La Justicia ya no es para todos. Rajoy ha establecido una Justicia para ricos y otra para pobres, que por lo elevado de las tasas no pueden acceder a ella
«La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar», artículo 119 de la Constitución española (CE). La Constitución dice lo uno y lo otro, ofrece diferentes opciones al entendimiento y a su interpretación; y este gobierno lo interpreta estableciendo unas #Tasas judiciales, atacando derechos de forma restrictiva, con perjuicio para la ciudadanía y para la esencia misma de la Justicia.
Una de las argucias de la CE —redactada expresamente de manera ambigua—, es dejar a la libre interpretación de jueces y gobiernos, remitiendo el desarrollo de los principios a leyes posteriores, que es donde los gobiernos de turno se lucen, para bien o para mal, dependiendo del viento que respiren; y ya sabemos como se las gasta el gobierno de Rajoy. Tanto el anterior ministro de Justicia Gallardón, como el actual Catalá, respiran para llevarse todo el aire y dejar a la mayoría social exhaustos.
La ley de tasas, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, al impedir que una gran parte de la sociedad, pueda a acudir a los tribunales por razones económicas. Los recortes en gastos sociales nos quitan el aire, junto con servicios públicos esenciales y en algunos va la vida. Con la subida de impuestos, copagos, repagos y precios públicos, nos vacían los bolsillos; y las tasas de «dudosa constitucionalidad», como la que se aplica en la Justicia. Gallardón, se inspiró en Stephen Shavell, profesor conservador de Harvard, quien sostiene que «la gratuidad de la justicia no es un imperativo categórico del Estado de derecho, sino del Estado del Bienestar» y precisamente por eso instaura las tasas, para completar la desaparición del bienestar, que persiguen.
La ley 10/2012, vino a regular el pago de tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en plena crisis económica, cuando la necesidad de tutela judicial es mayor. Se impulsó con carácter de urgencia, encareciendo el acceso de los ciudadanos a la práctica totalidad de procedimientos judiciales. El problema no sólo es cuantitativo —encarecimiento del acceso a procesos civiles, administrativos o laborales—, sino también cualitativo, al obedecer a un modelo de justicia en el que prima el afán de recaudación y disuasorio, «modelo que dista mucho de lo que debe ser la administración de justicia en un estado social de derecho» (Jueces para la Democracia).
Dos años después de su implantación, ninguna asociación jurídica, progresista ni conservadora, defiende la ley; todos consideran las tasas excesivas y piden su derogación. Gallardón modificó la ley, rebajando algunas cuantías y ampliando los colectivos exentos (personas con de menos de 15.975 euros/año, las víctimas de maltrato, terrorismo, trata de personas y accidentes con secuelas permanentes, los desahuciados, discapacitados psíquicos y divorcios de mutuo acuerdo. Además de la Administración General del Estado, de las CCAA y de las entidades locales, entre otros organismos públicos). El actual ministro de Justicia defiende la existencia de las tasas, aunque con ajuste. Las tasas fijas van de 150 a 1.200 euros y el tope de la variable 2.000 euros para las personas físicas y 10.000 para el resto. Lo recaudado iba a ir a la justicia gratuita, pero las CCAA han protestado al no recibir nada para este fin.
Las tasas judiciales están provocando «importantes desigualdades procesales». La pueden abonar sin problemas las grandes empresas, las entidades bancarias y los grandes patrimonios, pero disuade del acceso a la Justicia a la clase media y a la clase trabajadora. «Nos encaminamos a una Justicia que solo podrá ser utilizada por quienes puedan pagársela», aseguraba Joaquín Bosch. A su juicio, el argumento de que esta medida aligeraría la carga de trabajo de los tribunales no ha resultado. La implantación de las tasas judiciales «solo se explica desde un desmesurado afán recaudatorio, que no tiene en cuenta los efectos sociales de la medida y castiga a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad». La solución para descongestionar los juzgados es dotarles de medios suficientes, en contra de los recortes aplicados.
La «Brigada Tuitera» dice en su campaña, a la que me he sumado: «Queremos una Justicia sin tasas y para todos, independiente y dotada de los medios necesarios para cumplir su función». Hace treinta y seis años, los españoles y españolas, deseando establecer la justicia y las libertades, nos dimos una Constitución que garantizaba la convivencia democrática, conforme a un orden económico y social justo. Pasado el tiempo los deseos y esperanza se ven frustrados «merced a leyes y políticas inicuas que han conducido a este país a la bancarrota económica y moral que hoy padecemos».
