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Hace diez días, mañana de domingo, estuve junto a compañeros sanitarios y vecinos de Madrid en la Puerta del Sol madrileña concentrándonos para exigir al gobierno de la Sra. Díaz Ayuso que cese en la política sanitaria que está llevando a cabo, y que está suponiendo que el sistema sanitario público madrileño esté mostrando unas carencias cada día más acentuadas. Una cadena humana rodeó la emblemática plaza madrileña, que durante un espacio de tiempo quedó prácticamente vacía. Ese día, que se conmemoraba el día internacional contra la mercantilización de la salud, rememoré todo el proceso de ataque continuado que los sucesivos gobiernos del Partido Popular madrileño han perpetrado contra la sanidad pública madrileña desde hace dos décadas.
Hace veinte años comencé a expresar mis temores sobre los peligros que para la sanidad pública madrileña suponía el proyecto político que el Partido Popular con Esperanza Aguirre al frente se disponía a llevar a cabo tras su llegada al poder tras el turbio y no suficientemente explicado ‘Tamayazo’.
En mi condición de médico del Sistema Nacional de Salud durante cuatro décadas y perteneciendo a una generación que había demandado la creación del mismo, y que además junto a otros colegas nos implicamos posteriormente en su desarrollo asumiendo responsabilidades en su gestión, era inevitable mi compromiso en defensa del servicio madrileño de salud frente a la demolición programada del mismo que el Partido Popular iba a llevar a cabo en la Comunidad de Madrid. Durante todos estos años he mantenido ese compromiso y he utilizado todas las tribunas posibles para denunciar el expolio de la sanidad pública madrileña que se ha producido desde Aguirre hasta Díaz Ayuso.
Hace veinte años expresé mis temores sobre el futuro de la sanidad pública madrileña tras la llegada anómala de Aguirre al poder; la salud y su protección se han convertido en un producto más de consumo en el marco de la política neoliberal
Las privatizaciones han sido el hilo conductor de la política sanitaria del Partido Popular madrileño y las enormes cifras de dinero público destinadas a ello ha posibilitado la práctica de irregularidades y corruptelas para beneficiar a determinadas empresas.
Hoy el sistema madrileño de salud es mucho más vulnerable, los brutales recortes llevados a cabo bajo los sucesivos gobiernos del P.P en Madrid han supuesto una pérdida de eficiencia y calidad en la prestación de los servicios, el despilfarro y las irregularidades junto a una sospechosa opacidad han sido las señas de identidad de la gestión sanitaria del P.P madrileño mermando así su capacidad de respuesta para cubrir las necesidades de la población.
Las listas de espera alcanzan hoy cifras escandalosas(en la actualidad más de 1 millón de pacientes según cifras oficiales), la colaboración público- privada que con tanta intensidad han potenciados los sucesivos gobiernos del P.P y cuyas bondades proclamaban sus máximos responsables, sólo ha sido en realidad un continuado ejercicio de depredación de lo público permitiendo que entidades como QUIRÓN SALUD se hayan convertido en auténticos gigantes gracias a la entrada a mansalva de dinero público en sus bolsillos en un proceso pleno de opacidad e irregularidades. Estos días a raíz de las investigaciones sobre las actividades de la pareja de la presidenta Ayuso hemos visto como el nombre de Quirón ha vuelto a aparecer.
La salud como negocio encontró en la Comunidad de Madrid su lugar más favorable y los beneficios del sector privado se dispararon como la espuma, la firme voluntad de los gobiernos del Partido Popular de facilitar grandes oportunidades de negocio para los poderes económicos que les apoyan y asimismo para empresas sanitarias privadas, ha posibilitado que se hayan conocido y se hayan llevado a cabo proyectos absolutamente innecesarios desde el punto de vista sanitario pero que generaban un importante flujo de dinero hacia el sector privado. Como ejemplo paradigmático de ello, el eufemísticamente denominado Hospital Isabel Zendal, que a fecha de hoy va camino de convertirse en una nueva Ciudad de la Justicia.
La pandemia mostró con total crudeza la situación de debilidad del sistema sanitario madrileño como consecuencia del desmantelamiento paulatino y constante llevado a cabo durante los quince años anteriores
La construcción de este pretendido hospital y su mantenimiento ha supuesto ya enterrar más de 200 millones de euros del presupuesto público que no han aportado ningún valor añadido a la sanidad madrileña. Es un ejemplo claro de obsceno despilfarro toda vez que su actividad desde su puesta en marcha ha sido prácticamente inexistente y corrobora que su construcción no tenía ningún sustento con unos mínimos criterios de planificación. Dado el elevado coste de una instalación que está prácticamente vacía parecería razonable pensar que, en democracia, el gobierno de Ayuso rindiera cuentas de tan ruinosa inversión de dinero público y asumiera responsabilidades.
