La deriva de las políticas activas de empleo

Desde la política y desde el periodismo se han dicho y escrito distintas referencias acerca de la demanda de Unidas Podemos sobre las Políticas Activas de Empleo (PAE) y muchas de las opiniones expresadas demuestran ignorancia en algunos casos y confusión en otros. No es extraño, porque es una de las áreas de las administraciones públicas más manipuladas demagógicamente durante mucho tiempo y más disputadas algunas de sus competencias. Muchas veces hemos escuchado las maravillas de las políticas activas para la juventud, aunque después nunca se ha evaluado su efectividad. Hemos presenciado unos cambios unilaterales de las fórmulas de gestión de la formación para el empleo, hacia la desregulación, privatizadoras, fomentando la individualización que resta valor a la negociación colectiva, desde las políticas neoliberales del PP.

Desde la política y desde el periodismo se han dicho y escrito distintas referencias acerca de la demanda de Unidas Podemos sobre las Políticas Activas de Empleo y muchas de las opiniones expresadas demuestran ignorancia en algunos casos y confusión en otros

Vamos a transcribir esas competencias, pero la sorpresa ha sido que existen dos Subdirecciones Generales de Políticas Activas de Empleo, al menos en las webs. En mi experiencia reciente he compartido jornada con la subdirectora Maru Menéndez (Con nivel orgánico de Subdirección General y dependencia directa del Director/a General del Servicio Público de Empleo Estatal”) pero al buscar las competencias me he encontrado con Ángel de Goya Castroverde “Con nivel orgánico de Subdirección General y dependencia directa del Director/a General del Servicio Público de Empleo Estatal” en la web del Ministerio. Por mi parte espero que sea un error de los fantasmas de la informática o el gobierno tiene que explicarlo. No soy experta en el tema, si hay alguien que sepa explicarlo que lo haga.

Las funciones son las mismas y deberían leerlas desde la política y desde el periodismo, ya que la mayoría se ha centrado en señalar que estaban transferidas a las Comunidades Autónomas. Como en otros casos está transferida la gestión, por lo cual es posible que los presupuestos a gestionar directamente no sean tan significativos, aunque quizás sea más importante todo lo demás, por el peso del diálogo social o la coordinación con las autonomías para construir políticas activas de empleo, como se especifica en las competencias reseñadas al final.

Es un ámbito complejo, con interrelaciones con Fondos Europeos, relaciones con los agentes sociales y con las Comunidades Autónomas pero también con otros departamentos ministeriales sobre todo de Educación, en temas de Formación Profesional. Y ahí aparecen las batallas internas entre educación y empleo que se reproducen en todas las regiones, en la medida en que comparten o se reparten aquellos fondos europeos y nacionales. Un ejemplo demostrativo lo constituye la FP Básica de la LOMCE: fondos europeos para combatir el abandono educativo temprano impulsan la creación de esta titulación de dos años desde el Ministerio de Educación de Wert (parece ser que es un fracaso); cuando en la LOE se trataba de PCPI (programas de cualificación profesional inicial) donde se obtenía en un año un Certificado de Profesionalidad que otorga la autoridad laboral (con valoraciones positivas). A partir de ese momento esos fondos son para Educación, al igual puede ocurrir con otros de la Garantía Juvenil, que se podrían disputar distintos departamentos.

Cada vez más las directivas europeas exigen la participación empresarial en ayudas y subvenciones y aunque siguen apareciendo fraudes e impagos de empresas de formación no se cambia de modelo

No obstante, aún con personas cualificadas técnicamente para coordinar estas cuestiones, los tintes ideológicos no siempre son coherentes. Por varias razones relacionadas con las directivas europeas que condicionan algunos aspectos del modelo o con la presión de los intereses empresariales en dos vertientes: la propia implicación de las empresas en la formación continua y los intereses de las empresas dedicadas a la formación. Por ejemplo, cada vez más las directivas europeas exigen la participación empresarial en ayudas, subvenciones, etc. y aunque siguen apareciendo fraudes, impagos, etc. de empresas de formación no se cambia de modelo.

Por otro lado, existen rasgos ideológicos de los modelos de formación, que abarcan la orientación profesional o la inserción laboral, que se escoran siempre significativamente hacia la individualización o la privatización. Dos ejemplos claros son las agencias de colocación y el famoso cheque formación que el PSOE avala. Cuando se proclama la formación profesional como un derecho fundamental (avalado por la OIT) no es posible que desde la izquierda se acepte ni la privatización de la orientación profesional ni la individualización de la formación para el empleo cayendo en la trampa de la libertad de elección.

Ni la orientación profesional puede privatizarse ni las opciones de formación pueden ser de libre elección individual: es un principio neoliberal aceptar que las personas en riesgo de exclusión, jóvenes sin estudios, mayores en paro de larga duración puedan elegir libremente. Es necesario disponer de las capacidades adecuadas para poder valorar las opciones disponibles, que además no siempre existen ni están al alcance de las personas más desfavorecidas.

