viernes. 29.03.2024

La (sin) ley de la depredación impune

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Desastre de Aznalcóllar

No se trata de casualidades, sino de los resultados de una política deliberada que recorta los costes de explotación hasta el límite, especulando con la seguridad de las personas y de la naturaleza

La práctica de la depredación salvaje de bienes públicos tales como los espacios naturales y las vidas de las personas, es algo inherente a las formas de gestión del sistema llamado neocapitalista. Pueden distinguirse hasta tres modalidades de dicha práctica (probablemente hay más, sin embargo). En Aznalcóllar (Sevilla, España), 1998, vimos el deterioro biológico y ecológico del humedal protegido de Doñana debido al descuido por parte de la empresa extractora en el mantenimiento de una gran balsa de residuos tóxicos, cuyas paredes acabaron por ceder.

En Rana Plaza (Savar, Bangladesh), 2013, no hubo desastre ecológico pero sí una terrible mortandad de trabajadoras del ramo textil que fueron obligadas con amenazas e incluso coacción física a seguir en sus puestos de trabajo en un edificio de varias plantas que llevaba varios días amenazando ruina inminente. Por fin, se derrumbó.

En Brumadinho (Minas Gerais, Brasil), 25 de enero de 2019, mortandad y desastre ecológico han ido de la mano al ceder una represa construida por la empresa minera multinacional Vale SA, cubriendo toda una población y los terrenos circundantes, en muchos kilómetros a la redonda, con toneladas de barros tóxicos que han ocasionado la muerte cierta de 58 personas y la más que probable de cerca de 400 más, desaparecidas hasta el momento. Además de la contaminación difícilmente reversible y la muerte de especies botánicas y zoológicas en las tierras adyacentes y en las aguas del río Paraopeba, afluente del San Francisco, en la Amazonia.

No se trata de casualidades, sino de los resultados de una política deliberada que recorta los costes de explotación hasta el límite, especulando con la seguridad de las personas y de la naturaleza. Hay una larga lista de accidentes similares. Reduciéndonos a la minería a cielo abierto, solo en 2018 hubo catástrofes del mismo tipo en Laos, Birmania, Afganistán, Kenia y Colombia. Tres continentes, siempre empresas multinacionales, en buena parte los mismos accionistas probablemente en todos los casos.

Es el expolio en nombre del beneficio. La ley o la sin ley de la depredación criminal llevada a cabo mediante una forma societaria anónima y con responsabilidad limitada. Los daños no se reparan, las muertes no se indemnizan, la destrucción permanece, las multas millonarias no se pagan o se pagan en una proporción mínima.

Una depredación impune

Y una consecuencia directa más, extrema en este caso, de la negativa por parte del capital a reconocer el derecho de las personas asalariadas a controlar las condiciones de seguridad en que realizan su prestación. Las cosas han de hacerse a la manera del patrón, sí o sí, sin excusas admisibles.

La situación de la represa de Brumadinho llevaba años denunciada por los trabajadores y los habitantes del municipio minero. Veremos qué trabajos se llevan a cabo para su reparación; qué capitales se invierten en la indemnización a las víctimas directas y a las que han perdido en la catástrofe su vivienda, sus bienes y su forma de vida.

Una cosa es segura: los capitales, pocos o muchos, que se inviertan en esos objetivos humanitarios, serán detraídos íntegramente de la prevención dirigida a evitar el próximo derrumbe de una represa minera, la que sea.

La (sin) ley de la depredación impune