En la novela de Orwell 1984 hay una escena en la que el Hermano Mayor y su estructura opresiva organizan diariamente lo que llaman “Los dos minutos de odio”. Durante ese tiempo, las telepantallas emiten información sobre enemigos del sistema hacia los que los miembros del partido deben expresar su ira. La derecha carpetovetónica española, el Partido Popular y Vox, también organizan los minutos de odio hacía la mayoría parlamentaria salida de las urnas en los últimos comicios y que investirá como presidente del gobierno a Pedro Sánchez. En ese tumulto distópico orquestado por el rancio conservadurismo están de forma extemporánea gran parte de la judicatura, un sector de las fuerzas de orden público y el monarca, que siguen los dictados orgánicos del concepto franquista de los poderes del Estado: mando único y diversidad de funciones. No es que Montesquieu haya muerto en España, es que nunca estuvo vivo.
La gravedad de considerar ilegítima la mayoría parlamentaria que lo es por el voto democráticamente emitido afirmando, como ha hecho Feijóo, que eso no es lo que votaron los españoles, el ruido preventivo de togas por las resoluciones que pueda tomar esa mayoría parlamentaría legítima, los reparos de algunas asociaciones de las fuerzas de orden público hacía la independencia del poder legislativo, el acoso violento a las sedes del PSOE, configuran un espacio de entorpecimiento de la convivencia democrática. Pero lo más grave es que PP y Vox se nieguen a reconocer esa España mayoritaria que representa el Congreso y, como consecuencia, la imposibilidad de actuar en la vida pública democráticamente por ignorar la realidad del país.
Incendiar la calle, organizar “los dos minutos de odio” contra el oponente político es un intento demodé de instalar a España y a la mayoría de los ciudadanos en un tiempo destinado a pasar
Incendiar la calle, organizar “los dos minutos de odio” contra el oponente político, judicializar la vida pública, dificultar la vida democrática en nombre de la democracia, hacer del embeleco un insolente relato, ejercer un redivivo franquismo, es un intento demodé de instalar a España y a la mayoría de los ciudadanos en un tiempo destinado a pasar. El intento espurio de hacer del adversario político objeto de orden público y criminalización es una retórica derechista sumamente peligrosa, sobre todo, para el propio régimen del 78 por su entonces presunta incapacidad para acoger todas las sensibilidades políticas de las mayoría sociales.
En este contexto, el conjunto de la derecha y ultraderecha en España, difícil de diferenciar en ocasiones por su origen común franquista, propician que el debate político se diluya hasta convertirse en un territorio de violencia verbal donde todo se sustancia en una dualidad segregativa entre patriotas y traidores, buenos y malos españoles, en una voluntad autoritaria de exclusión de los que no comparten la ideología ultraconservadora en un formato antidemocrático donde la política solo puede contemplarse como una relación de vencedores y vencidos. La derecha española, siempre colgada del risco del godo Pelayo, es la heredera de ese patriotismo excluyente y dramáticamente represivo que considera enemigos de España a los que no comulgan con su visión ideológica de una nación que dividen en buenos y malos españoles y donde el adversario político es criminalizado en un deterioro del debate público, solapado por una judicialización de la política y una politización impropia de los órganos neutrales del Estado que intentan convertir al adversario político en delincuente común. Todo ello en el ámbito de una apelación permanente del conservadurismo al descrédito de la representatividad democrática del contrario en nombre de una supuesta superioridad moral sobre las organizaciones políticas y la ciudadanía que las vota llevando el formato polémico de la vida pública a una crispación permanente sobre el déficit democrático de la negación de la licitud del adversario político a participar en la vida pública.
