La Constitución española, además del artículo 155, que parece ser el único que se han leído Abascal, Casado y Rivera, tiene otros ciento sesenta y ocho, y todavía no los he oído nunca clamar porque haya españoles sin trabajo, explotados o abandonados a su suerte
De un tiempo a esta parte, los dirigentes de los partidos que tratan como hermana a la organización dirigida por Santiago Abascal, se autoproclaman constitucionalistas, descalificando a todos aquellos que según su criterio no defienden la Carta Magna con el ahínco y la vehemencia necesaria. Resulta chocante que quienes han gobernando saltándose una y otra vez muchos de los mandatos constitucionales, ahora se mesen los cabellos porque otros aseguran que está superada o que necesita reformas sustanciales para que todos puedan sentirse cómodos dentro de ella.
“Dadme la más justa de las leyes -decía Luis XIV- y con ella lograré colgar al más justo de los hombres sin violarla”. No existen leyes mágicas que con su sola promulgación propaguen la felicidad del pueblo. Hay constituciones mejores, más abiertas, más flexibles; hay otras peores, más cerradas y férreas. Luego están las dictaduras, donde la ley es la voluntad del tirano y de las camarillas que lo apoyan y defienden. La Constitución Española de 1978 no está entre las peores y no sería imposible reformarla mediante el diálogo y la comprensión de las demandas del otro. Sin embargo, pienso que, tal vez, lo primero que sería menester es ponerla en práctica, cumplirla, y no sólo el artículo 155.
Según el artículo 10.2 todo lo relativo a las libertades y a los derechos fundamentales recogidos en la Norma Fundamental serán interpretados con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por cierto, no aprobada por España el 10 de diciembre de 1948 porque vivíamos bajo una dictadura salvaje y todavía Estados Unidos no había decidido que entrásemos en la ONU para convertirnos en su más fiel servidor. Pues bien, entre otras muchas cosas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge que todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado que les asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la asistencia médica, la educación y la vivienda, derechos que, por supuesto, también están consignados en la Constitución de 1978 y que se respetan a medias o se violan sistemáticamente, como sucede, por ejemplo, con el derecho a la vivienda. España tiene más de tres millones de viviendas vacías y un número cada vez mayor de personas, sobre todo jóvenes, que ni pueden tener ni tendrán, de no cambiar mucho las cosas, una casa donde poder desenvolver sus vidas. El Estado y los Gobiernos autonómicos, siguiendo la Constitución y la Declaración Universal, tendrían que haber puesto los medios necesarios para que algo tan vital como la vivienda no se hubiese entregado a grupos especuladores, grupos que, junto con la banca y las grandes constructoras, crearon la burbuja ladrillero-financiera que nos arruinó, y que ahora, sin que nadie, ni siquiera Albert Rivera, se rompa las vestiduras por tamaña violación de la Constitución de 1978 de que tanto hablan los autodenominados constitucionalistas, está creando la nueva burbuja del alquiler, esa que posibilita que grandes fondos de piratas especuladores acaparen viviendas de alquiler para el turismo impidiendo el acceso a la vivienda a millones de personas.
Según la Constitución, en su artículo 128, toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general, lo que quiere decir, entre otras muchas cosas, que las viviendas tienen que servir para que en ellas, como su nombre indica, vivan los ciudadanos de este país antes que para que unos cuantos mafiosos de todo el mundo se hagan millonarios y hagan inhabitables los centros de nuestras ciudades. ¿Se cumple? Pues no, se pisotea desde que existe la Constitución, ni la vivienda se subordina al interés general ni los planes urbanísticos van en esa dirección sino en la opuesta, contemplando incluso que pueda existir el urbanizador privado, un tipo que compra terrenos en una determinada zona, elabora un plan para forrarse y, tras ser aprobado por las autoridades, obliga a los colindantes a vender en su propio beneficio, nunca en el de la sociedad.
¿Qué sucede con la Sanidad? La Constitución es muy clara. En su artículo 43.2 afirma que corresponde a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Le pueden preguntar a Esperanza Aguirre, Artur Mas, Eduardo Zaplana, Ignacio González, Francisco Camps, Alberto Ruiz Gallardón o Jordi Pujol qué han organizado y tutelado sino el traspaso al negocio, a la especulación, al lucro particular de enormes partidas de dinero que deberían haber ido inexcusablemente a la Sanidad Pública, que es la que protege la Constitución y la que obliga su acción como gobernantes.
Dice la Ley de Leyes en su artículo 16.3 que ninguna confesión tendrá carácter estatal aunque se tendrán en cuenta las creencias de los españoles y se cooperará con la Iglesia católica y otras confesiones. Evidentemente, el artículo no convierte a España en un Estado laico como debiera, pero niega de forma rotunda que el Estado tenga confesión religiosa. Entonces, ¿Por qué destina más de seis mil millones de euros a los colegios concertados de esa ideología? ¿Por qué paga a los curas, párrocos, obispos, cardenales y arzobispos como si fueran funcionarios bajo su administración? ¿Por qué arregla y restaura monumentos de origen religioso y permite luego que la explotación de los mismos, o sea los beneficios, reviertan en la Iglesia Católica que obedece a un Estado extranjero como es el Vaticano?
En su artículo 27.6, la Constitución reconoce que todas personas físicas y jurídicas tienen derecho a crean centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. ¿Respetan esos principios los colegios y centros concertados. Algunos sí, no lo vamos a negar, pero la mayoría no, porque en ellos se segrega por razones de raza, situación económica y creencias. De hecho la inmensa mayoría de los extranjeros que viven en España estudian en escuelas públicas. Por si fuera poco, es en esos centros donde se produce un adoctrinamiento ideológico opuesto a los principios generales que informan la constitución española, muchas veces rayanos en lo reaccionario.
Por último, podría seguir muchas horas, el artículo 13.1 reconoce a los extranjeros residentes en España todas las libertades públicas de que gozan los españoles. No hay más que ir a los invernaderos de cualquier pueblo de España para comprobar, sin ningún género de dudas, que las libertades de los trabajadores extranjeros que los mantienen están perfectamente garantizadas y tuteladas.
La Constitución española tiene muchos defectos, es ambigua en muchos extremos, pero sobre todo, es una Norma que no se cumple y se pisotea todos los días del año en la mayoría de sus artículos, sobre todo aquellos que afectan al interés general. La Constitución española, además del artículo 155, que parece ser el único que se han leído Abascal, Casado y Rivera, tiene otros ciento sesenta y ocho, y todavía no los he oído nunca clamar porque haya españoles sin trabajo, explotados o abandonados a su suerte, porque haya españoles sin vivienda, porque se esté creando una sanidad para ricos y otra para pobres. De nada sirve reformar o hacer una nueva Constitución si el respeto que se le va a guardar es el mismo que se ha observado con la vigente.