¿En qué democracia se detiene a un niño y se le precintan las manos?; ¿En qué democracia la policía arremete a balazos contra legítimas protestas?; ¿En qué democracia se criminaliza la pobreza?; ¿En qué democracia el Estado ordena eliminar toda voz opositora?.
La Argentina de Macri responde a estas preguntas con rotundas muestras de un ejercicio de poder que vulnera los derechos y las garantías de los ciudadanos. Clara demostración de la impunidad con la que el gobierno atenta contra la democracia, es la que ayer dejó explícita la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al referirse al accionar de las fuerzas de seguridad en el operativo de desalojo en el que fue asesinado Rafael Nahuel. “No tenemos por qué dudar de lo que hacen nuestras fuerzas de seguridad”, dijo, aún sabiendo que el joven fue asesinado de un balazo mientras estaba de espaldas al Grupo Albatros (Fuerzas de Seguridad) y desarmado.
En la democracia de Macri, las fuerzas de seguridad han disparado contra comedores comunitarios, contra desocupados, docentes, estatales, murgueros, pueblos originarios, trabajadores de PepsiCo, de Lear, de Ledesma. Sistemáticamente se ha reprimido a palos y balazos todos y cada uno de los reclamos que han hecho diversos sectores de la sociedad, en lo que va de gobierno.
Durante su comparecencia ante la prensa, la Ministra de Seguridad sostuvo que “los mapuches no respetan la ley ni los símbolos”, y con esto dio por justificado el asesinato del joven de 22 años, Rafael Nahuel.
La impunidad con la que opera el gobierno argentino tiene el inmenso respaldo de los medios de comunicación que construyen una realidad que pretende justificar la violencia institucional. Del mismo modo que durante última dictadura militar Clarín y La Nación adjetivaban desde sus titulares con la intención de naturalizar la persecución y muerte de opositores al régimen, ahora lo hacen criminalizando a las víctimas del Estado. Mientras el diario El País de España habla de “asesinato”, en el caso del joven Nahuel; los medios afines y socios del poder afirman que se trató de un “enfrentamiento”, pretendiendo de esta manera justificar el accionar de las fuerzas comandadas por Patricia Bullrich.
Esta construcción de un “enemigo interno” que pretende desestabilizar el orden democrático del país, es un viejo recurso que aún siguen digiriendo los espectadores menos criteriosos. Argentina ya vivió la experiencia de ser el chivo expiatorio para ocultar los intereses de los capitalistas y de la oligarquía. Parte de lo que la derecha considera “progreso”, es la extranjerización de las tierras y los grandes negocios de los que se beneficia el gobierno en estas operaciones. De manera que la existencia de un enemigo interno que socava las bases mismas de la nación argentina, es el relato oficial que los medios instalan; demoliendo cualquier posibilidad de razonamiento acerca de opresores y oprimidos, y silenciando esta nueva etapa de una Argentina semicolonia entregada a las multinacionales y a los terratenientes extranjeros, amigos y socios del actual presidente.
La Ministra de Seguridad ignora que esa ley que, según asegura, los mapuches no respetan, es la que en 1994 se incluyó en la Reforma de la Constitución y que, en su artículo 75 inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Originarios, garantiza el respeto a su identidad, educación bilingüe e intercultural, personería jurídica de sus comunidades, posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan.
En el ejercicio de la brutalidad que ya es un rasgo distintivo del gobierno de Mauricio Macri, se ha incluido ayer la detención de niños de cuatro años a quienes les fueron precintadas sus manos. La muerte de Santiago Maldonado se enmarcó en la persecución de la que los mapuches son objeto; así como también el asesinato de Rafael Nahuel, desarmado y de espaldas al Grupo Albatros.
No hay enemigo interno en Argentina. O, en todo caso, la historia deberá revisar este trágico período para identificar a los verdaderos enemigos de la patria. (Imagen: Niña mapuche con las manos precintadas por la Gendarmería argentina)