Corren malos tiempos para la Justicia. No es necesario acudir a las páginas de sucesos o tribunales, para conocer los diferentes casos en los que la Justicia es protagonista. Corrupción, malversación, estafas y conflictos de intereses de todo tipo, con un denominador común: delitos cometidos por políticos y gente de primera línea pública, en detrimento de las arcas del Estado, con el máximo agravante de que lo que ellos defraudan o roban, lo pagamos todos.
Ya vemos como se utiliza la vara de medir, ya sea contra unos o hacia otros. Ni las leyes son iguales para todos, ni la justicia se aplica a todos por igual. Hay casos que parecen ejemplares, cuando están dentro de la normalidad jurídica; me refiero al caso Nóos y el procesamiento de Cristina de Borbón; o la investigación de la trama Gürtel y todas las piezas separadas que han ido surgiendo en el procedimiento, contra la cúpula del partido en el gobierno y sus amistades. El poder es el poder y tiene sus privilegios. Unos salen de la cárcel tras pagar millonarias fianzas, y otros entran por manifestarse defendiendo sus derechos. Algunos populares y poderosos ni entran ni se les investiga, y otros pobres pasan años en prisión por delitos considerados menores.
De las 64.000 personas que estaban en prisión el 1 de octubre, 615 cumplen pena por delitos económicos y solo 150 han sido condenadas por delitos contra la Hacienda Pública, por haber defraudado a las arcas del Estado al menos 120.000 euros en un mismo ejercicio, que es el límite que separa la infracción del delito fiscal. Es decir, sólo el 0,23% de los presos son delincuentes fiscales, según InfoLibre.es. Cabría preguntarse ¿Por qué entran tan pocos delincuentes fiscales en prisión?: porque «La ley actual está pensada para el 'robagallinas', no para el gran defraudador», decía el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes. La ley penal que da facilidades para eludir la cárcel si se abona la deuda con Hacienda; además, los técnicos destacan que 36 defraudadores han sido indultados por el gobierno entre 1997 y 2014. Según coinciden fiscales, inspectores y técnicos de Hacienda, se da el caso de que algún defraudador «pide a la Inspección que envíe su expediente al juzgado para tratarlo como delito fiscal, porque le resulta más favorable el trato en la vía penal que en la administrativa».
Desde tiempos remotos, la sociedad ha ido elaborando diferentes conceptos sobre la idea de «justicia», en función de la costumbre, formas de vida y lo que ha querido conceder el poder en cada momento; hasta llegar a la imagen de la mujer con ojos vendados, balanza en la mano izquierda y en la diestra una espada: ceguera, equilibrio y venganza. De la justicia divina a la justicia social. De la justicia para unos, a la justicia para todos. De la justicia para todos a la justicia según el poder que ostentes. El jurista romano Ulpiano definió: Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi (La justicia es la constante y perpetua voluntad de conceder a cada uno su derecho). Es Justicia, lo que dice que es, la mayoría de los miembros de un tribunal y ya sabemos como actúan determinados consejos y tribunales: con «indisimulada» y «notoria» proximidad al poder político. A juicio de Jueces para la Democracia, esta circunstancia explica los «silencios clamorosos» del órgano de gobierno de los jueces, en un momento en el que los togados son atacados en su independencia.
Junto con la falta de independencia, que toca a los principios del Estado de Derecho, surgen las tasas judiciales, que gravan y agravan la situación. La Ley de Tasas de Gallardón y ahora de Catalá, es un ataque directo a la democracia y a la ciudadanía. El gobierno ha creado una Justicia para favorecer a los poderes económicos y a las grandes corporaciones. Las tasas judiciales son una medida claramente discriminatoria y disuasoria de acceso a la Justicia. Los ciudadanos no apelan y si lo hacen y ganan no les devuelven las tasas, convirtiendo a la Justicia en artículo de lujo.
Lo perverso de las tasas judiciales son sus importes desorbitados, que no cuadran ni con la Constitución ni con los convenios internacionales. No se tiene en cuenta la capacidad económica del litigante, por lo que va en contra del principio de capacidad contributiva y contradice el principio de no discriminación. La ley de tasas se ha aprobado como real decreto-ley, saltándose informes preceptivos y careciendo de estudio técnico-económico necesario, en opinión de Verónica del Carpio. Todo es ejemplo de la forma de legislar: para qué y para quiénes y de cómo se legisla, despreciando principios constitucionales, en provecho y beneficio de los poderosos y de los secuaces a su servicio.
La CE diseña una Justicia impartida por jueces independientes a ciudadanos iguales ante la ley. Pero esto agoniza entre leyes que condicionan el ejercicio del derecho de acceso a tener que pagar. Después de treinta y seis años, hemos visto la nula atención que se ha dedicado a la Justicia y los escasos recursos destinados a mejorar su funcionamiento, de forma que el primero de los motivos que nos llevaron a darnos esta Constitución está virtualmente frustrado (Manifiesto por la Justicia de la Brigada Tuitera).
