El Consejo Económico y Social (CES) celebró el pasado 17 de junio una jornada sobre El Semestre Europeo: la contribución de la sociedad civil organizada española. Según el CES europeo, organismo convocante, «el semestre europeo es el ciclo anual de la Unión Europea para la coordinación de las políticas económicas y sociales e involucra tanto a las instituciones europeas como a los estados miembros».
La jornada sufrió un primer e importante hándicap: la representación de la Comisión Europea que debía presentar el Semestre Europeo y las recomendaciones específicas para España no compareció. El acto tuvo que continuar con dos mesas redondas: una, en la que se debatió sobre el contenido e implementación de las Recomendaciones Específicas para España y el Programa Nacional de Reforma (PNR), y la otra, sobre la participación de la sociedad civil organizada en el término de planificación europea. Los facilitadores del debate eran consejeros de los grupos de los empresarios, de los sindicatos y del tercer sector. La ausencia de la Comisión, así como el hecho de que no hubiera representación alguna del Gobierno, transformó lo que por esencia debería ser una jornada en un foro de debate, dicho de paso, con escasos efectos sobre las recomendaciones específicas para el Programa Nacional de Reformas.
El Gobierno, tras las Elecciones Generales, sin encomendarse a nadie y probablemente sin tener en cuenta el significado de los resultados electorales, a través de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, aprobó el pasado 30 de abril la remisión a Bruselas de la actualización del Programa Nacional de Reformas y el Programa de Estabilidad 2019/2022. En este, incluye las nuevas previsiones económicas para las próximas cuatro anualidades, así como las políticas a desarrollar en los años inmediatos.
Haciendo un ejercicio de memoria, el pilar Europeo de Derechos Sociales se aprobó en Gotemburgo allá por noviembre de 2017, pero hoy todavía es necesario presionar en la legislación de la UE para que se aplique tanto a nivel legislativo como político
El PNR 2019 es una continuación de la Agenda del Cambio aprobada en febrero, en el marco de los objetivos de la Europa 2020, de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, así como el pilar europeo de derechos sociales, de acuerdo con las Recomendaciones del Consejo de la Unión Europea a España.
Entre otras, se recoge una serie de medidas en el ámbito laboral, en el de inclusión social, junto con cuestiones relativas al empleo, el crecimiento y la sacrosanta competitividad. Estas cuestiones, habrán estado sobre la mesa en el Consejo Europeo del 20 y 21 de junio. Por su parte, en julio, se ratificarán también en el Consejo Europeo las recomendaciones para 2019 y 2020.
Huelga decir que todo esto se desarrolla al margen de un imprescindible diálogo social real y sí en completa consonancia con los objetivos y la política presupuestaria que recoge el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de la UE. No olvidemos que este es la verdadera camisa de fuerza que impide invertir en mejores servicios públicos, empleo y crecimiento, tal como recoge el Programa de Acción recién aprobado en el Congreso de la CES (Confederación Europea de Sindicatos) celebrado hace unas semanas en Viena.
Haciendo un ejercicio de memoria, el pilar Europeo de Derechos Sociales se aprobó en Gotemburgo allá por noviembre de 2017, pero hoy todavía es necesario presionar en la legislación de la UE para que se aplique tanto a nivel legislativo como político. De ahí la importancia de la negociación colectiva y el diálogo social para que se ejerzan realmente los derechos ahí plasmados.
Como paso previo a la remisión a Bruselas del Plan Nacional de Reformas, y el Programa de Estabilidad, junto con su actualización, hubiera sido necesario, más bien imprescindible, abrir un auténtico diálogo social a todos los niveles, tanto entre las organizaciones empresariales y sindicales como entre estas y el Gobierno. Esta necesidad se convierte en imperiosa si se tiene en cuenta la relación que existe entre las políticas a implementar y el PEC. La triste verdad es que esta necesidad no se ha plasmado en la realidad. Nos encontramos ante un escenario donde el diálogo social se ha sustituido por meras consultas con los interlocutores sociales, sin que sus propuestas hayan tenido suficiente incidencia en el PNR presentado por el Gobierno.
Como apuntaron los representantes sindicales en la jornada sobre el Semestre Europeo, ni nos encontramos ante un procedimiento democrático, ni sirve para avanzar en la participación sindical, ni por ende para mejorar las condiciones de trabajo. La relación que se establece entre el Gobierno y la Comisión Europea es de sumisión y lo es desde el mismo momento en que se vuelve la vista hacia la recomendación del Consejo Europeo relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de España que dice: deben adoptarse las medidas necesarias a partir de 2019 para cumplir las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Por tanto, el semestre europeo no esta concebido para que los interlocutores sociales participen, sino de que la Comisión Europea y sus instrumentos vigilen que las políticas de los gobiernos no corrigen su política presupuestaria al servicio de los mercados y de las multinacionales. De eso es de lo que se trata realmente.
El Gobierno debería haber convocado las reuniones necesarias con los interlocutores sociales, no solo para consultar sino para debatir el programa presentado y acordar las medidas sociales, las reformas estructurales claves, las inversiones y los recursos financieros que mejoren la situación de los trabajadores y trabajadoras. Al mismo tiempo, fruto de ese debate, para decidir cuáles medidas son urgentes y cuáles, siendo necesarias, pueden desarrollarse a lo largo de la legislatura, so pena de que las medidas que contribuyen al cumplimiento del PNR sean insuficientes y se conviertan en meros slogans, o en lo que pudo ser y nunca será.
El diálogo social no puede ser ignorado ni por el Gobierno, ni por la Comisión Europea. El proceso del Semestre Europeo no puede ser una cuestión de ordeno y mando, de arriba a abajo, donde los sindicatos no tienen ninguna participación en las políticas del Gobierno y la Comisión.
Desgraciadamente, Europa se sigue construyendo de manera antidemocrática y al servicio de la soberanía de los mercados y, como aderezo, con el PEC no hay margen de maniobra para llevar a cabo una política social expansiva.
Entre la política económica y presupuestaria que mejore las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la sociedad y la conformidad con las normas y orientaciones del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, el Gobierno deberá optar por este país. No hay elección posible, entre otras cosas, porque el Ejecutivo se debe a los resultados que ha recibido en los comicios generales, unos apoyos que le ha concedido la mayoría social de este país, la misma que se merece una mejora en sus condiciones de trabajo y de vida, con políticas expansivas, sin corsés, que reviertan en su beneficio y no en el de minorías y mercados.
El Programa de Estabilidad 2019-2021 enviado al Consejo Europeo y el PNR definen la hoja de ruta de la política del Gobierno de Pedro Sánchez. Entre otras medidas que se proponen en el PNR, de principio y en cuanto a los compromisos legislativos, el Gobierno deberá atender la derogación de los elementos lesivos de la reforma laboral; de las reformas de las pensiones y su revalorización más allá de 2020; el Salario Mínimo Interprofesional; la contratación, que no es solo la simplificación de los contratos; la oposición a la reducción del coste de las pensiones y a el debilitamiento hasta hacer desaparecer la indemnización por despido, que no son otros los objetivos de la anunciada mochila austríaca. No son pocos los compromisos a poner en marcha y son urgentes. Una vez más el Gobierno tendrá que decidir: con las políticas de la Comisión Europea o con la que viene exigiendo la mayoría social.