Por sugerencia de amigas y amigos en las redes sociales en las que nos movemos, hoy escribo sobre la monarquía hoy, y se lo dedico a quienes me incitaron a ello. Algo sucede en la monarquía. El rey padre y la reina madre, están fuera de España, como una de las infantas y el rey hijo, no para de viajar entre los palacios de La Zarzuela y el de la Generalitat. En tromba andan los de siempre defendiendo a la institución; aunque parece que cuando la gente puede elegir, la monarquía no es tan querida.
Algunos de los temas sobre los que me proponían escribir pasan por las cortinas de humo, que cuan antidisturbios nos fumigan para ocultar una realidad que vivimos; el busto del rey, como signo institucional, que lejos de ser una rémora es una excusa para tocarnos los «costados» (que dirían los taurinos, con perdón); el encuentro entre Felipe VI con Arthur Mas y sus compromisos ocultos; un agravio más para Extremadura que se queda sin tren de alta velocidad, camino de Lisboa; la izquierda, que teme a la derecha y no actúa con contundencia; la verdadera realidad sociolaboral del país; la vertebración de Europa, en entredicho tras el caso Grecia; Mariano vete a descansar y no vuelvas, que se entiende por si mismo; la monarquía que no queremos; la Reforma electoral, como un golpe a la democracia; y la Unidad Popular, como solución política de futuro. Todos son temas interesantes, que prometo tratar en algún u otro momento. Hoy, por actuales, trataré alguno de ellos, que entiendo están relacionados.
Felipe de Borbón y Grecia, que representa a la monarquía del régimen, no para de hacer declaraciones a favor de la ley y contra el desafío soberanista catalán. Un jefe de Estado no electo y con carácter vitalicio, queriendo dar lecciones a un presidente elegido democráticamente, forma parte de las #vergüenzasdeEspaña. Argumenta en favor de la ley, como si fuera algo inmutable, pero no a favor de la Justicia, que si es permanente.
Diariamente vemos cómo se cambian las leyes, para beneficio de intereses, que no son los de la mayoría del pueblo, sino a favor de los intereses del gobierno y de sus amigos. Me dirán: es el Sistema. Y yo respondo, sí un Sistema corrupto, que solo defiende la ley, cuando beneficia a quienes la hacen. El gobierno, presidido por el presidente del Partido Popular, pretende cambiar la ley electoral para que gobiernen las listas más votadas, rompiendo el principio democrático de las mayorías para gobernar. No puede reformarse una ley electoral en medio de un proceso; como no pueden cambiarse las reglas de juego en medio de un partido de fútbol; los pilares del Estado temblarían. Pues con la reforma electoral no pasa nada y debería. Algunos califican la reforma anunciada de pucherazo, pero no lo es; es un auténtico golpe contra la democracia.
El régimen actual, se deslegitima a medida que ocurren acontecimientos como los mencionados y no se convoca un referéndum para que decidamos si preferimos la Monarquía o la República. Se nos birló durante la «santa» Transición y se nos sigue negando ahora. Mientras los jefes de la dinastía Borbón se van sucediendo en el «trono», sin dar cuentas a nadie, por «irresponsables» personal y políticamente. Es una dinastía tocada con la varita de la «suerte». El dictador nombró y siguiendo las consignas de los líderes políticos de la época, el pueblo obedeció. Fue una instauración de monarquía franquista, que no restauración. El rey reina pero no gobierna, pero medra y borbonea, permitiéndose dar lecciones de legitimidad democrática, ha quienes si la tienen, elegido por las urnas.
La «caverna» mediática se echa encima de la alcaldesa de Barcelona, que con buen criterio, ha ordenado retirar del hemiciclo un busto de Juan Carlos, porque no es el jefe del Estado. Las editoriales claman por el respeto a «nuestros signos» que hay que proteger y respetar. Pero el busto no es un signo respetable; ni por su propia materia ni por lo que representa. Para signos estos de interrogación y exclamación: ¿Hasta cuando vamos a consentir una institución, impuesta por el dictador, que nadie ha votado y que se encuentra por encima de la ley? ¿Hasta cuando la persona del rey, como jefe del Estado va a seguir siendo irresponsable de sus actos? ¡Esto es un despropósito nacional!
Franco en su testamento político, dejaba todo «atado y bien atado» en manos de la banca, la alta burguesía, los altos mandos de la administración, el ejército y la Iglesia. Pedía perseverancia en la unidad y en «la paz» (que él había roto por la fuerza de las armas) y lealtad al futuro rey de España, que él mismo había elegido. Seis años después de su desaparición, su espíritu seguía vivo y el aparato de la dictadura intacto. Los fieles al «régimen» no podían consentir que se otorgase la soberanía al pueblo, se legalizaran los partidos políticos, se desmontara el estado totalitario y se reconociese el derecho al autogobierno de nacionalidades y regiones. Pero se pudo. Había otros intereses, nacionales e internacionales, que dieron un golpe de Estado para reconducir la situación.
