La polémica generada desde la derecha política, mediática y judicial a propósito del nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado se inscribe en la estrategia artera de deslegitimación del Gobierno progresista recién constituido.
Perdidas las elecciones y a falta de argumentos con los que oponerse al programa de Gobierno acordado por PSOE y Unidas Podemos, las derechas acuden, como es tradicional, a la vía de la crispación y la desestabilización, sin atender a las razones de los votos, de la legalidad institucional o del interés general.
Los reproches sobre la “politización” del nombramiento de Delgado son de una hipocresía rayana en lo grosero, porque todos somos conscientes de que esa derecha hoy reprochadora es la misma que promovió a Carlos Lesmes para ser Presidente del Tribunal Supremo tras ejercer ocho años como Director General en el Gobierno Aznar, o que hizo a Andrés Ollero magistrado del Tribunal Constitucional tras ser diputado del PP durante 17 años, por poner solo dos ejemplos.
Cuando Álvarez de Toledo habla de “escándalo” y “estupor” parece olvidarse del espectáculo que ofreció en el año 2012 una parlamentaria que hoy forma parte del Grupo que dirige. Doña Elvira Rodríguez compareció en las Cortes para ser Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ante la Comisión de Economía que había dejado de presidir como diputada del PP tan solo la tarde anterior. De hecho, aquella sesión hubo de ser presidida por el vicepresidente primero, porque aún no había dado tiempo para elegir un sucesor a doña Elvira.
A pesar de quedar en evidencia por estos antecedentes, las derechas han insistido en la estrategia de deslegitimación falaz del adversario, sea en el mencionado caso de Dolores Delgado (fiscal de prestigio durante más de 25 años), sea en el caso del Presidente del CIS (catedrático de sociología con más de 50 libros publicados), o de los dirigentes de Correos y Paradores Nacionales (con una gestión incontestablemente exitosa).
El presidente Zapatero acierta cuando alude a cierta “inmadurez” en nuestra democracia, cuando importantes responsables institucionales cuestionan la honestidad o la profesionalidad de determinadas personas alegando tan solo su filiación política. Pareciera como si haber desempeñado una función política, imposibilitara a partir de ese momento a cualquier ciudadano para ejercer un puesto que requiera un ejercicio honesto de autonomía en el sometimiento a la ley y el interés público.
El planteamiento es tan absurdo como suponer que si un hombre o una mujer han formado parte del consejo de administración de una empresa, o de una congregación religiosa, o de una entidad deportiva, ofreciera más garantías de servicio público cabal que un hombre o una mujer que hubieran dedicado parte de su vida a la militancia política y la gestión de un Ayuntamiento, una Comunidad o un Ministerio.
¿Haber servido al interés público desde un partido político, un Parlamento o un Gobierno convierte automáticamente a una persona en un personaje presuntamente deshonesto? ¿Qué mensaje estamos trasladando a la ciudadanía sobre los valores que mueven a los actores políticos en su labor cotidiana? Si son sospechosos de deshonestidad al frente de la fiscalía, ¿por qué no han de serlo desde un escaño o un ministerio? ¿O damos por hecho que toda labor política es intrínsecamente deshonesta?
Este tipo de prejuicios y discriminaciones preventivas son ilegales e inconstitucionales, desde luego. No hay, ni puede haber, precepto legal alguno que impida a una persona ejercer un puesto de servicio público por causa de su filiación o trayectoria política.
Pero también resulta injusto para las personas que habiendo triunfado en sus profesiones respectivas, sean juristas o periodistas, opten por el servicio público a través de un puesto político durante un tiempo determinado. Se está dando por buena la estigmatización para quienes deciden servir a la colectividad participando en la organización del espacio público compartido. Es contrario al interés público, además, porque disuade del compromiso público a los más capaces de nuestra sociedad.
Pensemos en qué futuro espera a nuestra democracia si damos por bueno que todo servidor público en la política activa ha de considerarse un paria en cualquier ámbito profesional o de servicio público para el resto de su vida.