El primer intento de investidura, después de las elecciones generales del 23-J, ha concluido sin ningún tipo de sorpresas. Como estaba previsto, Núñez Feijóo, lastrado por su bochornoso acuerdo con Vox, ha sido ratificado como “líder de la oposición”, a la espera de la segunda investidura encaminada a nominar a Pedro Sánchez como presidente del nuevo gobierno, de acuerdo con lo que determina nuestra Constitución.
Pedro Sánchez no lo tendrá nada fácil para ser investido y, mucho menos, para gobernar este país en los próximos años. Depende de Sumar (Yolanda Díaz) y de lo que esta formación política representa en la confluencia de las distintas sensibilidades sociales a la izquierda del PSOE. También de los nacionalistas e independentistas del País Vasco y de Cataluña. Especialmente compleja resulta la situación de Junts y de Esquerra Republicana (ERC), en la pugna por alcanzar la mayoría electoral en Cataluña, después del reciente descalabro electoral a manos de los excelentes resultados del recuperado PSC-PSOE.
Dos son las reivindicaciones comunes de los independentistas catalanes: la autodeterminación (el “derecho a decidir”) y la amnistía para los implicados en el intento de referéndum sobre la independencia de Cataluña. En definitiva, Junts y ERC exigen que se reconozca el “problema político” de Cataluña y el derecho a decidir de manera unilateral; por lo tanto, al margen de la Constitución española. Como alternativa, el PSOE ofrece, en el proceso de diálogo abierto, acuerdos a corto y medio plazo a partir del Estatuto de autonomía, que se deben ratificar (consultar) en el parlamento de la Nación y en Cataluña en la perspectiva de alcanzar un Estado federal en nuestro país.
Junts y ERC exigen que se reconozca el “problema político” de Cataluña y el derecho a decidir de manera unilateral
En relación con la amnistía —según la mayoría de los juristas puede encajar en la Constitución, de lo contrario el debate no tendría sentido, excepto si se planteara la reforma de la Constitución—, lo primero que exigen es que se eliminen todos los efectos jurídicos y legales de la seudoconsulta celebrada en su día en Cataluña. Es conveniente reseñar, de entrada, que ligar la amnistía a la investidura tiene unos efectos estéticos muy negativos (“cambio de cromos”) y, en términos políticos, consecuencias de carácter emocional y electoral que pueden ser muy perniciosas y contraproducentes para los no catalanes. Dicho de otra manera, la amnistía no se hubiera planteado en estos momentos si no estuviéramos en un proceso de investidura y Pedro Sánchez necesitara los votos de los independentistas catalanes.
A pesar de todo ello, los ciudadanos aceptarían una amnistía como el epílogo de un acuerdo amplio entre catalanes y de éstos con el Estado, que contemple la investidura y la gobernabilidad y, en todo caso, signifique un serio avance en la convivencia en Cataluña y en su encaje en el conjunto del Estado, lo que requiere tiempo suficiente y una serie de contrapartidas fácilmente comprensibles: el no repetir su desacato a la Constitución y renunciar a la unilateralidad, entre otras medidas. En todo caso, la figura de Puigdemont representa de entrada un obstáculo aparentemente insalvable (huido de la justicia), junto a la actitud beligerante y de confrontación anunciada por el PP y Vox, que añadirá también nuevas dificultades a la investidura de Pedro Sánchez y a la posterior gobernabilidad, lo que, como consecuencia, nos podría abocar a la repetición de elecciones.
Dentro del PSOE también se alzan voces poderosas y muy críticas (aunque minoritarias) ante el hipotético acuerdo con los independentistas y, en concreto, ante la concesión de la amnistía, sin ni siquiera esperar a conocer los términos de los compromisos asumidos. Se trata de afiliados, con notoria responsabilidad en el pasado, que no han reconocido a Pedro Sánchez como secretario general y nunca han aceptado a Unidas Podemos (ahora Sumar) como socio en un gobierno de coalición. Esta actitud, respetable pero no compartida por la gran mayoría, adolece de falta de alternativas para responder a la compleja situación actual, como no sea apostar por un gobierno de concentración con el PP presidido por Núñez Feijóo, lo que significaría renunciar a una política de izquierdas y blanquear a un partido que ha hecho bandera de una política encaminada a “derogar el sanchismo” y bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, al margen de las repetidas y obscenas concesiones ideológicas y políticas a Vox.
