De nuevo la gestión de la sanidad pública realizada por los gobiernos del PP está en el punto de mira. Y de nuevo es Madrid la protagonista de presuntos delitos de corrupción.
El colectivo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad) presentó este martes ante la Fiscalía contra la Corrupción una denuncia contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid por presunto fraude en la adjudicación de contratos menores en la sanidad pública madrileña.
La denuncia se ha hecho contra la cúpula de la Consejería de Sanidad y los responsables de la mayoría de los hospitales madrileños por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude, “por fuertes evidencias de fraccionamiento en numerosos contratos menores firmados en el año 2016”.
El periodo referido corresponde al Gobierno de Cristina Cifuentes, cuyo consejero de Sanidad era por aquel entonces Jesús Sánchez Martos, reprobado por la Asamblea de Madrid por su gestión al frente de la consejería madrileña. No fue hasta mediados de 2015 cuando la Comunidad de Madrid empezó a hacer públicos los datos sobre contratos menores, es decir, aquellos que no requieren publicidad previa ni concurso público. La fuente de información es, por tanto, la propia Comunidad de Madrid, a través de su portal de contratación pública.
Pues bien, tras un dilatado y exhaustivo trabajo de investigación del periodo 2016 y 2017, Audita Sanidad ha puesto negro sobre blanco los datos que podrían demostrar el presunto fraude y que ahora deberá dirimir la Fiscalía Anticorrupción.
En 2016, solo el 0,3% de los contratos firmados por la Consejería de Sanidad de Madrid fueron por licitación pública
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid firmó en 2016 un total de 486.562 contratos por un valor de 1.402 millones de euros.
El 99,7% del total son contratos menores (485.119), mientras que solo el 0,3% fueron adjudicados por licitación pública.
El importe en contratos menores alcanzó los 632 millones de euros, es decir, el 49,8% del valor total de los contratos.
El fraccionamiento de contratos está prohibido por la Ley 3/2011 de Contratos del Sector Público (aún en vigor en 2016 y 2017), que en su artículo 86.2 establece que “no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”.
Recordar que los contratos menores, según a ley referida, son aquellos cuyo precio sea inferior a 50.000 euros en caso de obras, o a 18.000 euros en el resto (suministro, servicio…).
SALTARSE EL CONCURSO PÚBLICO
Estas prácticas, en caso de ser reconocidas como delito por parte de la Fiscalía Anticorrupción, como apuntan todos los indicios, no buscan más que evitar la licitación pública, poco conveniente a la hora de elegir a la empresa contratada. Se trata de ir concatenando sucesivamente contratos menores similares, precisamente cuantos estos deberían ser la excepción en la contratación pública. Y en la mayoría de centros de gastos analizados por Audita Sanidad hay sospecha de fraccionamiento de contratos.
"El uso de la figura del contrato menor va en contra de la libre competencia y libre concurrencia de las empresas", sostiene Audita Sanidad
Además de la denuncia presentada en la Fiscalía, el colectivo también ha hecho entrega de la misma a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y al Tribunal de Cuentas. Audita Sanidad resalta que “el uso indebido y repetido de contratación vía contrato menor conculca el derecho de competencia”, al tiempo que “el reiterado uso y abuso de contratos menores no solo infringe la ley, sino que además es económica y socialmente dañino”.
40.000 millones de euros de sobrecostes
Al respecto, recordar que la CNMC calcula que anualmente los sobrecostes por falta de competencia en la contratación pública se elevan a 40.000 millones de euros.
A ello se añade que la Cámara de Cuentas de Madrid ya ha advertido del abuso generalizado de los contratos menores, fraccionamiento, prórroga fraudulenta de contratos y violación de contratos del sector público.
MILES DE EMPRESAS IMPLICADAS
En la relatoría realizada por Audita Sanidad referido a 2016, figuran hasta 3.441 empresas adjudicatarias de contratos menores
Solo las 20 primeras reciben el 30,2% de los contratos y el 45,5% del importe total.
El colectivo ha analizado como caso particular el del Grupo Siemens, proveedor de la mayor parte de los centros de gasto de la Consejería de Sanidad (SUMMA 112 y la mayoría de los hospitales).
Los datos analizados hacen sospechar de la existencia de 37 empresas “fantasmas” denominadas todas como Siemens Healthcare SL pero con CIF diferentes.
La suma total arroja que Siemens firmó en 2016, un total de 3.095 contratos menores por un importe de casi 8 millones de euros, de los cuales, 2.044 (más de 7 millones) estarían bajo sospecha de fraccionamiento.
Ranking de las 20 primeras empresas adjudicatarias de contratos menores en 2017. Importe en euros. Fuente: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.
Elaboración Audita Sanidad.
El Hospital Central de la Cruz Roja se lleva la palma
Por centros de gasto y por valor total de los contratos menores, en 2016 destaca el Hospital Central de Cruz Roja con un total de 98.658 contratos menores y un importe a los 110 millones de euros.
Fuente: Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Elaboración Audita Sanidad.
Audita Sanidad también ha analizado los datos de 2017 y prevé presentar otra denuncia el próximo otoño.
En ese año se formalizaron 570.031 contratos menores por un importe de 772.458.397,51 euros.
Fuente: Portal de la Contratación Pública. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Elaboración Audita Sanidad.
*Todos los importes referidos en la información son sin IVA
