viernes. 29.03.2024

Residencias de ancianos, un lugar para morir

El coronavirus encontró en ellas el ambiente más propicio para su expansión. Irregularidades, accidentes, denuncias de malos tratos, falta de calidad en la atención o vigilancia  y una  incorrecta revisión médica son algunas de las quejas y denuncias más frecuentes en relación a las residencias de ancianos desde antes de la llegada de la pandemia.

12 veces más frecuentes y tres veces más intensos

El 56 %  de las muertes contabilizadas oficialmente en España por COVID-19, o síntomas compatibles, se produjeron en residencias de mayores. Ocho meses después de su irrupción, en la vorágine de esta segunda ola a la que muchos expertos denominan epidemia continua, el virus sigue entrando sin control en los centros dedicados al cuidado de nuestros mayores, reconocidos ya como los grandes focos de infección. Según el  presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología los brotes entre los residentes de las residencias de mayores son 12 veces más frecuentes y tres veces más intensos que los que se producen en el resto de la población.

Una pésima gestión

El 84,8% de  las plazas residenciales de los geriátricos españoles están gestionadas por empresas privadas y el 44% de las plazas públicas por empresas privadas u otras entidades.  La consecuencia directa de esta gestión es el déficit estructural de recursos y la carencia de un plan de contingencia y de recursos sanitarios; un cóctel explosivo que acarrea que el número de muertos durante la emergencia sanitaria, sea en estos centros, tanto en los públicos como en los privados y concertados, tan elevado. Madrid encabeza el macabro ranking (como olvidar el envío, “por error”, del borrador que desautorizaba el traslado de ancianos desde las residencias  a los hospitales en función de su dependencia o discapacidad), la tétrica estela la siguen Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Solos y abandonados

En los centros de atención a mayores de Madrid, carentes de recursos sanitarios  y asistenciales, en los momentos más duros del primer avance de la pandemia, los ancianos murieron solos y aislados, aquejados de  un sufrimiento que podía haberse evitado; sus cuerpos fueron encontrados varias horas, e incluso días después de su fallecimiento; hasta 38 horas permanecieron algunos cadáveres en sus camas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, declaró que cuando los efectivos de la UME entraron en esos centros durante las tareas de desinfección, se encontraron no solo con ancianos abandonados a su suerte, enfermos, residiendo en situaciones extremas y en malas condiciones de salubridad, también descubrieron cadáveres que permanecieron, horas y días después, en las mismas camas en las que habían fallecido.

¿Quién está detrás de las empresas que gestionan mayoritariamente la atención a los mayores en España?

Como consecuencia de la falta de plazas públicas y debido al envejecimiento de la población son los inversores privados a través de fondos de inversión internacionales y grandes multinacionales, con predominio de las francesas, quienes se reparten las ganancias obtenidas en el sector de la atención a personas mayores.  En Galicia los sindicatos de las residencias Domus Vi denunciaban en enero condiciones laborales cercanas al “esclavismo”. Las quejas de los familiares, sobre la desatención que padecen los residentes por la falta de personal, difieren, y mucho, de  la versión idílica que pintan desde el gigante geriátrico con capital francés propietario de la  mayor red de centros y servicios de atención a las personas mayores en nuestro país. La multinacional Orpea (el gigante francés de las residencias) también está en el ojo del huracán por su gestión en la primera ola de la pandemia.

El actual modelo de residencias demostró su ineficacia

A finales de la década de los setenta España tenía algo más de tres millones de ciudadanos de más de 65 años, en la actualidad son casi seis millones y medio.  Según un informe de Naciones Unidas, en nuestro país en 1990, el porcentaje de personas mayores de 65 años era del 13,4% , se prevé que en 2025 sea del 20,3%. El envejecimiento poblacional conlleva que los  procesos crónicos, invalidantes e incapacitantes que lo acompañan, demanden una atención cualificada por parte de las personas que tengan que hacerse cargo de las personas afectadas; de ahí la necesidad de revisar el actual modelo de residencias; es urgente humanizar y gestionar unos centros que son una extraña mezcla entre cuartel, hospital y hotel, según reconoce la experta en gerontología social  Maite Sancho.

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