Algunos se empeñan en limitar la precampaña del 10-N a un debate estéril acerca de las responsabilidades por la repetición electoral y el bucle secesionista en Cataluña. Pero, probablemente, la mayoría de los españoles agradecerían algo de más protagonismo en actos políticos y tertulias mediáticas para un asunto crucial: ¿qué hacemos con las pensiones si se confirma el riesgo de una nueva crisis económica?
Hay quienes, en estos días, sin embargo, atinan perfectamente con lo más relevante. Uno de los grandes bancos españoles, con importantes intereses en las pensiones privadas, ha organizado unas jornadas con la siempre bien dispuesta colaboración de los directivos más ultraliberales del Banco de España. Ellos sí están hablando sobre qué hacer con la Seguridad Social y el sistema público de pensiones. A su manera, desde luego.
La Seguridad Social y el sistema público de pensiones tienen problemas importantes, pero todos ellos cuentan con soluciones que no pasan necesariamente por el recorte en las prestaciones que se plantea desde las derechas
Sus previsiones respecto a la evolución de nuestro sistema público de pensiones parecen salidas de la distopía más imaginativa y pavorosa. Acompañan sus terribles augurios con todo tipo de datos y estudios presuntamente técnicos que, sin embargo, no resisten ni el análisis más primario. El discurso es tan simple como terrorífico: esto va mal, muy mal, va a ir aún peor y no queda más remedio que recortar prestaciones.
¿Qué dicen?
a) Que la economía va regular e irá peor, desequilibrando aún más las cuentas de la Seguridad Social, irremediablemente.
b) Que el ritmo demográfico nos lleva, inevitablemente, del 30% de personas mayores de 65 años a un 70%, sobre 2050. Una sociedad plagada de viejos achacosos sin gente joven para trabajar y pagar las pensiones.
c) Que el abultado déficit de la Seguridad Social -20.000 millones- está causado por el incesante crecimiento del gasto –ya vamos por más de 150.000 millones-. Los viejos se empeñan en vivir mucho tiempo. Insostenible, claro.
d) Que si ahora destinamos la friolera del 10,5% de nuestro PIB a las pensiones, en treinta años tendremos que dedicar el 24% de todo nuestro producto bruto. Tremendo.
e) Que, para empezar, resulta imprescindible mantener vigentes los recortes emprendidos por los Gobiernos del PP: el IRP –Índice de Revalorización de las Pensiones- y el FS –Factor de Sostenibilidad-.
Sería para echarse a temblar, si fuera cierto. Solo que todo es mentira. Mentiras grandes, deliberadas y dolosas.
a) Sí, hay riesgo de una nueva crisis económica en toda Europa. Pero no será como la de 2008, porque los factores desequilibrantes que entonces afectaban al sistema financiero ya no están presentes con la misma intensidad. Y porque ahora en España ya no hay un Gobierno del PP dispuesto a una gestión brutal para el empleo y el bienestar de los sectores más desfavorecidos de la población.
b) Sí, la evolución demográfica tiende al envejecimiento de la población. Pero la previsión del 70% de viejos es una caricatura insultante, aunque la dibujen en un power point de colores. Existen estrategias eficaces para corregir aquella evolución negativa.
c) Sí, el déficit de la Seguridad Social es grande, pero lo han agrandado precisamente los gestores neoliberales del PP. Entre 2011 y 2017, el agujero pasó de menos de 1.000ME a más de 19.000ME. Y ese déficit lo ha causado fundamentalmente la aminoración de ingresos, por la rebaja salarial y de cotizaciones que implicó la reforma laboral de 2012.
d) Sí, el 10,5% del PIB destinado a pagar pensiones es mucho, pero está por debajo de la media europea y es mucho menos de lo que dedican otros países de nuestro entorno, que superan el 15%. Y ese 24% futuro solo es otra falacia liberal mal intencionada y sin fundamento.
e) Sí, hay soluciones, pero no pasan por el IRP y el FS, porque el IRP limita la subida de las pensiones al 0,25% y condena a los pensionistasj a empobrecerse; y porque el FS incorpora la indignidad de vincular la cuantía de la prestación a la esperanza de vida.
Estos planteamientos fake forman parte de la campaña emprendida por los políticos y economistas neoliberales para combatir una política fiscal progresista, socavar los cimientos del sistema público de pensiones, y promocionar el negocio de las pensiones privadas.
En realidad, la Seguridad Social y el sistema público de pensiones tienen problemas importantes, pero todos ellos cuentan con soluciones que no pasan necesariamente por el recorte en las prestaciones que se plantea desde las derechas.
La primera decisión que cabe adoptar, y sobre la que debieran pronunciarse las fuerzas políticas que se presentan a las elecciones, tiene que ver con la naturaleza del sistema de pensiones que queremos para la sociedad española. Desde el PSOE defendemos un sistema público de pensiones blindado en la Constitución España como un derecho fundamental de la ciudadanía. Además, proponemos garantizar constitucional y legalmente la evolución de las prestaciones conforme a la inflación real, para evitar la pérdida de poder adquisitivo y el empobrecimiento de los pensionistas.
La segunda decisión está relacionada con las estrategias para el equilibrio en las cuentas de la Seguridad Social. Frente a quienes plantean decisiones de aminoración del gasto en prestaciones, el PSOE propone aumentar los ingresos: derogando la reforma laboral que limita el crecimiento de las cotizaciones; “destopando” las cotizaciones que corresponden a los salarios más elevados; promoviendo el crecimiento de la natalidad mediante la mejora de las prestaciones y los servicios públicos destinados a las familias; acabando con las exenciones y bonificaciones asociadas a planes ineficaces para promover la creación de empleo; e incorporando recursos provenientes de los impuestos.
La tercera decisión, en consecuencia, requiere derogar la reforma de las pensiones impuesta unilateralmente por las derechas en el año 2013, al socaire de la crisis. Esta derogación supone acabar con el IRP y el FS, empobrecedores de los pensionistas.
Ante las elecciones del 10 de noviembre, los españoles ya tienen algunas pistas sobre las intenciones de unos y otros.
El PSOE en el Gobierno ya ha logrado aumentar las pensiones en 2018 y 2019, superando el 0,25% impuesto por el PP y con claras ganancias de poder adquisitivo para los pensionistas en este tiempo.
Las derechas son las defensoras del modelo restrictivo y recortador de 2013.
Y Unidas Podemos fue responsable directo, por razones partidistas, del fracaso en el intento de acuerdo que se produjo en la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para derogar el 0,25% y vincular la subida de las pensiones a la elevación de los precios.
Hablemos de lo importante.