La pandemia mostró con total crudeza la situación de debilidad del sistema sanitario madrileño como consecuencia del desmantelamiento paulatino y constante llevado a cabo durante los quince años anteriores. A esta fragilidad del sistema sanitario y al total abandono de la Salud Pública, se unió la incapacidad e ineptitud de los máximos responsables sanitarios del Gobierno de la Comunidad que demostraron no tener ningún tipo de PLAN para afrontar la gravísima situación creada y en consecuencia tomaron decisiones erróneas y contrarias a la opinión muy mayoritarias de los expertos, en muchas ocasiones con marcado carácter propagandista como la puesta en marcha del Hospital Propaganda en Ifema, que sólo atendió procesos leves y donde no se derivó prácticamente a ninguna de las personas que estaban en las residencias de mayores.
Todo lo anterior fue determinante para que la Comunidad de Madrid fuera la región europea con mayor exceso de mortalidad por Covid-19 (un 44%más en 2020 que en el periodo 2016-2019) según publicó el Comité Europeo de las Regiones.
A pesar de sus carencias y la gestión deficiente de sus máximos responsables, es necesario afirmar que fueron los centros sanitarios públicos y el conjunto de sus profesionales quienes hicieron posible afrontar la pandemia y salvar miles de vidas, lo que mostró con absoluta claridad que la sanidad pública es la única garante de la protección de la salud del conjunto de la ciudadanía.
Fueron muchos los errores cometidos por el gobierno de Díaz Ayuso en la gestión de la pandemia, pero fue la gestión de la atención sanitaria a las personas mayores que vivían en las Residencias lo que marcó la diferencia entre lo que pueden considerarse errores graves de gestión, y lo que puede calificarse sin duda alguna como negligencias graves en el desempeño de la labor de gobierno para garantizar el derecho a la salud de los ciudadanos; estas graves negligencias supusieron que 7291 personas mayores murieran en las residencias sin haber recibido la atención sanitaria adecuada y en condiciones absolutamente inaceptables.
Lo ocurrido en las Residencias de Mayores de la Comunidad de Madrid como consecuencia de la actuación negligente y en mi opinión punible del Gobierno de la Sra. Díaz Ayuso, ha sido con diferencia el hecho más trágico en materia sanitaria que se ha producido en nuestro país a causa de una dejación de funciones de un gobierno en ejercicio.
La no medicalización de las Residencias de Mayores por parte del gobierno de Díaz Ayuso, a pesar de haber sido ordenada por la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, junto a la decisión política de establecer unos protocolos (los llamados protocolos de la vergüenza) que impidieron la derivación a los hospitales de los residentes que necesitaban asistencia sanitaria durante los dos primeros meses de la pandemia fueron determinantes en el gran número de mayores fallecidos en las residencias madrileñas durante los dos primeros meses de la pandemia (7291).
Los citados protocolos de la vergüenza en mi opinión no se basaban en criterios de la situación clínica individual de los residentes, sino que discriminaban y excluían de las derivaciones a los hospitales por edad, discapacidad e incluso por no tener seguro sanitario privado. Eran en realidad un triaje colectivo de exclusión y a distancia, que como profesional de la medicina no puedo compartir y que considero éticamente inaceptable.
Las familias intentaron sin éxito conseguir su traslado a los hospitales públicos y salvo en contadas ocasiones no lo consiguieron. No se derivaron tampoco a los hospitales privados (salvo quienes tuvieran seguro privado) aunque tuviesen camas disponibles tal como han manifestado ante la Comisión Ciudadana por la Verdad representantes de esos centros. Ello significó la más que probable condena a morir de los mayores en condiciones indignas, con intenso sufrimiento y sin la asistencia sanitaria a la que tenían derecho.
Conviene recordar aquí que tras la creación de la figura del mando único todos los hospitales madrileños, también los privados, quedaban bajo las órdenes de la Consejería de Sanidad.
