Las pasadas elecciones del 23-J han puesto a prueba, una vez más, con éxito, a nuestra propia democracia. Sin duda, las mencionadas elecciones ─consideradas por algunos como históricas─ han transcurrida sin grandes problemas y han contado con una notable participación, a pesar del calor y de que una buena parte de los ciudadanos están de vacaciones (el eficaz y bien administrado voto por correo ha sido determinante: lo han utilizado casi dos millones y medio de electores). Dicho esto, no debemos olvidar que la campaña ha sido particularmente bronca (“que te vote Txapote”, el “Falcon”, la “derogación del sanchismo” y demás lindezas programadas por las derechas), llena de mentiras y falsedades, sin contenido sobre ideas y programas ilusionantes y con un escaso protagonismo de los partidos políticos, muy desmovilizados, ante el auge del marketing político contratado en el mercado publicitario y audiovisual con el fin de remover emociones desde la visceralidad y al margen de la realidad social.
Ni siquiera Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han tenido oportunidad de rendir cuentas de la gestión realizada al frente del Gobierno de coalición. Lo más grave de todo ha sido que el reparto y la gestión de los fondos recibidos de la Unión Europea (UE), los ERTE, la reforma laboral, el incremento del SMI, el ingreso mínimo vital, el incremento de las pensiones, los servicios públicos, el cambio climático, las políticas de igualdad y el crecimiento de la economía en general (PIB) ─en un contexto de crisis sin precedentes conocidos─ han pasado desapercibidos en la campaña, al margen de que tampoco se han debatido las propuestas y alternativas programáticas de los partidos políticos para los próximos cuatro años. En este sentido, es muy significativo que no se dieran a conocer las propuestas económicas y sociales del PP y que Núñez Feijóo fuera remiso a participar en debates electorales.
El PP ha ganado las elecciones en votos y escaños (137) ─sin cubrir en absoluto sus expectativas─, a costa de Vox y de la influencia del llamado voto útil, aunque no alcanza la mayoría absoluta, ni siquiera con Vox, y tampoco consigue sumar más escaños que el PSOE (121) y Sumar (31). Por eso tendrá serios problemas para gobernar, a pesar de ser la lista más votada. La consecuencia de todo ello resulta evidente: nos espera un debate intenso, una dura negociación y, finalmente, concitar acuerdos en el parlamento de la nación para lograr la investidura; dando por hecho que el PP intentará su nominación a la investidura en una primera instancia.
El PSOE pierde las elecciones, pero sortea los peores pronósticos, obtiene casi un millón de votos más que hace cuatro años y mantiene intactas sus expectativas de poder gobernar con el apoyo de Sumar y de la mayoría de los partidos del arco parlamentario, al amparo de los excelentes resultados obtenidos en Cataluña y el País Vasco. En este contexto electoral nadie quiere repetir las elecciones, sobre todo cuando España preside la UE; incluso, el PP apela al voto de la lista más votada ─para evitar la repetición de elecciones─ sin tener en cuenta que ello no garantiza la gobernabilidad futura, y que nuestro sistema es parlamentario y no presidencial, como se ha demostrado recientemente en Extremadura y Canarias. Tampoco se vislumbra en la actualidad un gobierno de concentración entre el PP y el PSOE ─que preconizan la CEOE y algunos poderes fácticos y mediáticos─, sobre todo cuando muchos electores han rechazado, con su voto responsable, las políticas reaccionarias y aprobado mayoritariamente la gestión del Gobierno de coalición.
Otros resultados relevantes son dignos de mención: el desplome de los partidos independentistas en Cataluña; la consolidación de EH Bildu, superando al PNV en el País Vasco; el fracaso sin paliativos de Vox (ha perdido más de 600.000 votos), condenado a una escasa relevancia política en esta legislatura; y la escasa presencia del PP en Cataluña y el País Vasco, al margen de su corrosiva dependencia de Vox para gobernar en el conjunto del Estado.
Como consecuencia, los grandes retos políticos, económicos y sociales deberán esperar a que se aborden por el futuro gobierno: consolidar el protagonismo de España en la Unión Europea (seguir gestionando los fondos de la UE) y en el concierto internacional (OTAN, Marruecos, invasión de Ucrania…); fomentar el empleo y mejorar el mercado de trabajo; abordar a fondo la protección social (sistema público de pensiones, dependencia, desempleo e ingreso mínimo vital); los servicios públicos (fortalecer la sanidad y la educación públicas); la vivienda y el alquiler social; el cambio climático (sequía y transición energética); la digitalización de nuestra economía; el fenómeno de las migraciones; la reforma fiscal en profundidad (fraude y evasión fiscal, incremento de los ingresos de las rentas altas y del capital…); el respeto a las libertades individuales; el alza de los precios; y, finalmente, el debate territorial (Cataluña y el País Vasco, además de los problemas derivados de la “España vacía” y de la financiación autonómica).
El futuro gobierno debería contar con la colaboración responsable de la oposición, el poder de las CCAA, los sindicatos y empresarios y, desde luego, con el conjunto de la sociedad civil
En esta descomunal tarea, el futuro gobierno debería contar con la colaboración responsable de la oposición, el poder de las CCAA, los sindicatos y empresarios y, desde luego, con el conjunto de la sociedad civil para no repetir lo ocurrido en la pasada legislatura, ante la nula visión de Estado y la radical intransigencia del PP (lo sucedido con la renovación del Consejo General del Poder Judicial resulta intolerable). Por otra parte, la gestión del Gobierno debe ser transparente y la información debe garantizar la participación y el debate sobre las grandes decisiones políticas que aquel deba tomar en asuntos particularmente relevantes.
En este sentido, el PP, por una parte, y el PSOE y Sumar por otra, deberían presentar sendas propuestas políticas de mínimos (para comenzar a dialogar con la intención de concitar apoyos para la investidura), que tengan en cuenta nuestra situación económica y, más en concreto, nuestras necesidades de inversión pública, la financiación de las políticas sociales, la recaudación fiscal y, por lo tanto, el déficit y la deuda pública, entre otras grandes medidas. Sin olvidar nunca que los ciudadanos exigen a cualquier gobierno que garantice el funcionamiento eficaz de las administraciones y de los servicios públicos, la igualdad de oportunidades y la justicia social en un marco respetuoso con las libertades.
España debe rechazar la cultura de la crispación y, sobre todo, las políticas de austeridad que algunos están proponiendo en la UE
En todo caso, España debe rechazar la cultura de la crispación y, sobre todo, las políticas de austeridad que algunos están proponiendo en la UE, y también en nuestro país, por sus efectos perniciosos en el empleo, la inversión y las políticas sociales. La UE, y en particular España, tiene sobrada experiencia de los cuantiosos destrozos que podrían causar de nuevo las políticas de austeridad en el crecimiento de la economía y, lo que es más grave, en el bienestar de los ciudadanos.
En definitiva, el futuro gobierno deberá ser previsible en la defensa de la Constitución Española; proteger a los más vulnerables y respetar el Estado de bienestar social; introducir también certidumbre y seguridad en los ciudadanos; y, desde luego, ser rotundo y creíble a la hora de defender la libertad y la democracia. En este marco, la oposición política debe actuar con sentido de Estado y los jóvenes deberían incorporarse con urgencia al debate político, simplemente porque representan el futuro y la modernidad en la lucha permanente contra las desigualdades sociales. En cualquier caso, debemos seguir avanzando ─sobre todo en materia educativa y cultura democrática ─ en función de lo visto en la reciente campaña electoral. Esperar y ver.
