Desde la llegada de los neofranquistas al poder, España regresó a los hábitos políticos y morales de la dictadura, pero aplicando escrupulosamente todas las garantías democráticas a los presuntos delincuentes de guante blanco
La sarna es una enfermedad de la piel que abunda en los países pobres con deficientes niveles higiénicos. La produce un ácaro conocido como el arador de la sarna y se transmite fácilmente por la ropa o el contacto físico presentando vesículas purulentas que producen picores exacerbados en cualquier parte del cuerpo. España tiene sarna y pese a lo que muchos afirman sí pica, lo mismo que los palos con gusto duelen incluso a los masoquistas. Un electorado escapista e indolente, una justicia lenta y complaciente en muchos casos y una nomenclatura política mediocre, anética y feliz han propiciado que esa enfermedad de fácil tratamiento se haya transformado en un melanoma general de difícil y traumática curación.
Afirma Manuel Milián Mestre, antiguo militante y miembro de la Ejecutiva del Partido Popular, que el partido conservador al que él perteneció se convirtió bajo el mandato de Aznar y su pandilla en una organización de utilidad incompatible con el ejercicio de la política en democracia, ejercicio que en su opinión debe estar siempre ligado al interés general. Según Milián Mestre, que conoce el partido desde sus entrañas, en la década de los noventa el partido fue tomado por personajes que sólo pretendían mejorar su situación personal, cosa que denunció en numerosas ocasiones y que le costó abandonar la organización. Es evidente que la llegada de Aznar al poder supuso un antes y un después para la vida del partido que nos metió en la guerra de Irak, se inventó la burbuja inmobiliaria que trajo la mayor crisis política, moral, cultural y económica de nuestra historia reciente y que en poco más de cuatro años se ha merendado la hucha de las pensiones sin habilitar medios económicos para hacer viable el sistema que nos ayuda a sobrellevar la vejez y la enfermedad. El deterioro de los gobiernos de Felipe González tras conocerse los entresijos de los GAL y el comienzo de la crisis económica que coincidió en el tiempo con aquel año en que España se mostraba al mundo gracias a la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona, junto a una campaña feroz de la prensa derechista, propició el triunfo de Aznar en las elecciones de 1996 y con él la llegada al poder del clan de Valladolid y de una generación de políticos de raigambre franquista y logrera que en su vida habían comprendido el significado de la palabra ética, concepto tan fundamental en filosofía como en la Cosa Pública.
Aznar, Rajoy, Arenas, Acebes, Rato, Gallardón, Esperanza, Granados, González, Viejo, Zaplana, Barberá, Tocino, Camps, Valcárcel, Feijoo, Sánchez, Blesa, Villalonga, Correa, Bárcenas, Pérez, Benavent, Blasco, Alperi, Fabra, Pizarro, Cotino, Costa, Olivas, Fernández, Cascos, Rodríguez y una lista interminable de conmilitones y de empresarios dispuestos a todo, comenzaron en los años noventa el asalto al poder que nunca habían perdido para conseguir el triunfo de su ideario personal y de estirpe, reivindicando al mismo tiempo el legado del franquismo del que provenían la mayoría como la necesidad de desmantelar el incipiente Estado del bienestar con que nos habíamos dotado para entregárselo al negocio y a los negociantes que sólo buscaban el interés particular. Es ahí donde están las raíces de todo lo que está ocurriendo ahora mismo en España, del lodazal en que nos despertamos cada mañana sin saber cuándo llegaremos al punto en que seamos incapaces de digerir más mierda.
Si bien durante los gobiernos de Suárez y González hubo casos escandalosos de corrupción, la diferencia con lo que sucedió después del triunfo de Aznar y la llegada de las nuevas generaciones estriba en la naturalidad con la que se actuó desde ese momento, la postergación hasta el infinito de la natural dimisión del sospechoso y la desfachatez de los máximos responsables para negar cualquier tipo de relación con la persona, el amiguete del alma, o el mandado que ellos, y sólo ellos, habían designado para determinado cargo o misión, pese a haber compartido mesa, mantel y pastel en numerosísimas ocasiones. En democracia la sospecha no es ni mucho menos suficiente para enviar a una persona a la cárcel o adoptar sobre ella medidas de seguridad, sin embargo, cuando la sospecha es fundada, cuando hemos visto desaparecer de un plumazo a las mayores cajas de ahorro del país –entidades que dinamizaban la economía local y regional y que hoy no existen por responsabilidad exclusiva de quienes las dirigían-, cuando comprobamos que se recalificaron millones de metros cuadrados de suelo rústico y forestal sin más razón que la especulativa, cuando asistimos día tras día al espectacular saqueo a que han sido sometidas las arcas públicas con la participación de políticos, empresarios, periodistas y correveidiles, cuando vemos cómo se desmantelan los servicios públicos esenciales para privatizarlos o entregar su gestión a personajes y entidades amigas que jamás tuvieron entre su objetivos el bien común y sí el bien privado, cuando observamos desde la tribuna que nos toca cómo se pasa de los distintos gobiernos a las empresas del IBEX y de éstas a los gobiernos con naturalidad pasmosa y sin el menor escrúpulo, cargados de razones y de falta de vergüenza es que la Cosa Pública ha dejado de serlo para convertirse en un botín gracias a la incesante labor de quienes fueron elegidos para defenderla y hacerla más eficaz y eficiente, y es entonces cuando la dimisión del implicado es tan absolutamente necesaria como vital para que la democracia pueda seguir llamándose así, quedando la responsabilidad penal del sospechoso o su inocencia en las manos exclusivas de la Justicia.
Desde la llegada de los neofranquistas al poder, España regresó a los hábitos políticos y morales de la dictadura, pero aplicando escrupulosamente todas las garantías democráticas a los presuntos delincuentes de guante blanco, mientras se seguía encarcelando con inmediatez asombrosa a robaperas, tuiteros, huelguistas o disidentes de cualquier condición. La reforma del Código Penal elaborada por el Partido Popular, la Ley Mordaza y el endurecimiento de las medidas represivas policiales no tenían por objeto mejorar la calidad de vida de los españoles ni su seguridad, sino crear un muro legal defensivo para quienes usaban de modo avieso las instituciones y dejar claro a críticos, indignados, cabreados y respondones que este país y todo lo que hay en él pertenece a una casta que, como la de los Inmortales en La India, no se toca. Es imprescindible, por tanto, su inmediata derogación y la dimisión inmediata de quiénes están en los vértices de las pirámides del poder. Ningún país, por abúlico que sea, puede progresar ni siquiera vivir, respirando cada día el hedor asfixiante que sale desde los lugares donde residen quienes fueron elegidos como servidores públicos y se han convertido en defensores de estirpes que sólo miran por su propio beneficio aunque no dejen de izar banderas, darse patrióticos golpes de pecho o asistir, como si fueran uno más, a las fiestas mayores de cada pueblo o Comunidad. La sarna desatada nos está matando como personas y como pueblo. No va más.