Esta serie la comencé a escribir en enero del 2016
Una vez expresado en mi anterior artículo que antes de abordar el problema del paro, las pensiones, y los problemas que se derivan de nuestra entrada en la UE, era preciso dirigirme a vosotros al objeto de que nos concienciáramos que es preciso despertar, me encuentro obligado nuevamente a posponer asuntos tan urgentes, en función de que antes de planteárnoslos, tenemos que asumir que estos problemas se generan como consecuencia de un sistema de relaciones económico/sociales que constituye un auténtico desbarro. Ante esta tesitura considero que es necesario, cuando menos, esbozar el prototipo de un modelo en el que las disfunciones que se producen en el que estamos padeciendo, sean minimizadas a través del concurso que nos pueda brindar el control informático.
Hasta el momento y en casi todas la culturas hemos venido conformado una estructuración social y política en la que hemos permitido y se han desarrollado unos poderes, que al contemplarnos como números, somos algo, que aunque sumen, (debido a la propiedad conmutativa de la suma) pueden ser manejados sin que con ello se altere el resultado; somos dígitos a los que, teniendo en cuenta que lo que esté representando al minuendo siempre será una suma del sustraendo y de la diferencia que exista entre ambos (como la representación de un todo en el que se está llevando a cabo la existencia de una sustracción), el que se nos despoje de una parte de nuestro contenido sólo puede ser considerado como una operación asépticamente aritmética; una función totalmente compatible con la naturaleza de la resta; como conjunto, somos una magnitud que en el caso de que no sea deseable su multiplicación, sencillamente se puede dividir reduciéndola a un cociente que con respecto a la cuantía que sea preciso atribuirle al resto, no cuestione la significación y la vigencia de aquéllos que puedan hacer uso de las cuatro reglas; somos un resultado en el que la democracia; es decir el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo, nunca llegó a existir; un resultado al que con nuestra falta de participación hemos de atribuirle aquello de que, como pueblo, no nos merecemos más que los alcaldes que tenemos.
En consecuencia hemos de perseguir que el Estado sea una conformación en la que su gobierno sea llevado a cabo por aquéllos que no tengan como su único objetivo el gobernar. Hemos de perseguir que el Estado (rememorando a Webber), no sea una coacción legitimada que haciendo uso de la fuerza que como Poder se ha conferido, ejerza el monopolio de la violencia. Y es que al haberlo permitido, hemos consolidado la tiranía de los que se consideran excelentes.
Abundando en este razonamiento estimo pertinente sacar a colación las opiniones que en relación a la utilización con la que nos determinan los Estados, Norberto Bobbio le atribuyó a Carlos Marx:
“El Estado (tal como lo conocemos), no es el reino de la razón, sino de la fuerza" Actualmente, el Estado moderno, como tal, está concebido única y exclusivamente como una herramienta coercitiva que se dedica a extraer todos los recursos posibles de sus miembros hasta dejarlos agónicos, pero sin llegar a matarlos completamente. Esto es lo que se denomina desde algunos frentes del pensamiento como el socialismo vegetariano. ¿Para qué queremos pensar si ya tenemos un control superior que lo haga por nosotros; o para qué queremos ejercer la libertad, si es preferible vivir bajo la huella de una violencia legitimada?”
Más allá del Derecho, deben de existir los derechos. Son éstos los que fundamentan la vigencia de aquél. Eran éstos los que a través de la palabra exponían los atenienses en las Eklessias. Serán éstos los que en el futuro podrán conformar un “gobierno de todos”. Es decir, un gobierno en el que las decisiones que se hayan de adoptar, al ser verdaderamente democráticas, no estén determinadas por los intereses de unas élites y unos poderes económicos que, con su manera de interpretar lo que debe ser la democracia, sólo están garantizando la continuidad de su existencia.
Hemos de ser conscientes de las razones por las que la democracia, como consecuencia de la subjetivación con la que prostituimos casi todas las buenas intenciones que a veces solemos rumiar los humanos, llegó a ser calificada como el peor sistema político, exceptuando todos los demás. Ni la democracia fue patrimonio de una Atenas en la que no se contemplaban los derechos de las mujeres, ni se rechazaba la existencia de la esclavitud. Ni en función de los excesos que se cometieron, ser asumida como procedente, tanto por Aristóteles como por Platón. A lo largo de los siglos y hasta el XVIII y XIX, la democracia se consideró como un modelo decadente. Un régimen en el que, debido a una incultura conscientemente asumida como realidad e instintivamente como injusta, nos llevó a la inestabilidad y a la anarquía. Incluso Montesquieu consideró que el pueblo debía ser dirigido por aquéllos, que demostrando su valía, obtuvieran la representatividad que les concedieran las urnas. Lo que ocurre es que, de la misma manera que las pasiones que se suscitan en las masas acostumbran degenerar en un caos generalizado, las subjetividades de los excelentes (en contraposición a Ortega), la mayor parte de las veces no hacen más que racionalizar la vigencia de la degeneración racionalmente subjetivada. Como nos viene a demostrar el gobierno de los tecnócratas.
Una democracia real no es un plato de buen gusto para aquéllos que se consideran superiores. Una democracia real, debido a que en ella se ha de sintetizar una voluntad general, ha de ser estructurada a través de una ponderación y un compromiso por parte de la generalidad; una ponderación y un compromiso que estarían condicionando las megalomanías de los excelentes. Yo opino que lo que haya de ser, lo han de decidir aquéllos que tengan que sufrirlo o disfrutarlo. No unas excelencias que nos lo hayan de dar hecho. A mi entender, las funciones que estas excelencias deberán desarrollar, se tendrán que ceñir a mostrarnos la procedencia o en su caso inconveniencias que se pudieran derivar de los supuestos contemplados por la ciudadanía; y una vez decantado y asumido lo que se hubiera considerado como más aconsejable, dejar que sea la ciudadanía la que emita la palabra.
