Por José Bujalance | Un concepto puede tener varios significados dependiendo del contexto y de las circunstancias. Algunas veces resulta muy difícil encajar este asunto y ver todos los matices. Y en el contexto político actual el tema de las diferencias se está complicando; es el caso de la "normalidad democrática".
A muchos demócratas no nos gustaría en absoluto que se entrase dentro de esa normalidad democrática en la que nos movemos y que se empezase a tomar por tonta a la ciudadanía.
La composición de las Cámaras y la nueva realidad política nacional demandan un proceso natural e inevitable de aprendizaje. Pero la inexperiencia no esconde el hecho de que enfrentamos retos estructurales muy serios en el momento político actual.
El acoso y derribo, el ruido -incluso de sables- tras los últimos resultados electorales y la conformación del actual gobierno de coalición -en muchos sectores sociales e incluso en los mercados financieros- es explicable porque se logró lo que muy poco tiempo atrás parecía impensable. El hecho de que algo así pudiese ocurrir de forma pacífica y sin violencia fue una auténtica novedad. Pero no por el hecho mismo del cambio político, sino porque décadas de gobiernos carentes de todo tipo de supervisión hicieron irrelevantes todos los mecanismos formales de pesos y contrapesos previstos en la Constitución.
La realidad es que la Constitución prevé un conjunto de mecanismos formales de pesos y contrapesos, pero fue diseñada e instrumentada por personas que no le dieron mayor peso a su desarrollo formal, jurídico y práctico a través de las decisiones y acciones cotidianas. Ahora que, por primera vez, hay un intento de darles forma y relevancia, los obstáculos prácticos y jurídicos son enormes.
Mucho más visionario sería tomar la iniciativa en el proceso de cambio político que está ocurriendo en la práctica en el país, contrario a la manera en que se desempeñan algunos líderes de la oposición
La “normalidad democrática” que supuestamente fue alcanzada tras el cambio de régimen es un mito o, en el mejor de los casos, un buen deseo pendiente de cumplirse. Es decir, el hecho de que ahora en las Cámaras exista una amplia representación política no implica que tengamos un sistema de pesos y contrapesos debidamente instalado y funcional. No hay duda que muchos de los diputados actuales, de todos los partidos, están en la mejor disposición de cumplir su función como equilibrio en el ejercicio del poder y de los dineros públicos; tampoco hay duda que muchos de los diputados que son parte del bloque que se constituyó en gobierno tienen las mejores intenciones de servir a su país. Muchos todavía identifican un triunfo legislativo del gobierno como ilegítimo, lo que implica que la democracia todavía está por ser alcanzada. Tanto la Cámara de Diputados como el sistema político enfrentan realidades inéditas, como lo es el hecho de que la fragmentación no haga sino polarizar el ambiente social, un electorado cada vez más intolerante, una redistribución del poder político a favor de los estados o liderazgos regionales y locales y un cada vez más menguado sentido de unidad nacional.
La complejidad de la realidad política del país y de su administración difícilmente puede ser disminuida. La pretensión de democracia en este contexto es, al menos, excesiva. Los propios líderes de la oposición, saben bien que los márgenes de maniobra, sobre todo en materia económica, son sumamente estrechos, lo que no les ha impedido que con frecuencia pretendan imponer su agenda y sus intereses no sólo sobre su propia bancada, sino sobre la agenda legislativa del país. Es decir, en lugar de los estadistas que requerimos en este momento para darle forma a un sistema político más responsable, más constructivo y más democrático, lo que tenemos es un conjunto de protagonismos que pretenden imponer su voluntad sobre otros partidos, sobre el gobierno y, en última instancia, sobre los españoles (buenos y malos), como si se tratara de un concurso de intereses y voluntades particulares. La decisión de aprobar los presupuestos es un ejemplo de lo que sí se debe hacer en aras de construir una democracia moderna.
El hecho de derrotar una iniciativa gubernamental no demuestra la existencia de pesos y contrapesos, ni constituye evidencia alguna de una normalidad democrática. Lo que demuestra es que las pasiones individuales y los intereses particulares, en ocasiones los partidistas, sobre todo aquellos vinculados con la necesidad visceral de derrotar al gobierno, son superiores al reconocimiento de la enorme tarea de construcción política que tenemos por delante.
