerra hispano-norteamericana lo realizare en capítulo aparte.
EL DESASTRE EL 98 Y LA REGENERACIÓN
Tras la derrota, la exaltación patriótica nacionalista española dio paso a un sentimiento de frustración, acrecentado cuando se supo la cifra total de muertos durante la guerra: cerca de 56.000, con 2.150 soldados y oficiales muertos en combate, y 53.500, a causa de diversas enfermedades.
Este sentimiento no tuvo traducción política pues tanto carlistas como republicanos, con la excepción de Pi y Margall que mantuvo una postura anticolonialista, habían apoyado la guerra y se habían manifestado tan nacionalistas, militaristas y colonialistas como los partidos de turno, donde solo los socialistas y anarquistas permanecieron fieles a su ideario internacionalista, anticolonialista y antibelicista y creían que el régimen de la Restauración conseguiría superar la crisis.
En los años inmediatamente posteriores a la guerra cobró fuerza el regeneracionismo una corriente de opinión que planteó la necesidad de regenerar la sociedad española para que no volviera a repetirse el desastre del 98.
Esta corriente participó de lleno en lo que se llamó literatura del Desastre, que ya se había iniciado unos años antes del 98 y que se planteó reflexionar sobre las causas que habían conducido a la situación de postración en que se encontraba España y sobre lo que había que hacer para superarla.
Entre las muchas obras publicadas destacaron “El problema nacional” de Ricardo Macías Picavea del año1899, Damián Isern escribió “Del desastre nacional y sus causas” del año 1900 y el doctor Madrazo escribió “¿El pueblo español ha muerto?” en el año 1903.
También participaron en este debate los escritores de lo que años más tarde se llamaría, precisamente, la generación del 98, Ángel Ganivet, Azorín, Miguel de Unamuno. Pío Baroja, Antonio Machado, Ramiro de Maeztu…. Pero, sin duda, el autor de mayor influencia de la literatura regeneracionista fue Joaquín Costa. Publicó “Oligarquía y caciquismo” en el año 1901, en la que señaló al sistema político de la Restauración como el principal responsable del atraso de España.
Para poder regenerar al organismo enfermo que era la España del año 1900 hacía falta un cirujano de hierro que pusiera fin al sistema oligárquico y caciquil e impulsara un cambio basado en escuela y despensa.
“Contener el movimiento de retroceso y africanización, absoluta y relativa, que nos arrastra cada vez más lejos fuera de la órbita en que gira y se desenvuelve la civilización europea, llevar a cabo una refundación del Estada español. Sobre el patrón europeo que nos ha dado hecho la historia y a cuyo empuje hemos sucumbido, restablecer el crédito de nuestra nación ante el mundo, evitar que Santiago de Cuba encuentre una segunda edición por Santiago de Galicia... o dicho de otro modo: fundar improvisadamente en la Península una España nueva, es decir, una España rica y que coma, una España culta y que piense, una España libre y que gobierne, una España fuerte y que venza, una España, en fin, contemporánea de la humanidad, que al trasponer las fronteras no se siente forastera, como si hubiese penetrado en otro planeta o en otro siglo (...) y no pasemos en breve plazo de clase inferior a raza inferior, esto es, de vasallos que venimos siendo de una oligarquía indígena, a colonos que hemos principiado a ser de franceses, ingleses y alemanes”.
Joaquín Costa “Oligarquía y caciquismo” del año 1901.
Los gobiernos regeneracionistas
El nuevo líder conservador, Francisco Silvela, se hizo cargo del gobierno en marzo del año 1899, lo que supuso un gran alivio para Sagasta a quien le había tocado estar al frente del Estado durante los días del desastre del 98.
Silvela se hizo eco de las demandas de regeneración de la sociedad y del sistema político, lo que se tradujo en una serie de medidas reformistas. El proyecto de Silvela consistía en una fórmula de regeneración conservadora que trataba de salvaguardar los valores patrios en un momento de crisis nacional.
La reforma más importante fue la tributaria llevada a cabo por el ministro de Hacienda, Raimundo Fernández Villaverde que estaba diseñada para hacer frente a la difícil situación financiera del Estado como consecuencia del aumento del gasto público provocado por la guerra y para frenar la depreciación de la peseta y el alza de los precios.
Esta reforma estuvo acompañada de la aprobación en el año 1900, de las dos primeras leyes sociales de la historia española, impulsadas por el ministro Eduardo Dato, siendo una sobre accidentes laborales y otra sobre el trabajo de mujeres y niños.
Silvela intentó integrar en su gobierno al nacionalismo catalán representado por la Lliga Regionalista, que acababa de irrumpir en la vida pública.
El único movimiento de oposición importante con el que tuvo que enfrentarse el gobierno conservador de Silvela fue la huelga de contribuyentes promovida entre abril y julio del año 1900, por la Liga Nacional de Productores, una organización creada por el regeneracionista, Joaquín Costa, y por las Cámaras de Comercio, dirigidas por Basilio Paraíso.
Este movimiento que exigía cambios políticos y económicos acabó fracasando y la Unión Nacional que surgió del mismo se disolvió, sobre todo cuando la abandonaron las burguesías vasca y catalana que pasaron a apoyar al gobierno de Silvela. Joaquín Costa se orientó entonces hacia el republicanismo.
Las desavenencias internas, debido a la oposición del general Polavieja a la reducción del gasto público propuesto por Fernández Villaverde con el fin de alcanzar el equilibrio presupuestario, ya que chocaba con su petición de mayores dotaciones económicas para modernizar al Ejército, fueron las que acabaron provocando la caída del gobierno de Silvela en octubre del año 1900.
Le sucedió el general Marcelo Azcárraga Palmero, con un gobierno que solo duró cinco meses. El liberal Sagasta volvía a presidir el gobierno en marzo del año 1901 que sería el último de la Regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena y el primero del reinado efectivo de Alfonso XIII.
BIBLIOGRAFÍA
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