Que desaparezca el acuerdo sobre las prioridades de formación de la negociación colectiva también avala la individualización y la ausencia de las organizaciones sindicales en la definición de las necesidades de las clases trabajadoras, sería otro paso atrás en la democratización de las políticas activas de empleo. El grueso de los fondos de formación profesional que gestiona la FUNDAE proviene de las cotizaciones descontadas a empresas y trabajadores para ese fin, por lo cual las administraciones públicas no deberían aliarse con las empresas y transformar en irrelevantes a las organizaciones sindicales. Las inspecciones o las auditorías a los fondos de formación que gestionan las empresas deberían ser mucho más exigentes y obligar a unos criterios de equidad, pertinencia y calidad. Para la formación de oferta que puede ser más útil para la pymes, más de lo mismo librada a lo que “venden” algunas empresas de formación, cuando los ejes prioritarios y las condiciones deberían fijarse lo más adaptadas posible a las necesidades reales de las pymes, sus directivos y sus trabajadores y trabajadoras: en contenidos, metodologías, espacios y horarios.

Aunque la gestión esté transferida en su mayoría, existen temas relevantes para las políticas activas, sobre todo de formación y orientación profesional, que necesitan de unas concepciones y modelos para la justicia social que no son compatibles con muchos procedimientos y normativas de corte neoliberal

Como puede comprobarse, aunque la gestión esté transferida en su mayoría, existen temas relevantes para las políticas activas, sobre todo de formación y orientación profesional, que necesitan de unas concepciones y modelos para la justicia social que no son compatibles con muchos procedimientos y normativas de corte neoliberal. Con una advertencia clara: por muy adecuada que sea la ideología no es aplicable si no se domina el terreno que se pisa, no sería efectivo para la ciudadanía designar a personas del ámbito de la política que no tienen ni idea del campo de actuación. Nada tecnocrático pero sí conocimiento y experiencia con garantías ideológicas. Porque quienes propugnan el otro modelo tienen muy clara esta perspectiva y si no dominamos el área o el modelo a defender perderemos siempre la partida. La izquierda también debe aprender que para contrarrestar las políticas de derechas hay dominar el tema, no se trata sólo del “relato”, se trata de realidades dolorosas que afectan al presente y el futuro de las personas y su empleo. “No es lo mismo observar los medios de vida que observar directamente las vidas que la gente se las arregla para vivir” en palabras de Amartya Sen y no es lo mismo disponer de una visión general desde la sociología o la economía que saber y saber hacer en un ámbito determinado.

“Supone un cambio cualitativo frente al concepto de bienestar dominante, que encuentra su referencia en la disponibilidad global de recursos, cuyo indicador central, la renta per cápita, es el mejor exponente de su olvido de la situación real de las personas” (Dubois Migoya, A) (3).

Si no controlo la realidad, si no conozco a sus actores, si no dialogo con la representación social, si no domino el fondo de la cuestión, al menos se pierde mucho tiempo hasta que puedo tomar decisiones adecuadas. Mal voy a representar los intereses de la ciudadanía más necesitada, si no tengo ni idea de por qué las empresas piden unas cosas, las Comunidades Autónomas otras y las organizaciones sindicales las suyas. Por eso, en casi todo ni tecnócratas ni insolventes, en coalición o la portuguesa, necesitamos personas cualificadas con la ideología de defensa de la justicia social y el Estado del Bienestar.

a) Elaborar propuestas normativas y de desarrollo en materia de promoción de empleo, intermediación laboral y de formación para el empleo, así como su evaluación y actualización y la propuesta de objetivos, estrategias y metodología de actuaciones en colaboración con las comunidades autónomas e interlocutores sociales.

b) Efectuar la gestión y seguimiento de los programas de políticas activas en materia de empleo, intermediación laboral y formación para el empleo que le corresponden normativamente, así como el establecimiento de los procesos de gestión y apoyo a la misma, en los territorios en los que no se ha producido el traspaso de competencias.

c) Elaborar planes de control en el ámbito de sus competencias, en materia de empleo, intermediación laboral y de formación para el empleo, así como proponer objetivos y actuaciones conjuntas con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

d) Programar y justificar las actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en materia de empleo y formación.

e) Tramitar los procedimientos de reintegros y sancionadores.

f) Efectuar la gestión, seguimiento y control de los incentivos a la contratación a través de las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social y de la gestión de los fondos y de las acciones formativas que le correspondan.

g) Diseñar los modelos oficiales de contratos de trabajo en consonancia con la normativa reguladora de los mismos, así como determinar los contenidos de la información y garantizar el registro de las comunicaciones de las contrataciones efectuadas en todo el territorio del Estado.

h) Elaborar y proponer las normas e informes sobre el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales en colaboración con otros Departamentos ministeriales afectados.

i) Elaborar y actualizar los Certificados Profesionales y las pruebas de evaluación, así como efectuar el registro general de dichos Certificados de Profesionalidad expedidos y de las acreditaciones parciales en colaboración con otros departamentos ministeriales afectados.

j) Coordinar la red de Centros de Referencia Nacional en colaboración con otros Departamentos ministeriales afectados.

k) La coordinación que corresponda en relación con la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

l) Elaborar y proponer el Plan de Actividades y presupuesto anual de la Red EURES-España en coordinación con los Servicios Públicos de Empleo autonómicos.