La situación creada es la que ha permitido que la corrupción se haya instalado en las instituciones públicas, conduciendo a la quiebra económica, así como al alejamiento ciudadano y la falta de credibilidad que ofrece. «Sin Justicia da igual que se proclamen derechos porque nadie podrá reclamarlos. Si la Justicia no funciona correctamente, ningún derecho o ley que se promulgue tendrá eficacia; si el acceso a la Justicia se somete a precio, el ejercicio de sus derechos estará también sometido».
La campaña de la #T es una demanda de Justicia; un rechazo a las tasas judiciales impuestas, que evoca a la balanza igualitaria. Una #T en recuerdo de que la justicia y la convivencia es de #Todos y no propiedad de unos pocos. La convivencia democrática se hace imposible sin Justicia, por lo que tenemos la obligación de evitar su deterioro, con la esperanza de convivir democráticamente, en libertad, dignamente.
La Justicia deja de serlo, al discriminar y tratar de forma diferente ya sean unos u otros. En el Estado social y democrático Derecho, la Justicia debe ser independiente, para todos y sin tasas
Jueces para la Democracia, quieren que la ley se derogue, porque «Miles de personas se han quedado fuera de la tutela judicial efectiva por motivos económicos. La ley ha fracasado en sus objetivos y ni siquiera ha recaudado lo que esperaban». La Asociación de jueces Francisco de Vitoria, quiere derogarla o al menos reducir las cuantías de las tasas a un mínimo indispensable, para que las pueda pagar cualquier ciudadano. Para la Asociación profesional de la Magistratura, aunque hay que evitar el uso abusivo de la justicia, deben pagarse al final del proceso e imponerse a quien pierda.
El Consejo General de la Abogacía, pretende que se derogue. Su presidente Carlos Carnicer, considera que la ley es una de las que «más daño ha causado a los ciudadanos y que menos ha servido para hacer Justicia». Se desconoce lo recaudado por este concepto, pero está seguro de que no ha ido a la Justicia, ni lo hará en 2015, a la vista de los Presupuestos aprobados. «El acceso a la Justicia no admite barreras ni tasas».
La Unión progresista de Fiscales, también ha pedido que se derogue, porque la ley hace mucho daño a la gente «que se retrae a la hora de litigar». Los procesos de por si ya son bastantes gravosos entre abogados, demandas y peritos. Además, las tasas chocan de frente con el artículo 24.1 la Constitución, al establecer que «Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión».
Las tasas limitan e impiden el acceso de la mayoría de la población a la justicia, atacando frontalmente el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Resulta inaceptable, que no se curse una demanda, por la razón de que la persona no pueda afrontar el pago de la tasa. La elevada cuantía de la tasa, tiene como única finalidad la de restringir el uso del servicio público de la justicia a la mayoría de la población, permitiendo litigar sólo a aquellos que económicamente puedan afrontarlas.
La racionalización, agilización y optimización del funcionamiento de la administración de justicia, debe conseguirse mediante reformas organizativas, que no vulneren los derechos fundamentales, como el de la tutela judicial efectiva (Manifiesto de Jueces para la Democracia, Unión Progresista de fiscales y Sindicato de Secretarios Judiciales)
En un Estado Social y Democrático de Derecho la justicia debe tener una innegable vertiente de servicio público y no puede convertirse en una herramienta recaudatoria, que está haciendo recaer las consecuencias de la crisis económica y financiera en los sectores más desfavorecidos de la ciudadanía, que además ven como sufragan con sus impuestos servicios que luego quedan al servicio de las clases más favorecidas.
Hay que exigir la inmediata derogación de la ley de tasas judiciales, demandando que se destinen a la administración de justicia los recursos necesarios para que esta funcione adecuadamente, así como reclamar una Justicia Gratuita digna, conminando al gobierno a que reforme las leyes que ponen en peligro la independencia judicial.
El gobierno, no solo no da respuestas eficaces a la crisis económica, sino que ataca las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas, como el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, a la sanidad, a un salario digno y a unas pensiones decentes. También ataca el derecho de acceso a la justicia.
La Justicia ya no es para todos. Rajoy ha establecido una Justicia para ricos y otra para pobres, que por lo elevado de las tasas no pueden acceder a ella. La Justicia deja de serlo, al discriminar y tratar de forma diferente ya sean unos u otros. En el Estado social y democrático Derecho, la Justicia debe ser independiente, para todos y sin tasas.