La jura de bandera de la princesa Leonor el pasado mes de octubre llegó con polémica. En el acto, celebrado en la Academia Militar de Zaragoza y en el que participaron casi 500 cadetes, entre ellos la heredera al trono, lució un tapiz de homenaje a Franco que provocó las críticas de colectivos memorialistas. Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) se exigió al Gobierno que se impusiera una sanción por enaltecimiento del franquismo en una reclamación por escrito presentada ante la Secretaría de Estado de Memoria. Días después, IU llevaba el asunto al Congreso interpelando directamente al Gobierno y pidiendo al Ministerio de Defensa que tomara algún tipo de medida.
Pues bien, más de tres meses después de que los diputados de IU (del Grupo Plurinacional Sumar) Nahuel González y Fèlix Alonso preguntasen sobre ello a la ministra Margarita Robles, la respuesta recibida ha sido escueta limitándose a decir que “El Ministerio de Defensa desarrolla las actuaciones necesarias para cumplir de manera efectiva con la legalidad vigente en materia de memoria democrática, dentro del ámbito de competencias propias del mismo”.
Según denuncia IU, entre los temas concretos sobre los que Defensa “guarda silencio” está aclarar si ha abierto algún tipo de “expediente informativo” o decidido alguna “sanción”, además de la pregunta más genérica sobre “qué medidas piensa adoptar para cumplir de una vez con la obligación de garantizar el cumplimiento íntegro de la Ley de Memoria Democrática”, mucho más -afirma- “tras los múltiples precedentes contabilizados que vinculan al estamento militar, en activo o en la reserva, con la vulneración de dicha norma en vigor desde 2022”.
En su iniciativa, tanto Félix Alonso como Nahuel González -este último portavoz en temas de Memoria del Grupo Plurinacional- planteaban también directamente al Ejecutivo si era “consciente de la violación e incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática en un acto público de relevancia como lo es la jura de bandera en la Academia Militar de Zaragoza”.
La ley de memoria recoge en su artículo 35 que son elementos contrarios a la Memoria Democrática: ‘Las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial’.
La ley en vigor señala en el punto 4 que cuando estos elementos estén en edificios públicos, las instituciones o personas titulares de los mismos serán responsables de su ‘retirada o eliminación’ y que carecerán de visibilidad los retratos u otras manifestaciones artísticas de militares y ministros asociados a la sublevación militar o al sistema represivo de la dictadura.
