Agosto ha sido el escenario de un subida del paro, una caída de la afiliación a la Seguridad Social, al tiempo que ha visto mantenida la brecha de género y aumentada la precariedad de la contratación (el 92% de los contratos fueron temporales). El rostro indeseable de esta precariedad se vislumbra en una alta tasa de paro, el agotamiento de las prestaciones por desempleo, la desigualdad y el deterioro de la salud laboral, con un incremento de los accidentes de los trabajadores. Al otro lado, el revés de la moneda: el continuo incremento de los beneficios empresariales, sin que se produzca una esperable y justa redistribución que genere empleo estable y de calidad.
Este panorama hace totalmente comprensible el hecho de que las personas que sufren esta situación de precariedad no atiendan a comprender el actual empantanamiento de la situación política alrededor de la próxima investidura.
El mayor ataque sufrido por el mercado de trabajo español, la reforma laboral de 2012, se tradujo en realidad en una flexibilización de la contratación, una limitación brutal de la negociación colectiva y un “barra libre” al condicionar el despido barato a los “malos resultados empresariales”
Tiene que quedar claro desde el primer momento que la lucha contra la desigualdad no es un principio, es una necesidad vital de primer orden para la mayoría de la ciudadanía. Precisamente, por ello, no se debería convocar otras elecciones. Muy al contrario, con esa visión de justicia social, habría que acordar la puesta en marcha de medidas urgentes que empiecen a reducir la precariedad.
La mayoría de los electores dieron su opinión en las urnas, optaron por una política determinada que no pasa por favorecer a las grandes corporaciones y otros grupos de influencia. Estos colectivos no se presentan a las elecciones democráticas y deberían dejar de considerar los comicios como un puro trámite para seguir con sus privilegios y de usar diferentes mecanismos para impedir las políticas progresistas. La mayoría social habló en las urnas, dio su voto para derogar las reformas laborales, la de las pensiones, la prestación por desempleo, la ley Mordaza... y su voz ha de ser escuchada.
La ciudadanía, con su gran participación en las elecciones generales, optó por una serie de medidas en materia de política social que no pueden quedar subordinadas al Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, a sabiendas de que el fortalecimiento de un estado democrático conlleva el incremento del gasto social.
Ahora, con mucho retraso y a tenor de los programas y propuestas presentados por las diferentes fuerzas políticas, es el momento de dejar bien claro para quiénes van a gobernar: para los intereses generales de la mayoría social, tal como decidieron los ciudadanos y ciudadanas con sus votos, o para élites reducidas de personas que conforman los grandes poderes económicos, financieros, políticos, grandes medios de comunicación...
La elevada tasa de desempleo de la economía española, junto con la gravedad que suponen las altas tasas de temporalidad y precariedad, son síntomas claros de que existen graves problemas en el funcionamiento del mercado laboral.
El deficiente tejido productivo, así como su baja calidad y dimensión, es uno de los principales causantes de que el mercado laboral se sirva de la temporalidad y la precariedad en general, como el instrumento para aumentar rápidamente los excedentes en beneficios distribuidos.
El mayor ataque sufrido por el mercado de trabajo español, la reforma laboral de 2012 (extremadamente "agresiva y ambiciosa", según la calificó el ministro de Economía del Gobierno del PP y dirigente de Goldman Sachs, Luis de Guindos, en la Unión Europea), se tradujo en realidad en una flexibilización de la contratación, una limitación brutal de la negociación colectiva y un “barra libre” al condicionar el despido barato a los “malos resultados empresariales”.
La indemnización habitual por despido con la definición de la causa económica, la supresión de la autorización administrativa para realizar despidos colectivos, el incremento del poder discrecional de los empresarios para inaplicar los convenios en vigor, la prevalencia del convenio de empresa, la ultraactividad... Hablamos de un sinfín de pésimas actuaciones que vinieron a crear el marco laboral vigente hoy en día. Sus efectos más palpables han sido la bajada de los salarios, la devaluación del factor trabajo y el incremento del poder empresarial, así como un proceso de individualización de las relaciones laborales y la ruptura del equilibrio entre las partes en la negociación colectiva.
Ante este panorama, resulta incomprensible la inclusión en las propuestas para un Programa Común Progresista del Partido Socialista y en relación al empleo digno, que “... En el marco del diálogo social con los agentes sociales analizaremos, con carácter de urgencia, la conveniencia de aprobar la modificación de los aspectos más lesivos de la reforma de 2012". Ahora, se sitúan en el onda, no ya de constatar los graves efectos de la aplicación de la reforma laboral, sino de analizar la "conveniencia".
Es decir, esta propuesta del PSOE no garantiza la derogación de los elementos lesivos de la reforma. Se trata de un lesivo paso atrás respecto a anteriores negociaciones que finalizaron con acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos. Esto debería corregirse con urgencia, porque ahora se trata más que nunca de dar pasos hacia delante en beneficio de la mayoría social. Ese avance pasa por la derogación de los elementos lesivos de la reforma laboral, piedra angular contra la desigualdad, la precariedad y la pobreza.
Todavía es posible un acuerdo entre las fuerzas de izquierda, por más complicado y difícil que parezca. Un pacto que evite el dislate de la convocatoria de elecciones generales que, entre otras cosas, no solo no asegura unos resultados favorables a las izquierdas, sino que podría incrementar la abstención de decenas de miles de personas que han votado a las izquierdas. Hay que evitar un aumento de la distancia entre la ciudadanía y la política, fuente primera de la democracia. El acuerdo es necesario y posible, bien con un gobierno de coalición, bien con un acuerdo programático.
Un gobierno progresista puede poner en marcha políticas sectoriales industriales, una transición ecológica, industrial, tecnológica y digital que sea respetuosa con el empleo; así como políticas de género, necesarias para las condiciones materiales de millones de personas. Se necesita un acuerdo entre las fuerzas de izquierda, con un programa común calendarizado y fiscalizado en el Parlamento con las sindicatos y organizaciones sociales. Un programa que recoja medidas urgentes y otras a lo largo de la legislatura. Es probable que, en un principio, sea limitado, por lo que se debe evitar defraudar a la mayoría social. No cabe ninguna duda: de conseguirse, marcaría impronta a nivel internacional.