La CEOE y el Banco de España ya han comenzado su ofensiva. La Ministra de Economía en funciones ha vuelto, una vez más, a negar la necesidad de revertir la Reforma Laboral
Cuatro breves pinceladas conforman el cuadro electoral del pasado 28 de mayo: se confirma el ascenso del PSOE; el retroceso en votos del PP, pese a resistirse a su propio hundimiento; el fracaso de Ciudadanos en su objetivo de ser la formación líder de la derecha por encima del PP; el fuerte debilitamiento de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE; el retroceso en los ayuntamientos del cambio, salvo excepciones, y la presencia de la ultraderecha de Vox en más de una decena de ayuntamientos y en tres Comunidades Autónomas, lo que les puede convertir en fuerza determinante a la hora de conformar los respectivos ayuntamientos y gobiernos.
Ya se ha ejercido el derecho a voto de los ciudadanos, ahora toca ponerse a gobernar y, sobre todo, a hacerlo con eficacia y determinación. Si algo define el momento actual, es su condición de nuevo ciclo. Pasados los comicios, nos encontramos ante un diferente mapa político que poco tiene que ver con el de los últimos cuatro años. Este cambio tiene que traducirse en una transformación tanto económica y social, porque los electores lo han pedido con su voto en las urnas y no se necesita más justificación.
La lucha contra la desigualdad y la precariedad es la prioridad. La política económica que se implante en nuestro país ha de estar al servicio de las personas. Este sendero tiene como meta un crecimiento sostenible e inclusivo y, por el camino, nos tenemos que encontrar ineludiblemente una adecuada y suficiente inversión pública, así como la creación de empleo de calidad. ¿Qué se necesita para ello? La incuestionable derogación de las dañinas reformas laborales y de pensiones que hemos vivido. Además, se perfile como imprescindible la extensión y ampliación de los derechos laborales, sociales y de protección para todos y todas las trabajadoras y trabajadores. Evidentemente, esto resulta ilusorio si no va acompañado de una mejora de la negociación colectiva y el diálogo social. Por su parte, esta deseada meta ha de contar también con el impulso de una política que permita el incremento de la progresividad fiscal, que frene a la vez la financiarización e impida la elusión fiscal, permitiendo unos presupuestos expansivos. Como se puede observar, todas estas medidas van en cadena y sin las unas, no se consiguen las otras. De esta manera, esta política fiscal permitirá abordar la Formación Profesional, la digitalización, la política industrial y la transición ecológica, al tiempo que una financiación estable y suficiente. Todo ello, con la presencia del diálogo social. Y paso a paso, llegaremos a nuestro objetivo: la restitución de los derechos sociales de las personas, encaminadas a avanzar hacia el bienestar social.
Ya vemos las piedras con que nos encontraremos en el camino. La CEOE y el Banco de España ya han comenzado su ofensiva. La Ministra de Economía en funciones ha vuelto, una vez más, a negar la necesidad de revertir la Reforma Laboral. Por su parte, los empresarios han presentado una plataforma reivindicativa de máximos en el mercado de trabajo. Esta no hace sino profundizar aún más los ya de por sí graves efectos de las reformas laborales. Una vez más, el guion se repite y su voracidad no tiene límites. Sus estrategias no por esperadas dejan de ser peligrosas: incrementar el poder empresarial, debilitar la negociación colectiva y seguir apostando por la reducción salarial y, por el contrario, el aumento de la precarización y de la temporalidad en la contratación. Como no podía ser de otra manera, estas son algunas de las grandes aportaciones de la CEOE al Programa Nacional de Reformas.