Los pesos y contrapesos no consisten en la oposición sistemática al gobierno, sino en el desarrollo de alternativas que logren objetivos que la sociedad ha determinado como prioritarios, de una manera menos costosa, más eficiente o más adecuada. Es decir, en lugar de oponerse sistemáticamente a las iniciativas gubernamentales, los diputados podrían estar planteando alternativas más idóneas a la consecución de los intereses de la sociedad en formas que a los funcionarios gubernamentales, por sus propios intereses, jamás se les pudiesen ocurrir.
El ruido constante y la falta de debate que los ciudadanos observamos sugiere que hay muy poco interés por parte de algunos diputados de buscar este tipo de alternativas. Su único interés es vengar una postura electoral (lo que desde luego no hace menos legítima su actuación) y no el de encontrar mecanismos alternativos que pudiesen satisfacer no sólo sus intereses partidistas, sino también el interés del país. Este es nuestro verdadero problema.
A fin de cuentas, el interés del país resulta de la suma de intereses de sus diversos componentes. En una etapa del país en que no existen mecanismos para que la población articule sus intereses ni mayor capacidad de los partidos por representarla, la definición del interés nacional se torna sumamente compleja. En este sentido, no es razonable pensar que la decisión sobre el interés del país pueda ser dominio exclusivo del Ejecutivo. Pero lo mismo se puede decir del poder Legislativo. Los diputados que ahora constituyen la oposición con frecuencia parecen tener mayor necesidad de demostrar su existencia que de cumplir con su mandato constitucional.
Pero el hecho de que los legisladores cometan errores o que no logren demostrar la calidad requerida en su aportación al proceso de desarrollo del país es lógico y natural. Se trata, después de todo, del primer experimento real de un gobierno de coalición en una legislatura que parece que pretende cumplir con sus atribuciones constitucionales.
Por ejemplo, no es razonable pedir a los diputados que sean expertos en el manejo de las fórmulas más sofisticadas para luchar contra la pandemia, cuando nunca han tenido que lidiar con semejante complejidad. Al mismo tiempo, toda la estructura institucional, en la que los diputados se desenvuelven tiende a promover la competencia y la confrontación más que la colaboración. Al ritmo que vamos, llevará años.
En un sentido amplio, lo que requerimos es un conjunto de nuevos arreglos políticos que permitan que los diversos jugadores -partidos, gobierno y políticos en general- cuenten con una base común de acción, una plataforma de acuerdos sobre la esencia de lo que es el gobierno del país. Es decir, los conflictos que hemos observado en el ámbito político en lo que llevamos de legislatura, reflejan las tensiones de un sistema que se ha roto y que no ha encontrado un substituto funcional. Los diputados quieren hacer valer una visión parcial, en ocasiones utópica, del mundo, que acaba siendo incompatible con la complejidad del país en la actualidad. Lo que ocurre es que se ha extinguido la vigencia de un sistema político que funcionó en el pasado, pero que ya no opera hoy. Es particularmente importante que los "miembros del bipartidismo" reconozcan este hecho, toda vez que muchos de sus miembros más “duros” no sólo siguen confiando en que la situación legislativa actual es transitoria, una excepción a la normalidad, sino que además actúan como si nada hubiera cambiado, para detrimento suyo, de su partido y del país, demostrando lo extraordinariamente obtuso de su visión.
Mucho más visionario sería tomar la iniciativa en el proceso de cambio político que está ocurriendo en la práctica en el país, contrario a la manera en que se desempeñan algunos líderes de la oposición.
Lo que urge es crear marcos institucionales que permitan estabilizar ese proceso de cambio, fortalecer la capacidad de respuesta de los partidos (y de los diputados) a los deseos de los votantes y cambiar los incentivos que, en la actualidad, propician el protagonismo en lugar de la responsabilidad. Prácticamente todos los incentivos que actualmente existen conspiran en contra de una construcción institucional. Un legislativo fuerte va a requerir políticos profesionales que puedan ser reelegidos y partidos fuertes, capaces de articular las demandas de la población. Hay mucho que se puede hacer para acelerar la modernización del sistema político, pero alguien tiene que hacerlo. De otra manera serán los votantes quienes lo sigan forzando, a pesar de lo limitado de su instrumental.