Esa decisión política del gobierno de Díaz Ayuso en su conjunto, con la salvedad del consejero Alberto Reyero que se opuso a ella y dimitió, además de ser éticamente reprobable, pudo suponer la vulneración de derechos tales como el derecho a la vida, la protección de la salud, la igualdad, y la dignidad de las personas. Un estado de derecho que se precie de serlo no puede dejar de investigar y esclarecer aquellos hechos y por tanto buscar la verdad, hacer justicia y reparar los daños causados. Lo ocurrido en las Residencias de Mayores de Madrid los meses de marzo y abril de 2020 es una tragedia que no podemos olvidar y que no puede quedar impune.
Hasta hoy la respuesta de los poderes públicos a esa tragedia no se ha producido. El Poder Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, es decir el Gobierno Díaz Ayuso, no sólo no ha asumido ninguna responsabilidad sino que incluso por boca de su Presidenta ha declarado públicamente que los residentes (7291) hubieran muerto igual si se hubiesen derivado a un hospital. Una declaración ofensiva para la memoria de las víctimas y sus familias y además absolutamente falsa; el exhaustivo y riguroso informe que la Comisión ciudadana por la verdad de lo ocurrido en las Residencias de Madrid ha elaborado a petición de las familias, indica que los residentes que se enviaron al hospital durante los meses de marzo y abril sobrevivieron en un 65% de los casos y los que fallecieron en esos centros lo hicieron sin sufrimiento y en condiciones dignas.
La grave situación creada por la pandemia no puede servir de excusa para no investigar hechos muy graves como los ocurridos en las Residencias madrileñas los meses de marzo y abril de 2020
Si la máxima responsable del Gobierno de la Comunidad de Madrid realiza declaraciones públicas de ese tipo es razonable pensar que el Poder Ejecutivo madrileño no va a dar ninguna respuesta satisfactoria ni asumir responsabilidad alguna.
Tampoco parece sea posible obtener una respuesta del Poder Legislativo de la Comunidad, la Asamblea de Madrid. Se constituyó una Comisión de Investigación para analizar y sacar conclusiones de lo ocurrido en las residencias que no pudo concluir su trabajo por la convocatoria anticipada de elecciones que hizo la presidenta Díaz Ayuso en mayo de 2021; posteriormente el PP y Vox han impedido la creación de una nueva Comisión a pesar de pedirla los restantes grupos de la Asamblea. Tampoco parece que el poder legislativo madrileño vaya a dar una respuesta.
Los familiares ante la gravedad de los hechos se agruparon y procedieron a presentar denuncias ante la Fiscalía por los hechos acaecidos en las residencias madrileñas. Conviene recordar al efecto que nuestra Constitución recoge en su artículo 124.1 que el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados.
En mi opinión, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos acaecidos en las Residencias con la denegación de derivar a los hospitales a los residentes y así recibir la atención sanitaria que precisaban, y la posible vulneración de derechos fundamentales de esas personas, parece razonable pensar que la Fiscalía podría haber actuado de oficio e investigar en profundidad lo ocurrido y en todo caso investigar en profundidad las denuncias presentadas, escuchar a los familiares y no proceder a archivar con demasiada rapidez. La grave situación creada por la pandemia no puede servir de excusa para no investigar hechos muy graves como los ocurridos en las Residencias madrileñas los meses de marzo y abril de 2020. Los familiares han manifestado su disconformidad con la labor de la Fiscalía.
Quedan en la actualidad procesos judiciales en marcha, los familiares de las víctimas y quiero pensar que una gran mayoría de ciudadanos que creemos en el Estado de Derecho esperamos que en esos procesos abiertos, los jueces y magistrados indaguen y sean exhaustivos en la valoración de informes, decisiones de los diversos departamentos del gobierno madrileño, declaraciones de familiares y trabajadores de las residencias así como de los profesionales que participaron en la elaboración de los protocolos, para poder determinar responsabilidades y aplicar las sanciones o penas que correspondan. El respeto a la memoria de nuestros mayores fallecidos en las residencias así lo exige.
Hace veinte años expresé mis temores sobre el futuro de la sanidad pública madrileña tras la llegada anómala de Aguirre al poder; en los años transcurridos hasta hoy se ha podido constatar que la salud y su protección se han convertido en un producto más de consumo en el marco de la política neoliberal impuesta por los sucesivos gobiernos del Partido Popular, y a la vez perdía fuerza su valor como derecho fundamental de las personas. Sólo quizá así pueda entenderse lo ocurrido en las residencias de mayores en Madrid, que debería haber supuesto la dimisión en bloque de todo el gobierno de Díaz Ayuso.