El artículo 2 de la Constitución, proclama que ésta «se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones». Se construyó un Estado (Título VIII) incompleto, sin reconocer el carácter plurinacional de España ni explicar el concepto nación, nacionalidades o región. Un tuto revoluto. Han pasado treinta y siete años y es tiempo de abrir un Proceso Constituyente, que de respuesta a este problema histórico sin resolver y sustituir la monarquía por la república.
El Estado de las Autonomías, fue la solución consensuada en 1978 al tema de la «unidad», pretendiendo superar el «España, unidad de destino en lo universal» y salvar la situación creada durante la República en Cataluña, País Vasco y Galicia. Hoy las ideas siguen encendidas, los intereses vivos y la unidad de la nación cuestionada. La derecha reaccionaria en el gobierno, pretende dar una respuesta, utilizando el Código Penal y medidas de excepción, en lugar de permitir que el pueblo hable.
Dice la vicepresidenta, Sáenz de Santamaría: «El Gobierno como el resto de las autoridades tiene una obligación que es cumplir y hacer cumplir la ley y así lo haremos», no dice que cuando les interesa cambian la ley con su mayoría absoluta y sin consultar a nadie. Pidiendo respeto hacia la ciudadanía nos insulta al recordar la contribución del «Rey Juan Carlos» a la «democracia, los derechos y las libertades». Habrá que recordarle cual fue el papel real en el golpe de estado del 23-F, en el que el «elefante blanco» estaba a sus órdenes.
Como una epidemia benefactora se extiende la retirada de retratos y bustos reales. El pleno municipal de Montcada i Reixach acordó retirar el retrato de Felipe VI. En Cádiz se ha retirado el retrato del Juan Carlos que presidía el despacho del alcalde, como así ha ocurrido en los municipios gallegos de A Rúa y Moaña. El Ayuntamiento de Zaragoza decidió cambiar el nombre del polideportivo Príncipe Felipe por el de José Luis Abós. En Baleares, la presidenta, le trasladó a Felipe, el VI, la petición de abrir al público los jardines del Palacio de Marivent, hasta ahora de uso y disfrute de la familia real. En fin, espero que no pare aquí la cosa y pase de lo testimonial a la normalidad democrática, eliminando símbolos y a la propia monarquía que no tiene cabida.
El debate en la prensa está servido. El País titula; «El efecto Colau contra símbolos monárquicos se extiende». El Mundo en portada: «Objetivo, la Monarquía», señalando que «Barcelona lidera un ataque coordinado a la Monarquía». ABC refleja «indignación por la 'pantomima' de Colau con el busto de Don Juan Carlos». La Vanguardia titula en portada: «El debate de los símbolos crispa el pleno de Barcelona», y se hace eco de la «lluvia de críticas a la retirada del busto». El Periódico titula la: «Tormenta municipal por el busto de Juan Carlos». La Razón resalta que el acto en sí, «sólo conlleva una multa de 1.500 euros» y habla de «ofensiva de los partidos independentistas y de izquierda radical para retirar los símbolos monárquicos». Algún ruido de metal se escucha en algún cuartel, pero con sordina. Parece que la situación escuece.
Decía un anuncio publicitario en mi época: «todo tiene su importancia; saber beber también la tiene» y la caída de los signos de forma especial, aún sin beber en absoluto. Recordemos algunos casos en la historia reciente: el muro de Berlín o la estatua del dictador Sadam Husein. Como será de importante lo de los signos, que el gobierno español no quiere ni oír que desaparezca el Valle de los Caídos, la mayor fosa jamás construida en España o el Arco del Triunfo en Madrid, en recuerdo y memoria de los vencedores en 1936 y el genocidio franquista, con más de cien mil desaparecidos. El gobierno afirma que los crímenes del franquismo no pueden llamarse genocidio; como quieran que sea, lo llamaremos entonces francocidio.
Que no nos vengan con guerras de símbolos o signos, que ellos si saben de guerras, de bustos y fotografías, ni de banderas imperiales, como pretenden. Que los quiten todos. Está en juego el bienestar de la ciudadanía y a eso debería dedicarse el gobierno. Disculpen, sé que el gobierno está en ello, pero recortando y eliminando derechos, beneficios y libertades, en aras de sus políticas económicas criminales, neoliberales quería decir. El Comité de Derechos Humanos de la ONU enumera las tropelías de las reformas de Rajoy: la ley Mordaza, expulsiones en caliente, omisión de los crímenes del pasado o la reforma de la ley del aborto. Hasta once canalladas «populares» enumera la organización internacional. Dejen trabajar a los representantes de las instituciones elegidas hace unos meses, que lleven a cabo la política prometida; como la ley de medidas contra los desahucios y la pobreza energética, aprobada en el Parlament de Catalunya, por Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Alianza contra la Pobreza Energética.
Frente a lo que ocurre, la oposición democrática debería actuar en el Parlamento, presentando una moción de censura y abandonar los hemiciclos, durante las votaciones sobre iniciativas que presente el PP, para no legitimar sus actos bochornosos con su presencia, contra las libertades y los derechos. Y la ciudadanía en la calle, defendiendo la dignidad, la decencia y contra las leyes injustas.