Una de las herencias más sangrantes de la tan “ponderada” y “modélica” transición fue el mantenimiento casi intacto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado franquista. Aparte de grandes figuras mundiales de la brutalidad como los comisarios Conesa, Ballesteros o “Billy El Niño”, en el seno de la policía española han continuado existiendo miles de miembros que apenas saben el significado de la palabra democracia y mucho menos comparten el concepto. No quiere decir esto que no existan policías ejemplares que hacen su trabajo con total dedicación y entrega, respetando las reglas del Estado de Derecho, pero sí que hay otros muchos que piensan que Franco fue un gran hombre y que con él se vivía mucho mejor. No es su responsabilidad, sino de aquellos gobernantes que durante más de tres décadas no han sido capaces no ya de llevar a cabo una depuración que elimine a los elementos antidemocráticos sino ni siquiera de algo tan sencillo como unificar los dos cuerpos policiales estatales existentes –guardia civil y policía nacional- en uno solo de nuevo cuño que no tenga ningún vestigio militar ni autoritario. Sólo así se explica que después de treinta y seis años de democracia volvamos a ver escenas como las que nos niega televisión y nos dan los medios digitales en las que se ve a funcionarios armados del Estado apalear con saña a ciudadanos que no han cometido delito alguno y no tienen para defenderse más que sus manos. Justo es decir que durante años estas imágenes nauseabundas apenas se veían, pero el hecho de que de nuevo estén aquí demuestra sin ningún género de dudas la pervivencia dentro de la policía española –de todas, incluida la catalana y la vasca- de un sustrato no democrático y, por tanto, contrario a los más elementales derechos humanos: Cualquier funcionario público sabe que órdenes contrarias a esos derechos o a la legalidad vigente, simplemente no se obedecen.
El derecho de manifestación es uno de los principales que recogen los ordenamientos democráticos mundiales. La actual Constitución Española, perfectible en tantos puntos, lo acoge como derecho fundamental sin que sea preciso pedir autorización para ejercerlo, sino una simple comunicación. El modo con que Rajoy, Fernández Díaz, Cosidó, Cristina Cifuentes y tantos otros altos cargos del PP tratan ese Derecho se parece mucho más a las maneras del “amigo” Teodoro Obiang que al que vemos en otros países de nuestro entorno donde la crisis también está golpeando con dureza. No obstante, además de tener una policía poco preparada democráticamente, también somos el país de Europa con más policía por habitante, hecho que indica nítidamente la desconfianza que los poderes tienen hacia la ciudadanía: Según Naciones Unidas, frente a los 300 policías por cada cien mil habitantes de Alemania, los 390 de Francia o los 260 del Reino Unido, en España tenemos 506, lo cual no cuadra muy bien con nuestra renta per capita comparada. Si a eso añadimos costumbres como la de infiltrarse en las manifestaciones para iniciar y continuar disturbios –tal como se hacía en la dictadura por la brigada político-social, las detenciones arbitrarias y el empleo desmesurado de la violencia, podemos concluir que estamos mucho más cerca de un Estado policial que de un Estado democrático, caracterizado éste por el uso mínimo de la fuerza y por la discriminación selectiva de su uso sólo para aquellas personas que están cometiendo un delito: Hasta hoy manifestarse en la vía pública no es un delito, aunque no es descartable que en breve plazo –de culminar el proyecto de ley de orden público que prepara el Gobierno- lo sea.
¿Qué ocurre para que en poco más de dos años –recuérdese que durante la acampada en Sol de Mayo la policía apenas intervino, se mantuvo al margen por órdenes del gobierno de entonces- la policía, las policías estatales y autonómicas hayan recuperado con tanta facilidad hábitos y costumbres antidemocráticas que creíamos olvidadas para siempre? Creo que la respuesta es bien sencilla. El Gobierno del Partido Popular no tiene respuestas a la crisis, y cuando hablamos de respuestas, queremos decir soluciones. Es un Gobierno ultraconservador que bebe en las fuentes del antiguo régimen, que no ha interiorizado ni lo hará nunca que Franco fue el mayor asesino de nuestra historia y que su policía era el instrumento para tener a un país atemorizado, amordazado, castrado y aterrorizado. Con esos antecedentes y esos aprendizajes, que ni ellos mismos niegan porque todavía estamos esperando a que algún miembro de ese partido o de ese Gobierno condene sin paliativos la criminal tiranía franquista, es fácil entender que ante el gravísimo problema de los desahucios la respuesta del Ejecutivo sea mandar antidisturbios –no sé si el término es adecuado, allá dónde van los disturbios de multiplican- para que reduzcan el conflicto a una mera cuestión de orden público; que ante la gravísima estafa de las preferentes y las protestas de los estafados, la respuesta gubernamental sea enviar policía pertrechada con todos los instrumentos necesarios para golpear a ciudadanos que legítimamente protestan contra una injusticia de primer grado; que ante las manifestaciones que reclaman el final de los recortes y la reposición de los derechos arrebatados –no se piden cambios revolucionarios, conste en acta- la respuesta vuelva a ser enviar cantidades inusitadas de policías acorazados con la única misión de alterar el normal desenvolvimiento de las protestas; que ante cualquier problema social o económico, de la índole que sea, el Gobierno no encuentre más soluciones que las represivas como si aquí el Estado de Derecho hubiese quedado ya reducido a un mero enunciado sin ninguna aplicación práctica.
El actual Gobierno del Partido Popular no entiende de diálogos ni de comportamientos democráticos. Cree que fue elegido por mayoría absoluta y que eso le da patente de corso para llevar a cabo políticas económicas, sociales y laborales que ni siquiera estaban en su reaccionario programa electoral. Piensan que la mayoría absoluta les da derecho a eliminar derechos, a pisotear ciudadanos, a criminalizar la protesta sirviéndose para ello de la potente maquinaria mediática –casi monopolística- que tiene a su servicio. Los derechos ciudadanos no existen, existen, ante todo, sus propios derechos y los derechos de un Estado que no es democrático sino su Estado, el Estado de los de la buena estirpe. Están en posesión de la verdad y esa verdad tiene que entrarnos a todos a sangre y fuego. No hay otro camino. Sin embargo, ese, el camino que han elegido, el que mamaron de sus padres, sus maestros y amigos, es el menos adecuado, incluso para ellos, porque difícilmente un país puede sobrevivir a sí mismo con el ordeno y mando, la sublimación de los privilegios particulares de los que más tienen, la protección cueste lo que cueste a bancos, eléctricas, gasistas, constructoras y demás corporaciones que viven como lapas sobre la ciudadanía. Usando la represión como principal instrumento para imponer una política económica de clase, el partido en el Gobierno –heredero directo del franquismo- no hace más que excluir, dejar fuera del sistema a un número creciente de ciudadanos, tantos que dentro de poco sólo creerán en el régimen aquellas personas que se sientan directamente agraciados por él. Ese camino malhadado es el más útil para el surgimiento de los populismos y del descreimiento. Puede ser que piensen que eso les viene muy bien, pero la realidad es que supone regresar al país entero a un periodo muy anterior a diciembre de 1978, en todos los aspectos, poniendo gravemente en peligro el bienestar de todos, el futuro de las instituciones democráticas y de las libertades y derechos consustanciales a todo ser humano.