Hablar de una Europa para los trabajadores conlleva abordar la crisis de la democracia a todos los niveles, reformar y/o abolir los Tratados y cambiar las políticas económicas causantes de la pobreza y la desigualdad
En el marco electoral en que se encuentra España, entre el 23 y el 26 de mayo se celebrarán elecciones para el próximo Parlamento Europeo en los países de la Unión Europea (UE).
Estos comicios tienen lugar en un momento crucial, a la vez que desafiante para el futuro de Europa. Los efectos de la globalización capitalista, la crisis económica y las políticas de austeridad exigidas por la Comisión Europea, el cambio climático, la digitalización, los ataques a los derechos de los trabajadores, la restricción de las libertades democráticas, el fenómeno de las migraciones, el avance en todos los países de la derecha extrema y la extrema derecha… un sinfín de factores que no pueden menos que preocupar por su repercusión tanto en el porvenir de la Unión Europea, como, por ende, de la mayoría social de la población.
La gestión de la crisis en base a las políticas de austeridad, con los recortes de derechos y prestaciones sociales y laborales, ha tenido como consecuencia unas peores condiciones de vida para la mayoría de la ciudadanía, de la mano de la pobreza y la desigualdad. No nos engañemos: en Europa crece la desigualdad.
El crecimiento del nacionalismo y el soberanismo de las derechas, la xenofobia y los sentimientos antieuropeos hunden sus raíces en un indeseable futuro donde las mayorías sociales pierden sus derechos en materia de empleo, salarial, de vivienda, de protección social, de educación, de sanidad; donde los migrantes pasan a ser el enemigo y donde la sociedad solidaria es el blanco de los movimientos de la extrema derecha y neofascistas al intentar explotar los temores de las gentes.
El malestar de amplios sectores de la población de cada país, afectados por la crisis y su gestión, es capitalizado por demagogos populistas y por la extrema derecha. Esto no es nuevo, la memoria no nos debería fallar, pues ya ocurrió en el pasado siglo XX y tuvo un despreciable resultado: nazismo, fascismo y una Segunda Guerra Mundial.
La gestión de la crisis se ha realizado desde la salvaguarda de los intereses políticos económicos y financieros de las élites de Alemania, que representa en realidad el ordoliberalismo, una especie de liberalismo autoritario que prioriza el mercado como la gran visión de la sociedad. Esta vieja doctrina económica aupada por la derecha alemana entiende que no existe mercado sin orden, por lo que el Estado alemán organiza la economía según el orden del mercado. Este es el dogma oficial de Alemania, gobierne quien gobierne, pues goza del consenso de sus élites. Esta política ha tenido y tiene un papel determinante en la formación de la Unión Europea y en las orientaciones que contra el Estado Social (austeridad, recortes, debilitamiento del Estado del Bienestar) ha irradiado Alemania hacia el resto de países que conforman la UE.
El gobierno de las élites defiende y protege el mercado e impone las leyes para que el poder financiero haga las reglas de juego. En el envés de la moneda, nos encontramos una Europa cada día menos social, con más Estado y menos democrática.
Le han dado una capa de barniz a ese ordoliberalismo, de manera que a la sociedad se le presenta como “economía social de mercado”, pero la madera sigue siendo la misma: un proyecto de dominación de clase y de cambio de la correlación de fuerzas entre las clases. Los efectos de esta doctrina lo dejan más que en evidencia.
Estados fuertes y estabilidad de los mercados son las dos caras de las políticas neoliberales de la Comisión Europea y el poder del gobierno alemán tiene en sus manos el poder de la Comisión, sin contraprestaciones de ningún tipo.
En este sentido, toca refrescar la memoria en vísperas de unas elecciones de este calado. Hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad del electorado, de manera que se sepa a conciencia a qué fuerzas políticas se elige, más allá de los populismos baratos y más acá de políticas económicas que cambian de nombre, pero no de contenido.
Allá por 2015, cuando un 61,3% de griegos votó en contra del plan de adelgazamiento que impuso Bruselas, el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schauble, resumía escuetamente el peso que otorgaba al circo democrático: “Las elecciones no deben permitir que se cambie de política económica”.
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, que hace unos meses visitó España, explicaba entre otras lindezas que el Eurogrupo no rinde cuentas a ningún Gobierno, a ningún Parlamento, ni tampoco al Parlamento Europeo. (1)
Ante las elecciones europeas, conviene contrastar, analizar la realidad y hacer un balance de las políticas de la Comisión Europea. Es conveniente echar mano del método hipotético-deductivo: no hay nada más evidente para verificar una teoría que someterla a la prueba de los hechos en la vida material.
La demostración concreta de la situación económica y social en que se encuentran en la actualidad las mayorías sociales que comprenden la Unión Europea está al alcance de todos los ciudadanos y ciudadanas. No deberían quedar dudas sobre los efectos de las políticas de austeridad. Las conclusiones son categóricas hasta el punto de poder instaurar una teoría. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea sigue siendo la camisa de fuerza que impide a la mayoría de los países realizar una economía al servicio de las personas.
A la vista de los hechos, la Unión Europea necesita un cambio en su arquitectura institucional radical, porque Europa atraviesa una larga y profunda crisis y porque el gobierno da la espalda a la mayoría social, actuando de manera antidemocrática y al servicio de las élites.
El Libro Blanco sobre el futuro de la UE es decepcionante, como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta a sus autores: los presidentes de la Comisión Europea. Las políticas que se vislumbran para reformar la UE siguen siendo antidemocráticas y neoliberales. Más de lo mismo.
La mayoría de la sociedad se ha movilizado en todos los países (España, Portugal, Grecia, Polonia, Italia, Hungría, Irlanda, Bélgica, Francia, movilizaciones en defensa del medioambiente en Suecia, Dinamarca, Suiza, Gran Bretaña…) y han rechazado en estos años las políticas austeritarias, productivistas, racistas, patriarcales. En este sentido, han hecho de la defensa de la democracia uno de sus objetivos principales.
Queda claro que otra Europa es necesaria. Hablar de una Europa para los trabajadores conlleva abordar la crisis de la democracia a todos los niveles, reformar y/o abolir los Tratados, cambiar las políticas económicas causantes de la pobreza y la desigualdad… Y ese camino hacia la consecución de estos objetivos comienza en la participación directa, con la concesión del voto a fuerzas políticas que demandan respuestas inmediatas y opuestas a las políticas de austeridad llevadas a cabo por la Comisión Europea. El camino hacia el bienestar social europeo exige una estrategia que combine la participación electoral con la movilización social.
(1) Liberales contra populistas: Una división engañosa. Le Monde diplomatique. Septiembre 2018.