Llamo al ambulatorio a primera hora. No contestan pese a que insisto quince veces. Entro en la página virtual. Toco a mi médico de cabecera. Hoy es 8 de abril, me dan cita presencial para el día 30, telefónica para tres días antes. Siento rabia, deseo matar a alguien, pero no sé a quién. Intento calmarme. Llamo a Salud Mental. Necesito que me vea un Psiquiatra. No me atienden ni por teléfono ni por internet. Voy al ambulatorio, me dicen que el Psiquiatra no estará durante todo el mes de abril, que en mayo tendrá que atender los atrasos y que como muy pronto podría verme a mediados de junio. Regreso a casa, me siento y vuelvo a pensar y a sentir cosas que no debería, frustración, malestar, cólera, exasperación, impotencia, sobre todo porque ni yo ni mis conciudadanos somos capaces de articular la mínima protesta, el más insignificante grito colectivo capaz de molestar a quienes mandan y sus malas intenciones. Ni viejos, ni jóvenes ni de edad intermedia, todos callamos, todos resignados, todos quietos ante la degradación sistemática y progresiva de uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar. Tan sólo, de vez en cuando, un individuo que estalla junto a las ventanillas de atención al público, monta la zapatiesta, se mesa los cabellos, blasfema y se va acompañado del segurata que vela por el orden establecido.
Si para que te atienda un médico ante un proceso febril, un dolor intenso en el estómago o una fractura de peroné hay que esperar un mes, simplemente careces de asistencia sanitaria, no existe
Tras el Desastre del 98 decían los regeneracionistas, Costa, Picavea, Mallada, Ganivet, que España se había quedado sin pulso, que era un país exangüe, incapaz de reaccionar ante la injusticia, ante la decadencia, ante el privilegio y el abuso de los poderosos que habían llevado al país a la ruina y el descrédito. Apelaban a una hipotética España vital, concepto que luego cristalizaría en Ortega y Gasset, una España joven, culta y patriota capaz de construir un país nuevo bajo, justo y generoso guiado por la ética. A menudo, al observan como los españoles de hoy nos resignamos a ver como privatizan y destrozan nuestros más sagradas conquistas colectivas, pienso en ellos, pienso que el país de Ayuso y Quirón Salud -pronto, sin que pase demasiado tiempo comenzaremos a saber los vínculos entrañables que les unen- está lleno de mansos, acomodaticios y medradores, que no hay pulso, que ha desparecido el anhelo del bien colectivo que es la razón misma de todo patriotismo, que sólo quedan buitres y quietos, brutos y resignados, que la ignorancia se ha apoderado de nuestro ser hasta hacernos claudicar de nuestra condición de ciudadanos para adquirir, sin el menor sonrojo, la de súbditos incapaces no sólo de defender lo conquistado, sino cualquier causa justa por evidente que sea.
Decía que llamé al médico de familia, que intenté por todos los medios conseguir una cita, que me la dieron para cuando probablemente no la necesitase. Aconsejado por un administrativo del Ambulatorio fui a Urgencias del Hospital General y volví a casa. Aquello no era una dependencia hospitalaria, era una feria del dolor donde se agolpaban cientos de personas a la espera de ser atendidos por los médicos de guardia. Había gente con fracturas, con dolores intensos, con fiebre, con miedo. Pensé en Gaza para consolarme, en las matanzas que a diario perpetra Israel contra un pueblo indefenso. No sirvió el consuelo, no sirvió aquello que de crío me decía el cura cuando me preparaba para la primera comunión: “Si pierdes una pierna, piensa que todavía te queda otra y da gracias a Dios”, pensé en la madre que los parió, pensé en que la bronquitis o similar que padecía me estaba jodiendo vivo, que los médicos y el personal sanitario de aquel lugar hacían lo que podían, pero que ni los enfermos ni los ciudadanos hacíamos lo que teníamos que hacer, tal vez, llegados a este extremo, darle fuego a todo. No eso no, ni se te pase por la cabeza, esa no es la respuesta de un ciudadano, además irías a la cárcel por muchos años y sólo contribuirías a que los medios y los representantes de los profesionales hablasen de inseguridad, de la necesidad de poner más policías en vez de más médicos y enfermeros. La respuesta debiera ser otra, tal vez una huelga general del personal sanitario y otra de los afiliados a la Seguridad Social, una huelga coordinada y contundente que tuviese como demandas únicas el incremento de un treinta por ciento del personal sanitario, la construcción de nuevos ambulatorios con especialidades y la bajada de la ratio médico/enfermo a la mitad.
Lo que están haciendo con la Sanidad Pública responde a dos cuestiones, una rebajar la esperanza de vida de los españoles, otra, que todos los recursos del Instituto Nacional de Salud pasen a manos privadas
Sé que esa es la respuesta racional y justa dentro de una sociedad democrática, pero también soy consciente de que hoy en día las únicas cuestiones capaces de movilizar a los españoles masivamente no son ni las listas de espera en la Sanidad, ni los futuros recortes de las pensiones, ni los crímenes contra la Humanidad en Gaza, ni la entrega de la Educación a los elementos más reaccionarios de la Iglesia Católica, tal vez sí las banderas de distinto signo, las ferias y fiestas de pueblos y ciudades o la posible boda del Rey Emérito con Carmen Lomana, hecho este que llenaría las calles del país de banderas, regocijo y dicha.
Hace unos días las estadísticas oficiales han informado de que más de ochocientos cincuenta mil españoles llevan más de tres meses esperando para ser operados, que la media de espera para ser atendido por un especialista supera ese tiempo, que no se cubren siquiera las menguadas plazas convocadas para médicos de familia. En una sociedad envejecida y con tendencia a estarlo más en los próximos años como la española, estos datos indican que el derecho constitucional a la salud, a ser atendidos por un médico en la enfermedad, está siendo triturado por las autoridades competentes, que no son otras que las que rigen en cada Comunidad Autónoma, puesto que son ellas las que gozan de competencias plenas y exclusivas en la materia. El Gobierno central puede hacer leyes marco, esbozar directrices, dar más dinero a las Comunidades, pero si éstas, que son las que dirigen el asunto, continúan con sus planes de privatización y de demolición de la Sanidad Pública, dentro de muy poco nos veremos obligados a acudir a curanderos, druidas, brujos y chamanes porque con los actuales medios es imposible asistir a una población mucho más numerosa y vieja. Ya no caben conjeturas ni disimulos, lo que están haciendo con la Sanidad Pública responde a dos cuestiones, una rebajar la esperanza de vida de los españoles, otra, que todos los recursos del Instituto Nacional de Salud pasen a manos privadas, quedando como residuales hospitales y ambulatorios parecidos a lo que en otro tiempo era la beneficencia. Si para que te atienda un médico ante un proceso febril, un dolor intenso en el estómago o una fractura de peroné hay que esperar un mes, si para ser operado de apendicitis hay que aguardar tres meses, simplemente careces de asistencia sanitaria, no existe. Y ante esa situación no cabe más respuesta que la rebelión ciudadana, utilizando todos los medios legales al alcance para detener una estrategia perfectamente diseñada que atenta contra uno de los derechos constitucionales más fundamentales: El derecho a la vida y a la salud. No hacerlo, renunciar a esa rebelión, es mostrar acuerdo con las malas intenciones, es dimitir como ciudadano y como ser humano, legar a nuestros hijos y nietos un mundo mucho más injusto y desalmado.
