domingo 7/3/21

El demerito de la contra-ejemplaridad para una memoria histórica

Al Rey emérito le gustaría volver a casa por navidad, justamente cuando el gobierno aconseja lo contrario para evitar un incremento en los contagios durante una previsible tercera ola. Para facilitar este retorno desde su voluntario exilio dorado, sus abogados pretenden regularizar sus últimas declaraciones fiscales, aprovechando la circunstancia de que Hacienda no tiene ningún expediente abierto sobre posibles irregularidades, aun cuando parecen sobrar los indicios para ello.

¿Cómo se defiende mejor a la Jefatura del Estado? ¿Escamoteando sus deslices o aplicándoles las leyes que deben ser iguales para todos? ¿Acaso la familia real requiere un trato singular que sitúe a sus miembros por encima de la ley? Este debate ya quedó abierto  con el caso Urdangarin. Hay quien afirmó que la Infanta Cristina sufría un escrutinio excesivo por ser quien era, como si su condición hubiera redoblado el celo adverso de jueces y fiscales.

El caso es que Felipe VI despojó a su hermana del título que le había otorgado el padre de ambos y los ex-duques de Lugo ya no figuran en las fotos familiares, al haberse reducido el número de sus miembros a los actuales monarcas y sus dos hijas.  Parecía haberse campeado aquel temporal mediático hasta que se conoció el generoso regalo hecho a la princesa Corina, cuyas explicaciones resultan aun más pintorescas que las facilitadas por el empresario mexicano Allen San Ginés-Krause.

Juan Carlos I jugó un papel histórico indiscutible y su nombre quedará asociado para siempre con la Carta Magna de 1978, fruto de una compleja Transición hacia la democracia. Es cierto que renunció a los omnímodos poderes que le había transferido un dictador para dejar todo bien atado y que no secundó el golpe de Estado del 23 F, cuando algunos militares pretendieron imponer un gobierno de concentración para perpetuar el franquismo sin Franco.

Pero esta hoja de servicios no puede servir para justificar cualquier cosa. Cuando los padres de la Constitución confirieron inviolabilidad a la Jefatura del Estado, pensaban blindar el ejercicio de las funciones anejas a su cargo. El espíritu de la ley no previó que semejante privilegio pudiera extenderse a la esfera personal, por mucho que la letra pueda dar pie a esa tergiversadora interpretación.

Esto mismo es lo que ocurre ahora con Trump y la inmunidad que pretende otorgarse a sí mismo antes de abandonar su presidencia, si es que acaba dejando la Casa Blanca. En ambos casos estamos ante sendas aberraciones jurídicas que resultan muy lesivas para la convivencia, porque menoscaban gravemente nuestra credibilidad en una justicia igual para todos los ciudadanos, cuando quienes deberían predicar con el ejemplo hacen justamente lo contrario.

Aunque pueda no tener consistencia jurídica, el actual monarca español debería precisar que su inviolabilidad no le protege de verse perseguido por atentar contra las leyes y lo ideal sería que su antecesor hiciera otro tanto de modo retroactivo. Dejar las cosas como están es la peor herencia que se le puede otorgar a Doña Leonor, porque socava los cimientos de la propia institución.

En este contexto flaco favor hacen al actual monarca los manifiestos de algunos militares que se dirigen a su antiguo comandante supremo, tras descalificar a los mandos del Ejercito y la Ministra de Defensa, para que su Majestad restaure un orden presuntamente dañado por el Gobierno y oriente su labor, deslegitimando con ello al Ejecutivo que cuenta con la confianza de un Parlamento elegido por las urnas.

El último Diderot, para rescatar la figura de Séneca en su Ensayo sobre los reinos de Claudio y Nerón, señala que los primeros años del reinado de Nerón fueron buenos gracias a su preceptor, aunque luego este no pudiera evitar la deriva de su pupilo hacia extravagancias y crímenes que le granjearon lo que los romanos llamaban una damnatio memoriae. Impresiona visitar los restos arqueológicos de la neroniana Casa Dorada que ocupó media Roma, porque fue sepultada por quien le sucedió en el cargo, como el Senado romano hacía con quienes consideraban traidores a la patria.

Para conservar la memoria histórica de los aciertos cosechados por el Rey emérito, lo peor que cabe hacer es echar tierra encima de sus deméritos. No hay que confundir a una magistratura con quien la encarna en un momento dado. La persona puede no comportarse con esa ejemplaridad que demanda su cargo y debe rendir cuentas por ello, justamente para preservar la institución.

De no hacerlo así estaríamos dando por bueno el demerito de la contra-ejemplaridad y esto arruinaría irreversiblemente cualquier emeritazgo que se precie ya sea este pasado, presente o futuro. Ese camino conduce directamente a una damnatio memoriae dictada por una opinión pública tan ofendida como perpleja.

El demerito de la contra-ejemplaridad para una memoria histórica