Su exposición pública ha provocado, como era de esperar, reacciones de todos los colores, algunas realmente infundadas y teñidas de un barniz claramente reaccionario.
Esta semana han sido presentados, por parte del Gobierno, los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio. Su exposición pública ha provocado, como era de esperar, reacciones de todos los colores, algunas realmente infundadas y teñidas de un barniz claramente reaccionario. La lectura del texto presupuestario contiene en realidad el programa político económico y social de lo que el actual Gobierno quiere para nuestro país.
Y, sinceramente, gran parte de las propuestas que se esconden detrás de las partidas son de interés. El aumento substancial en partidas sanitarias, dependencia, I+D+i, infraestructuras, política industrial, pymes, comercio y turismo, como sectores especialmente afectados por la pandemia, la adscripción de inversiones dirigidas a impulsar la transición hacia una economía más verde y sostenible, etc., todo ello supone un giro substancial en relación con Presupuestos anteriores hacia una mirada más social de las necesidades del país.
Uno de los aspectos que más ha dado que hablar, el de los aumentos impositivos, sin duda merece una crítica, pero desde la perspectiva contraria a la que se suele escuchar: la timidez gubernamental al no afrontar de una vez las necesarias reformas fiscales.
Considerar que medidas como el aumento de dos puntos en el IRPF a las rentas superiores a 300.000 euros, la subida de tres puntos a las rentas del capital superiores a 200.000 ó la elevación en un punto del último tramo del Impuesto del Patrimonio –más de 10 millones de euros-, suponen un “terrible” aumento de la presión fiscal, aclara, no solo la insolvencia de la crítica, sino su marcado sesgo ideológico y de clase, así como la total ausencia de compromiso con el país de una parte privilegiada de nuestra sociedad. Sencillamente, se necesita que quienes más tienen aporten más.
No obstante, existen claroscuros en los que habrá que incidir. Los Servicios Públicos requieren de más recursos humanos y medios con carácter urgente si se quiere no solo solventar el déficit generado por políticas autistas, sino asumir los retos que nos plantea el presente y el futuro inmediato.
Por otro lado, la inmediata necesidad de incorporar al Diálogo Social aspectos que lo requieren: como la dirección y objetivos en los que las partidas han de gastarse para asegurar el éxito de las actuaciones. En este sentido, dar carta de realidad a reivindicaciones inveteradas de las organizaciones sindicales como el Pacto por la Industria como base de un posterior Plan Estratégico y la puesta en funcionamiento de las pactadas Mesas de Diálogo Social para abordar las cuestiones más esenciales derivadas de los requerimientos económicos sociales, se hace ya no necesario sino imprescindible.