viernes 16/4/21

En vivienda, Madrid, ‘ciudad tensionada’

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Zonas tensionadas es el término que se usa para definir aquellas donde es más evidente el fracaso del mercado en la “eficiente asignación de recursos” y, aún más, en la solución de los problemas de la sociedad.

Madrid, de nuevo, paraíso neoliberal, está a la cabeza de esas tensiones.

Pasar del derecho constitucional a la vivienda a la consideración de la vivienda como un bien de inversión genera innumerables problemas. Los detentadores de esa inversión buscan la manera de su revalorización, siendo un factor que contribuye a las burbujas del ladrillo que tantos quebraderos de cabeza nos han traído. La actividad económica que genera este mercado no es, precisamente la que hay que incentivar en las prioridades marcadas por Europa para este período. Esos detentadores prefieren guardar su bien y jugar a que la escasez suba su precio.

Ese perverso mecanismo se traslada igualmente al alquiler.

Por ello existe una reivindicación progresista de intervenir ese mercado.

En estos días estamos asistiendo a las diferencias entre miembros del Gobierno respecto a cómo interpretar lo que se mandata en el acuerdo de investidura. Es un tema tan importante que fue objeto de ratificación en el pacto de presupuestos.

El acuerdo dice en su punto 2.9.3: “Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado.”

Caben pocas interpretaciones.

El beneficiado del incremento es el propietario y no se puede pretender que para aliviar al inquilino se le garantice ese beneficio con el dinero de todos. El esfuerzo de nuestros impuestos debe quedar más bien al servicio de los más necesitados.

Además, eso ya ha fracasado. Desde 2003 ya teníamos beneficios fiscales a los propietarios, que suponen una pérdida de recaudación anual de 1.039 millones de euros.

Y ello, sin contar con que la experiencia dice que ese tipo de ayudas (igual que subvenciones a la compra) incentivan que el propietario las traslade al precio final. Por ejemplo, el problema en Madrid no ha hecho más que crecer.

¿Dónde queda la responsabilidad de las administraciones? La pandemia no es peor momento, sino mejor, para medidas valientes.

Ya sabemos lo que hace el mercado. España es uno de los países con menor porcentaje de vivienda social (entre 7 y 10 veces menor que el de otros países desarrollados de Europa), y ¡¡ qué casualidad!! uno de los países en los que más porcentaje de renta se dedica a pagar el alquiler, en el caso de las familias más pobres, una media del 40%.

Para solventar de verdad el asunto, además de regular el precio del alquiler en determinadas situaciones, hace falta una política de choque para promover la vivienda pública de alquiler social. Y eso es lo contrario de lo que hace el gobierno de la Comunidad de Madrid, actual líder frente a lo público, incluso con experiencias como la venta del poco patrimonio público a fondos buitre. Vemos ahora que en el Plan “Reactivamos Madrid” en el marco del dinero que proviene de Europa, la Comunidad “comprará y rehabilitará 300 viviendas en la región para destinarlas a alquiler social”, unos miserables 67,2 millones de euros hasta el primer trimestre de 2023. Y en propiedad construirá solo 552 viviendas protegidas hasta 2022 por valor de 62,1 millones de euros.

Esta Comunidad, que pone por delante el interés de los empresarios, del derecho a la salud y la vida, se hace hoy abanderada de los negocios y, así, tampoco regula los pisos turísticos que tanto perjudican a los vecinos.

Los madrileños nos ocuparemos de revertir las agresiones de nuestros gobernantes, pero la Ley estatal debe garantizar la adecuada intervención comprometida.

Plataforma Social de Progreso de Madrid

En vivienda, Madrid, ‘ciudad tensionada’