Ligar la amnistía a la investidura tiene unos efectos estéticos muy negativos y consecuencias de carácter emocional y electoral que pueden ser muy perniciosas
Estos afiliados son, además, especialmente críticos con la actual democracia interna del PSOE. Efectivamente, desde los tiempos de Felipe González y Alfonso Guerra la participación, el debate y la rendición de cuentas en el PSOE tienen serias carencias y limitaciones y, como consecuencia, la concentración del poder en unas pocas manos es muy fuerte y por lo tanto criticable.
Precisamente, esta crítica compartida es la que, para muchos detractores, justifican los esfuerzos que están realizando algunos significados afiliados para que Pedro Sánchez salga del Gobierno. Su argumento es que Pedro Sánchez en la oposición sería, en términos políticos, mucho más vulnerable, lo que facilitaría su cese y posterior sustitución como secretario general del PSOE. Una sustitución encaminada, con muy escaso fundamento y credibilidad, a recuperar la democracia interna en el seno del PSOE, lo que previsiblemente abriría una guerra interna de efectos muy graves y negativos.
Esta reflexión pudiera ser considerada como tal si no conllevara el apoyo implícito al PP (y a Vox) para que gobiernen las “derechas” en los próximos años. Sobre todo, cuando estamos comprobando los efectos nocivos de su política en las Comunidades Autónomas y ayuntamientos, donde ocupan el poder absoluto, al margen de los estragos que un gobierno de esta naturaleza produciría en la UE y en nuestro país en términos políticos, económicos y sociales.
Como conclusión: es razonable intentar no repetir las elecciones generales en enero; sin embargo, la investidura no se debe alcanzar renunciando a valores consustanciales a la izquierda. No debemos olvidar que hay muchos intereses en juego y que, por lo tanto, se presiona a Pedro Sánchez en todas las direcciones. Incluso, existen presiones de dirigentes dentro del PSOE y de Sumar para que Pedro Sánchez haga concesiones inconfesables a los independentistas con el propósito de seguir manteniendo sus actuales cuotas de poder en un hipotético nuevo gobierno. En esta encrucijada, los partidos deben estar por encima de todos los personalismos y las decisiones que se tomen deben ser coherentes con los principios que han identificado a la izquierda: la igualdad, la justicia y el progreso social.
Es razonable intentar no repetir las elecciones generales en enero; sin embargo, la investidura no se debe alcanzar renunciando a valores consustanciales a la izquierda
Si el PSOE y Sumar llegan a un acuerdo con los independentistas, para no repetir las elecciones e investir a Pedro Sánchez, este acuerdo debe estar presidido por la información, la transparencia y la posterior consulta dentro de cada partido y responder así a los retos pendientes para la próxima legislatura: el empleo de los jóvenes, el mercado de trabajo, la vivienda, los servicios públicos, la inmigración y la fiscalidad, entre otros asuntos relevantes. Este acuerdo debe ser también el elemento esencial de la gobernabilidad y una referencia obligada en la negociación con los independentistas, desde el respeto al Estado de derecho y, en particular, a la Constitución. En todo caso, en la búsqueda de estos acuerdos, resulta imprescindible mantener la dignidad, el decoro, la credibilidad, la prudencia y el respeto —en el caso del PSOE— a unas siglas centenarias.
En último término, una actitud coherente con estos preceptos, ante una hipotética repetición de las elecciones, no tiene por qué ser una debacle para el PSOE y Sumar, y menos para la democracia, la izquierda y el conjunto de los trabajadores. Por eso, es bueno intentar investir a Pedro Sánchez, pero nunca a un elevado precio que no se pueda explicar y justificar.
