No soy optimista respecto a todo lo relacionado con el poder judicial. Durante muchos años, pese a todos los muchos pesares, se había conseguido mantener lo que los propios jueces, con eufemismo digno de mejor causa, llamaban “apariencia de imparcialidad”, pero en muy pocos meses han causado un daño a su propio prestigio que ya no es fácilmente restañable, primero manifestándose, con los atributos de su cargo puestos, en contra de las leyes que van a tener que aplicar, y segundo con más de cinco años incumpliendo la ley desde la atalaya de quienes tienen que preservarla; porque no otra cosa es lo que está ocurriendo en el Consejo General del Poder Judicial.
Cinco años incumpliendo la ley desde la atalaya de quienes tienen que preservarla; porque no otra cosa es lo que está ocurriendo en el Consejo General del Poder Judicial
Por esa misma razón soy pesimista respecto a los intentos de restablecer el orden, cuyo último episodio está estancado en el juego de trileros que pretende discutir acerca de si ha de producirse primero la renovación del consejo caduco o la reforma de la ley que lo rige. ¿De verdad alguien cree que el Gobierno va a poder aceptar un juego tan burdo? Aunque aceptara el trámite de ceder primacía a la reforma, si aceptara la propia propuesta no podría asumir en ningún caso su más que previsible contenido. Sabemos que el Partido Popular pretende poner en manos de los jueces una elección que ahora recae en el Parlamento, es decir, pretende presentar ante los ciudadanos, como nuevos garantes de la Ley, a quienes se han manifestado en contra de aplicar las leyes que provengan de la sede misma de la soberanía popular.
Lo que intenta el señor Feijóo nunca será otra cosa que controlar lo que ya controla, legalizar la práctica fraudulenta con una práctica bendecida
En otras palabras, lo que intenta el señor Feijóo nunca será otra cosa que controlar lo que ya controla, legalizar la práctica fraudulenta con una práctica bendecida. Nadie puede aceptar semejante trampantojo. Nadie lo aceptará.
No es menos democracia lo que se necesita cuando se llega a cualquier fin de etapa, sino más democracia. Más democracia en la formación de los que están llamados a ser intérpretes de la Ley, que permita acceder a “la carrera” a los que demuestren ser más ecuánimes en vez de a los que tengan más medios de fortuna para preparar las oposiciones. Más democracia en el control de sus decisiones, que nos evite algunos bochornos como se han vivido en los últimos años, a veces sancionados con traslados forzosos que castigaban a los justiciables. Más democracia en la conformación de unos órganos de gobierno que no pueden quedar al capricho de un partido político que decida no cumplir la Ley. No es, no puede ser el momento de los trileros, sino el de los juristas. Los que tienen que idear los mecanismos para que la Ley la cumplan ante todo y por sobre todo quienes están llamados a hacerla cumplir. Las reformas legales habrá que hacerlas, pero tienen que ser mucho más complicadas que reformar un mero mecanismo de elección. Esto sí que es un problema de Estado.
