jueves. 28.03.2024

Condenar la memoria de Franco

valle

En la antigua Roma, tras la muerte de un tirano, el Senado solía aplicar la llamada “Damnatio Memoriae”. Esta “Condena de la Memoria” llevaba a derogar rápidamente las decisiones del emperador denigrado, así como a eliminar todo tipo de imágenes, monumentos e inscripciones con su representación. En los casos extremos se llegó a decretar la “Abolitio Nomini”, mediante la que se prohibía incluso volver a pronunciar su nombre. Quizás el caso más paradigmático fuera el del emperador Domiciano, magistralmente descrito por Santiago Posteguillo en su trilogía sobre Trajano.

Todo parece indicar que los españoles tardaremos 44 años en acabar con el enaltecimiento público del tirano Francisco Franco en un mausoleo erigido para su glorificación. El Tribunal Supremo acaba de rechazar, por unanimidad, el enésimo intento de la familia y los nostálgicos del dictador para frustrar los planes del Gobierno de España al respecto.

Se ha descrito la operación como el fin de una anomalía democrática. Lo es, desde luego, porque no resulta normal que en democracia se mantengan espacios públicos destinados al homenaje permanente de un gobernante déspota y asesino.

La salida de Franco del Valle de los Caídos supone acabar con la ignominia, la vergüenza y el insulto que han sufrido cada día las víctimas del tirano, soportando la permanencia de sus restos en un monumento público visitable por adeptos, curiosos y turistas

Pero la salida de Franco del Valle de los Caídos representa mucho más. De hecho, supone acabar con la ignominia, la vergüenza y el insulto que han sufrido cada día las víctimas del tirano, soportando la permanencia de sus restos en un monumento público visitable por adeptos, curiosos y turistas.

Con esta decisión se pone término también a una situación insostenible, que simbolizaba una aparente debilidad por parte de la democracia española. Algunos  parecían entender que nuestra convivencia democrática estaba sustentada sobre bases tan poco firmes, que ningún Gobierno se atrevería a hacer algo tan de pura lógica como evitar la rendición perpetua de honores hacia quien solo merece condena y desprecio.

Se equivocan quienes ven en la exhumación de Franco del Valle de los Caídos una enmienda a la Transición Democrática, o un riesgo para la ruptura de la concordia entre españoles que presidió aquel proceso. Nada más lejos de las intenciones del Gobierno. La Transición constituye el mayor logro colectivo de la historia española en los dos últimos siglos, y los socialistas nos sentimos orgullosos de nuestra participación en aquella gesta común.

La convivencia pacífica, democrática y en concordia entre españoles está asegurada por la vigencia y el apoyo mayoritario a la Constitución de 1978. Pero la concordia no puede basarse en la desmemoria, el olvido o la falsificación de la historia. Franco fue un dictador totalitario, represor y asesino, que secuestró las libertades en España durante 40 años y que dejó a su paso un reguero de miles de víctimas inocentes. Esta es la verdad y no debe ignorarse, ni simularse, ni dulcificarse.

Era de esperar que los ultras de Santiago Abascal criticaran la operación, por cuanto se consideran a sí mismos herederos del dictador, de sus ideas y de sus propósitos liberticidas. Resulta muy lamentable, sin embargo, que las derechas constitucionalistas de PP y Ciudadanos hayan despachado esta operación con chanzas y desprecios. Como demócratas, su deber es también el de condenar la memoria de quien, durante casi medio siglo, sometió a los españoles a una tiranía despótica.

La superioridad moral de la democracia y el Estado de Derecho sobre el régimen franquista se demuestra una vez más en el propio proceso que llevará a la exhumación del tirano. Él ordenaba asesinar a sus oponentes sin posibilidad de defensa, y los cuerpos de muchas de sus víctimas, por desgracia, aún descansan en las cunetas de nuestras carreteras y en numerosas fosas comunes.

La España de hoy ha adoptado democráticamente la decisión de acabar con el homenaje público al dictador, por amplia mayoría en el Congreso de los Diputados. Y las alegaciones de la familia han sido estudiadas, juzgadas y sentenciadas por un tribunal independiente de Justicia. Ha sido, pues, un proceso plenamente garantista.

Se ha acusado al Gobierno socialista de hacer coincidir en el tiempo la sentencia del Tribunal Supremo, la exhumación y la campaña electoral del 10 de noviembre. Sin embargo, cualquier observador sin mala fe puede entender que el Gobierno no maneja los tiempos de la Justicia y que las elecciones repetidas tendrán lugar a su pesar.

Ninguna crítica malintencionada, no obstante, restará un ápice de orgullo y de emoción a millones de españoles cuando, por fin, la democracia española acabe con el enaltecimiento público del dictador.

Condenar la memoria de Franco