La Autoridad Laboral Europea va a luchar contra el trabajo no declarado en la Unión Europea, gestionando una plataforma a la que podrán acceder las autoridades laborales nacionales
Por Conchi González | “La conciencia, eso puede volverme loco”, decía el personaje de Marlon Brando en la película La ley del silencio. Y es que a veces, cuando nuestra conciencia es más fuerte que nuestro miedo, podemos romper la ley del silencio, aunque menos veces de las que deberíamos. Desde el año 1906 la Inspección de Trabajo española ha estado ahí para ayudar a esas y esos valientes que rompen el silencio cada día, haciendo que aquel “por mí y por todos mis compañeros” que gritábamos de niños cuando jugábamos se convierta en algo serio, muy serio.
Desde el pasado mes de abril contamos con otra ayuda para romper el silencio ya que el Parlamento Europeo ha aprobado la creación de la Autoridad Laboral Europea (ELA), la cual va a velar por el cumplimiento de las normas de la Unión Europea (UE) que protegen a los trabajadores que son desplazados a otros Estados miembros para trabajar allí (normas sobre movilidad laboral) y de las normas que coordinan los sistemas de Seguridad Social. Y es que actualmente unos diecisiete millones de europeos viven en otro Estado miembro distinto del de su origen, casi el doble que hace diez años cuando comenzó la crisis económica. De ellos, unos trece millones están en edad de trabajar. Por ello, la movilidad laboral dentro de la Unión Europea no es un tema baladí aunque no aparezca mucho en los titulares, quizás porque la sombra del Brexit es alargada y por ella estamos dejando de hablar de otros asuntos que nos afectan como europeos. Quizás también porque lo social ha sido siempre la Cenicienta de este cuento europeo que llevamos contando desde hace sesenta y dos años, en el que ha existido siempre una asimetría entre mercado único y derechos sociales: mientras que las libertades económicas asociadas al mercado único han sido competencias comunitarias y aplicadas por igual en los Estados miembros (libertad de circulación de personas, mercancías y servicios, libertad de competencia), los derechos sociales en cambio siguen siendo competencia nacional de cada Estado miembro en su mayor parte, dando lugar a una diversidad de normativas y de autoridades laborales nacionales que dificultan la coordinación y la cooperación entre ellas.
"De hecho, tuvimos que esperar hasta el año 2017 para escuchar a un Presidente de la Comisión Europea decir algo tan evidente como... “Parece absurdo disponer de una Autoridad Bancaria que vigile las normas bancarias y no disponer de una Autoridad Laboral común para el mercado único”. Estas palabras las dijo Jean Paul Juncker, Presidente de la Comisión Europea, en su discurso sobre el Estado de la Unión en 2017 y, dos años después, tenemos a la Autoridad Laboral Europea dando sus primeros pasos. El 13 de junio se decidirá la ciudad en la que tendrá su sede (Nicosia, Bratislava, Riga y Sofia optan a ello) y en el año 2021 tendrá su propio presupuesto. En su plantilla contará, entre otros, con funcionarios de los Estados miembros que harán de enlace con las autoridades laborales nacionales, asesorados por agentes sociales de la Unión Europea y por expertos independientes nombrados por el Parlamento Europeo.
La Autoridad Laboral Europea no va a tener iniciativa propia, ya que no puede iniciar de oficio una inspección de trabajo ni tampoco tendrá iniciativa para mediar en caso de conflicto entre Estados miembros sino que éstos tendrán que solicitarle esa mediación. No obstante, va a realizar una importante labor prestando ayuda técnica a las Inspecciones de Trabajo nacionales y facilitando la cooperación entre ellas, teniendo en cuenta que cada vez son más frecuentes las inspecciones de trabajo conjuntas llevadas a cabo entre varios Estados miembros en los que operan empresas sospechosas de prácticas laborales abusivas, en especial en sectores como la construcción y el transporte. Además, la Autoridad Laboral Europea va a luchar contra el trabajo no declarado en la Unión Europea, gestionando una plataforma a la que podrán acceder las autoridades laborales nacionales que podrán compartir información y aprender las unas de las otras.
Y es que entre todos deberíamos deberíamos romper el silencio como el personaje de Marlon Brando, ya seamos empleados, clientes o proveedores de esas empresas que abusan de los trabajadores desplazados, y si no lo hacemos por nuestra conciencia deberíamos hacerlo por lo menos por nuestro bolsillo ya que esas prácticas abusivas nos cuestan cientos de millones de euros al año, como el dumping social, por el que ciertas empresas venden sus productos a precio inferior al del mercado aprovechándose de mano de obra barata procedente en su mayoría de Europa del Este, a la que no aplican las condiciones laborales del Estado miembro que les acoge para trabajar. El dumping social provoca un daño doble, tanto en el trabajador desplazado como en las empresas y trabajadores locales que no pueden competir en igualdad de condiciones, traduciéndose en un daño a largo plazo para nuestros sistemas de Seguridad Social al reducirse las cotizaciones sociales que más tarde darán lugar a pensiones de jubilación. Y el daño que provoca el dumping social es mayor aún entre las mujeres que entre los hombres, en especial en sectores como el trabajo doméstico y la asistencia domiciliaria, contribuyendo al aumento de la brecha salarial de género. Por tanto, para romper el silencio hoy, como diría Sabina, nos sobran los motivos.