La nueva Ley de Montes, aprobada a golpe de “decretazo”, y contra el resto de diputados y expertos, es un retroceso en cualquier política ambiental que se precie
Me gustaría estar equivocado. Por eso voy a procurar que el vaticinio de este artículo no se cumpla. Me gustaría que fuera solamente un aviso a navegantes y senderistas por esos bosques de Dios, y lo que a modo de profecía o premonición adelanto, no se haga realidad. Y digo que me gustaría equivocarme y corregir antes de nada mi error, al contrario de lo que está haciendo el gobierno del PP, que a pesar de ir de error en error, no se corrige, y sigue empecinado en sus trece. Lejos de favorecer el bien común, y con la disculpa del interés general, dificultan la buena marcha de la sociedad con leyes que perjudican no solamente al país, sino al planeta entero, porque su repercusión no queda circunscrita al problema local, sino al entorno, a la naturaleza que nos rodea. Me refiero a la nueva Ley de Montes que hace justo ahora dos años se sacó de la manga el gobierno de Rajoy, corrigiendo la anterior, en la que expresamente se prohibía construir en zonas boscosas asoladas por el fuego. El fuego. He aquí uno de los cuatro elementos más poderosos de la tierra. Frente a él apenas si sirven las técnicas y herramientas humanas. Nunca siente el humano mayor desprotección e impotencia que ante un ingente y pavoroso incendio; solamente ante la muerte siente algo parecido; y es que el fuego, que puede ser purificador, como el significado de las hogueras de San Juan que hemos visto multiplicarse estos días por la geografía española, celebrando el solsticio de verano, también es destructor, y por donde las llamas pasan, no vuelve a crecer la hierba, como las pezuñas del caballo de Atila. El fuego es todavía más bárbaro que el famoso huno. Y mayor barbarie es que alguien pueda, en un alarde de irresponsabilidad y supina estupidez, prender fuego al monte. Porque, no hay que olvidarlo, el 90 % de los incendios forestales son provocados. Provocados por acción, propia de pirómanos irresponsables y locos; y por omisión, propia de despistados, ignorantes, e incívicos ciudadanos que creen que el campo es algo inerme y que dejando una botella, tirando un cristal, una colilla, o abandonando el rescoldo de una barbacoa, todo seguirá igual, sin ser consciente, porque está ciego o no quiere ver, que tras esa desidia, acecha uno de los mayores peligros, el incendio forestal. No digamos ya cuando el hecho es provocado por intereses espurios, especulación, plusvalías o urbanizaciones. Entonces sería para quemar al autor entre los troncos sin vida de los árboles.
La nueva ley, aprobada a golpe de “decretazo”, y contra el resto de diputados y expertos (como hizo todas en la anterior legislatura el PP al gozar de mayoría absoluta), es un retroceso en cualquier política ambiental que se precie. No solamente va contra el desarrollo rural, contra la creación de empleo en esas zonas de por sí devastadas y abandonadas a su suerte, perdiendo una buena ocasión para ampliar competencias y el personal de agentes forestales en labores, sobre todo, de prevención..., sino que también va contra la conservación de los montes de la que depende en el futuro el origen de los incendios. Claro que, detrás de todo, se les ve el plumero en dos aspectos: uno de ellos, el de la especulación inmobiliaria, ya nombrada; y el otro, la lacra que nos azota en todos estos años de mal gobierno: la privatización de los pocos montes públicos o comunales que quedan.
Es cierto que el año pasado, ya en vigor la nueva ley, a pesar de ser un año seco, hubo menos incendios que los años anteriores (entre otras razones porque en años anteriores se quemaron muchas zonas, y cada año quedan menos por quemar). Pero también es cierto que en este 2017 ha habido varios incendios, algunos han levantado sospechas, como el de Doñana, y sobre todo, nos ha estremecido el incendio en nuestro vecino Portugal, cerca de nuestra frontera, que ha arrasado hectáreas y hectáreas de bosque. Por eso digo que este año, un año más seco que el anterior, debido al abandono en que la administración tiene sumido nuestros montes, respecto a conservación y prevención, no es extraño que se propaguen los incendios, y de ellos saquen buena tajada los especuladores. Es uno de los artículos más polémicos y extravagantes de la reforma de la ley del 2003, que no permitía recalificar el terreno hasta después de 30 años del incendio. La actual, aprobada en julio de 2015, permite, tras un devastador incendio, construir o darle cualquier otro uso “cuando concurran razones imperiosas de interés público” (sic). Por desgracia, vistos otros ejemplos, como la amnistía fiscal, la reforma laboral o la ley mordaza, por nombrar algunas, ya sabemos qué entiende el PP por interés común, y cuáles son las “razones imperiosas” que le mueven a actuar de una u otra manera.
Estamos, en resumidas cuentas, ante otra barbaridad del PP: la desprotección ambiental. Para eso sobra el Ministerio de Medio Ambiente. Mejor sería nombrarlo el Ministerio Sin Ambiente. Ni dentro, ni fuera. ¡Qué lejos quedan los tiempos en que se decía que una ardilla podía cruzar la península de rama en rama sin tocar el suelo! A este paso, ni su rastro. Ni de ardillas, ni de bosques. Nada quedará. Ni siquiera viviendas, porque no habrá oxígeno que respirar... Ténganlo en cuenta, listos gobernantes sin dos dedos de frente, que piensan de lado y actúan con “castrasca”. O sea, cagada tras cagada (que dicho así queda feo). Y ésta es una más. Sus efectos nefastos me gustaría no contar al final del verano.
Apenas ha comenzado el tiempo del calor, propicio hoy más que ayer, y ya hemos sufrido varios. Esperemos que no se propaguen las malas intenciones ni los incendios. La salvedad, manifestada en el artículo 50, de que las Comunidades Autónomas tienen la última palabra al respecto, no deja de ser una disculpa o una quimera, pues si el gobierno central, considera de “interés común” darle otro uso para “aprovechar” la devastación causada por el fuego, lo puede hacer. Como siempre, este gobierno saca o reforma leyes que, en muy pocas ocasiones, benefician al bien común, sino que van encaminadas a desaprensivos y empresarios sin escrúpulos que tratarán de hacer del incendio su particular hogar.
Espero equivocarme. Por el bien de todos. Incluidas las ardillas. Y los linces. No precisamente los del gobierno, que de linces no tienen nada. Me remito a sus dichos, hechos y leyes. Lo dicho: “catrasca”.