La empresa española Sacyr Vallehermoso, que lidera el consorcio que construye la ampliación del Canal de Panamá, anuncia que suspenderá los trabajos por los sobrecostes generados. Mientras, el pueblo, miembros de la oposición y el gobierno panameño, consideran un chantaje las «amenazas» e instan al Grupo Unidos por el Canal a terminar las obras. Aquí en España, acostumbrados a tanto tejemaneje, vemos como la «marca España» se desagua por el sumidero del Canal.
Aquí es normal que las empresas constructoras presenten un presupuesto para ganar la obra licitada, que nunca se cumple y sufre modificaciones continuas, hasta que el coste final no se parece en nada al presupuesto inicial. Todo un fraude contractual, competencia desleal, buen negocio para el empresario y ruina para las arcas públicas. La Ley de Contratos del Sector Público, obliga a detallar en el pliego o anuncio de licitación, de forma «clara, precisa e inequívoca» las condiciones en que podrá modificarse, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, «en el 20 % de su importe y hubiese transcurrido un año desde su adjudicación». Ni con estas.
El conflicto surge en Panamá, cuando el Grupo Unidos por el Canal de Panamá (Gupc), envía a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), una nota de preaviso de suspensión de trabajos en las esclusas de ampliación del Canal, reclamando 1.625 millones de dólares (1.196 millones de euros al cambio de hoy) por costes añadidos en las obras. La oferta de Sacyr y la italiana Impregilo (3.118 millones de dólares), derrotó a la del grupo estadounidense Bechtel con Taisei y Mitsubishi (4.185 millones) y el consorcio español formado por Acciona, FCC, ACS-Hotchief y la mejicana ICA (5.981 millones). Era una oferta «imbatible», mil millones de dólares inferior a la siguiente; pero ha resultado ser una chapuza a la española. Con todo, es una mala noticia para la «marca España» y el sector de la construcción, dependiente de las obras en el exterior.
El presidente panameño Ricardo Martinelli ha anunciado un viaje a España e Italia, porque «Hay una responsabilidad moral de los gobiernos italiano y español», puesto que, en aquellos momentos, dijeron que «esto contaba con la responsabilidad solidaria de ellos». Desea que los trabajos de la vía interoceánica «se desarrollen bajo el contexto en el que se negociaron» porque «no puede ser que una empresa meta una cantidad de sobrecostes tan alta en una obra que es de la Humanidad». Al final, en manos del Rajoy, el chanchullo Sacyr, puede que lo paguemos entre todos los españoles, al tiempo.
«No se trata de un chantaje contra la administración del Canal, sino contra la patria», manifestaba el presidente de la Asamblea Nacional de Panamá. El ministro de Economía agregó que «deben cumplir a cabalidad con el contrato y sus cláusulas». La ACP rechaza «categóricamente» las presiones de Gupc, al tener como «único propósito forzar a negociar fuera de los términos establecidos en el contrato». Parecen muy seguras las autoridades panameñas. Al principio del proceso, habían dejado claro que el sistema de «modificados al alza» no sería de aplicación en este caso, por lo que eran números clausus, y la empresa tendría que asumir los posibles sobrecostes generados.
Con esta aventura, las acciones de Sacyr se desploman en Bolsa. Su expresidente José Manuel Loureda, parece que vendió 2,87 millones de acciones del grupo, 11 millones de euros, (según la Comisión Nacional del Mercado de Valores), tres días antes del conflicto y cuando ya se conocía que Sacyr había contabilizado el sobrecoste como ingreso (1.625 millones de dólares), reduciendo con ello sus pérdidas. Habrá escándalo.
El Gobierno español sigue con atención este asunto y se ha implicado en la búsqueda de una solución, que posibilite seguir con las obras de ampliación del Canal. Tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como el de Fomento están trabajando a través de contactos diplomáticos, con sus respectivos homólogos en Panamá y con Sacyr, para llegar a un acuerdo que ponga fin a este «desequilibrio comercial», para ello la ministra Pastor se desplazará a Panamá esta semana. ¿Habrá rescate? Me temo lo peor.
En las calles de Panamá, la mayoría de la gente dice: «Saquen a la empresa y que pague la penalización». Otros se preguntan: ¿Por qué si la empresa conocía bien los pliegos de peticiones se «corrió a juego» presentar una propuesta un millón de dólares más bajo? ¿Acaso había un arreglo bajo la mesa? Tú ganas la licitación, en el camino te echamos una mano, ajustas el presupuesto y a cambio me das una rebanada del pastel. Se está vendiendo la idea de que la ACP y el Ejecutivo serán duros con la empresa. Veremos.
Es opinión popular de que puede haber una «mano que mece la cuna», detrás de toda la crisis y que pronto puede aparecer. Cuentan que Panamá es un país en el que se vive de pan y circo y este conflicto puede ser un ejercicio de despiste. La gente del pueblo anda preocupada de que le pique el mosquito del dengue, preocupada de la basura que nadie recoge, cansada de correr tras los autobuses, para poder llegar a tiempo al trabajo a casa o la escuela, haciendo largas filas, durante horas, para poder comprar comida barata.
Todo lo que parece casual, al final resulta que no lo es tanto. En noviembre visitó Panamá el vicepresidente de EEUU, Joe Biden. Los comunicados que explicaban la visita se contradecían. Para Washington iba a ver el progreso de la ampliación del Canal. Para el gobierno panameño, firmar acuerdos. Lo cierto es que Biden dijo que la quiebra del consorcio daría a EEUU y a sus empresas carta blanca para intervenir en la fase final de las nuevas esclusas. Había un veto directo a las empresas chinas dispuestas a participar frente al fracaso del consorcio español. ¿La «mano que mece la cuna»?
El Frente Panamá Soberana (FPS), denuncia que desde un principio, cuando se anunció que el consorcio ganador del proyecto tenía problemas financieros, se cuestionó la decisión de escogerlo por la insolvencia de la empresa española. Cuando se supo que el consorcio pretendió utilizar una calidad inferior a la exigida por el contrato se planteó, sin éxito, la necesidad de revisar los acuerdos. De otra parte el proyecto de ampliación presentado en 2006 por el gobierno «nunca tuvo como objetivo contribuir al desarrollo del país», ni estaba entre sus objetivos, promover las políticas de inclusión social, ni contemplaba la incorporación del país a una dinámica de desarrollo.
El FPS, denuncia hoy la mala gestión de los intereses del pueblo panameño por parte de la ACP y que «la quiebra de una de las empresas del consorcio era parte de un riesgo calculado, irresponsablemente asumido por los gobernantes panameños». Los grandes intereses del comercio marítimo y del poder económico, pretenden que la solución a la debacle administrativa de la ACP, la pague el pueblo panameño. En ello están.
Aquí en España ya estamos sufriendo la política privatizadora y el pueblo panameño debería estar preparado, para cualquier figura de privatización del Canal que se presente, que iría contra la propia soberanía del pueblo y sus intereses.