Los españoles parecemos abonados al conmigo o contra mí. Por eso sorprende tanto que más allá de la polarización política haya temas en torno a los que pueda hablarse de una cierta unaminidad, independientemente del partido a que se vote. Es el caso de la materia impositiva, como demuestra el estudio 'Opinión pública y política fiscal (XXXVII)' realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
De los datos de este estudio se deduce que la opinión de los españoles sobre nuestro Estado de bienestar, la fiscalidad y el fraude fiscal es bastante transversal. De hecho, todos los votantes de los distintos partidos consideran que a Enseñanza, Sanidad, Seguridad Social y Pensiones y Dependencia se dedican muy pocos recursos
En cuanto a los impuestos, seis de cada diez españoles, ideologías políticas y votos al margen, se muestran partidarios de que los impuestos se recauden sobre todo con tributos directos tipo IRPF (según la renta o la riqueza de las personas o empresas). En esta misma línea, más de 77% de los encuestados por este organismo piensa que los impuestos no se cobran con justicia, o lo que es lo mismo, que no pagan más quienes más tienen.
Por eso, como ya expuse ante la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España, urge dotar al sistema de una mayor progresividad, para lo que tendrían que aportar más los contribuyentes con mayor capacidad.
Por otra parte, casi el 90% de los ciudadanos opina que existe bastante o mucho fraude fiscal. Una opinión bastante similar entre los partidarios de los cinco grupos políticos más votados en las últimas elecciones generales. Como parecida resulta la consideración, para más del 60% de los encuestados, de que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para luchar contra él.
¿Por qué no acercan posturas los distintos grupos políticos para desarrollar un proyecto ambicioso de prevención y lucha contra el fraude, a sabiendas de que sería posible recaudar a medio plazo unos 34.500 millones adicionales cada año?
Vistas las opiniones en un extremo y otro del arco parlamentario, ¿por qué no acercan posturas los distintos grupos políticos para desarrollar un proyecto ambicioso de prevención y lucha contra el fraude, a sabiendas de que sería posible recaudar a medio plazo unos 34.500 millones adicionales cada año?
Y atendiendo a lo que dicen los españoles, ¿por qué no desplaza Hacienda la investigación hacia las grandes fortunas y corporaciones empresariales? Desde Gestha ya advertimos de que la tasa de impunidad de los defraudadores fiscales es del 80%, después de que se publicara que la recaudación de la lucha contra el fraude de la Agencia Tributaria en 2019 alcanzó los 15.714 millones de euros, cifra muy similar a la de los 15.664 millones de 2015, lo que indicaría que nuestro modelo de control tributario está agotado.
En cualquier caso, los Técnicos volvemos a pedir a todas las fuerzas políticas que tomen nota de la opinión mayoritaria de sus votantes y aborden la necesaria reforma fiscal integral para dar solución a los tres graves problemas de nuestro sistema fiscal: falta de suficiencia para mantener y reforzar nuestro Estado de bienestar, falta de equidad y un nivel muy alto de economía sumergida y fraude fiscal.
Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)
Información adicional a este artículo
Entrevista a Carlos Cruzado en Nuevatribuna
