La sucursalización de las finanzas de empresa se ha quintuplicado desde el estallido de la crisis de 2008
Las empresas del Ibex-35 tienen en total 1.285 filiales o sucursales en territorios offshore, cifras actualizadas al cierre del ejercicio fiscal 2015. Casi un tercio de ellas, 394, fueron creadas en ese último año, después de que en el ejercicio anterior la fuga de capitales se cuantificara en más de 2.000 millones de euros, con un crecimiento del 20 por uno (insisto para quienes leen en diagonal: no 20 por 100, sino 20 por 1), en tan solo doce meses.
Las empresas con mayor presencia de filiales offshore son, ninguna sorpresa en el ranking, Banco de Santander (216), ACS (152), Arcelor-Mittal (145) y Repsol (120). El territorio de preferencia es el estado norteamericano de Delaware, con 463 filiales. En tres de cada cuatro casos no se ha detectado en este tipo de sucursales ninguna actividad de tipo productivo y/o comercial. Se trata de artefactos financieros cuya única función es eludir impuestos. Las cifras las proporciona la ONG Intermon-Oxfam.
La sucursalización de las finanzas de empresa se ha quintuplicado desde el estallido de la crisis de 2008. Quiere decirse que se trata de una estrategia de acumulación primaria, paralela a otras, tales como el recurso al Estado benefactor, un concepto desfasado ya en relación con la ciudadanía “de a pie”, pero que sigue en plena vigencia para las entidades financieras del ámbito privado. Si pensamos en las operaciones de rescate bancario con dineros públicos que nunca serán devueltos, y les añadimos esos otros capitales que se filtran a través de las fronteras con intención de no regresar nunca, tampoco, al flujo económico normal, la conclusión es que la crisis mundial ha supuesto para las grandes compañías el mítico agosto que, en tiempos, marcaba el clímax de los negocios.
Podría suponerse que el Estado está tratando de poner trabas al enjuague, pero sucede lo contrario. La abogacía del Estado ha frenado los intentos realizados desde las trincheras municipales y autonómicas para evitar la concesión de contratas públicas a empresas que eluden impuestos mediante la colocación de sus beneficios en paraísos fiscales. Tales intentos, dicen los letrados, invaden una competencia que es exclusivamente estatal, la de fijar las condiciones de la licitación pública. Y el Estado no respalda la inclusión de ninguna cláusula relacionada con la tributación, para no “discriminar” a las empresas que, precisamente y en virtud de sus ventajas tributarias y de sus amistades con la administración, acaparan la parte del león en los contratos públicos.
Porque, dicen los expertos en legislación fiscal, el hecho de tener sucursales o filiales en territorios offshore no implica en principio ninguna ilegalidad: es un ejercicio olímpico y desinteresado de libertad por parte de esos benefactores de la sociedad que son las grandes compañías. Solo en el caso de que se demuestre de forma fehaciente que se defraudó, por sentencia firme de los tribunales competentes, podría apartarse a tales compañías de acudir en igualdad de oportunidades a la licitación municipal y autonómica (la estatal es ya un predio sometido a ellas sin restricciones).
Dada la proverbial lentitud de la maquinaria de la justicia, el evento de una sentencia firme después de agotados los sucesivos recursos a tribunales superiores, podría situarse, según cálculo aproximativo y a ojo de buen cubero, en torno a las próximas calendas griegas o en todo caso las siguientes. Para entonces, las filiales offshore de las empresas del Ibex, y otras, podrían haberse vuelto a quintuplicar varias veces. En eso se parecen las grandes financieras a las conejas: en la facilidad para parir crías.