Por otra parte, se encuentra el Banco de España, la otra piedra en el camino, portavoz de las élites económicas y financieras a las que sigue su estela sin ambages. No duda en golpear a los trabajadores y trabajadoras más desfavorecidos, al acusarlos de elevar el gasto en exceso. En otras palabras, les critica por no ahorrar lo suficiente, como si fuera fácil con los efectos dañinos de las reformas que ellos mismos defienden. Apoya estas reformas y hace oídos sordos a los efectos que han tenido para la mayoría social, anima la burbuja inmobiliaria y propone bajar las pensiones. ¿Quién da más? Sería inconcebible que, sabiendo qué instrumento es el Banco de España, se preguntara sinceramente qué ocurriría si se hubiese corregido la reforma laboral, se hubieran incrementado los salarios y se hubiese derogado la reforma de las pensiones. Triste es el papel del regulador de la economía (la cual volvemos a recordar que ha de funcionar para el bienestar de la sociedad), que “regula” siempre lanzando las consignas que más favorecen, paradójicamente, a los intereses de la minoría social. Basta con recordar dónde ha quedado su profecía, revestida de carácter científico, sobre la pérdida de empleo que el incremento del Salario Mínimo Interprofesional iba a ocasionar. ¿Y este papel regulador no menciona los beneficios empresariales y se pregunta a dónde han ido a parar estos? Se ve solo, controlamos parcialmente lo que queremos.
Este país de países debe pasar a la acción y recuperar el tiempo perdido. Estamos ante un cambio y el diálogo social tiene mucho que decir en esta gran tarea
En resumen y una vez más, la apuesta del Banco de España es reducir, de nuevo y más, los derechos de los trabajadores y ampliar los efectos negativos de las mencionadas reformas estructurales.
En el Plan de Estabilidad Económica que ha enviado el Gobierno en funciones a Bruselas, Pedro Sánchez se ha comprometido a aprobar una reforma del mercado de trabajo y a garantizar la suficiencia de las pensiones y su revalorización según el IPC. Nadie ha de dudar de que estas medidas, junto a otras también de gran calado, deberán concertarse en el diálogo social y político. Además, el nuevo Gobierno debería defender y restaurar la democracia, aboliendo la Ley Mordaza, exonerando a los centenares de personas procesados y condenados por ejercer los derechos y las libertades democráticas, además de oponerse en las instituciones y en la sociedad al relato antidemocrático y al blanqueo de la extrema derecha y xenófoba.
El Ejecutivo ha de gobernar para la mayoría social y no para ganarse la confianza mediante concesiones al Ibex 35 y otros sectores elitistas. El Gobierno no debe ser nunca más la muleta de las élites.
A pesar de los intentos de ignorar y borrar a la clase trabajadora, su participación electoral ha significado algo vital para nuestra democracia: los trabajadores y las trabajadoras han tenido mucho que ver en el proceso de correlación de fuerzas y en la derrota de la derecha y de la extrema derecha. Que siempre esté presente este hecho, porque la mayoría social siempre tendrá algo que decir y, tarde o temprano, lo acabará diciendo.
En el camino que iniciamos tras esta intensa temporada electoral, se podrán coger atajos, pero hay un tramo que es imprescindible atravesar si se quiere recuperar un marco más democrático de relaciones laborales: la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, causa principal de la desigualdad y precariedad de las condiciones de vida.
En este sentido, el Gobierno anuncia la apertura de un proceso de debate y discusión sobre un nuevo Estatuto de los Trabajadores, es decir, una puesta a punto de la legislación laboral. Se trata de un objetivo claramente esperanzador, pero carece de sentido si previamente no se derogan los elementos más lesivos de la reforma laboral, los cuales ya se acordaron en el diálogo social en el final de la anterior legislatura. O sea, algo de camino está andado en este sentido.
No se niega la necesidad de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que incorpore artículos nuevos. Estos han de recoger los cambios habidos en el mundo del trabajo, que han venido de la mano de las nuevas tecnologías, como la digitalización y la robotización, así como recoger novedosos derechos individuales y colectivos desde una perspectiva democrática de la economía y de la participación de los trabajadores y trabajadoras y los sindicatos en el proceso productivo que se origina en los centros de trabajo. Se debe acabar con las decisiones unilaterales de los empresarios sobre la organización del trabajo.
En el caso de las pensiones, antes de hablar de modelos nuevos, como la mochila austriaca, o de las cuentas nacionales, como avanzan algunos portavoces (propuestas antiguas jque tienen poco que ver con la realidad del mercado de trabajo y con el desarrollo económico, social e institucional de los distintos países), es necesario derogar las reformas de las pensiones y poner encima de la mesa medidas que garanticen realmente el Sistema Público de pensiones. Se puede pedir decir más alto, pero no más claro.
Este país de países debe pasar a la acción y recuperar el tiempo perdido. Estamos ante un cambio y el diálogo social tiene mucho que decir en esta gran tarea.