La víctima de una violación en grupo durante los Sanfermines podría no tener derecho a protección jurídica, según viene a sugerir el abogado defensor de varios componentes de la Manada. No dio pruebas suficientes, si se examinan con atención los vídeos grabados por sus violadores, de asco y de rechazo. Sostiene el rábula que aquel episodio al resguardo de un portal no fue para ella otra cosa que un rato “placentero”, por más que no hubiera consentido explícitamente las diferentes maniobras que se ejercitaron en su cuerpo después de desnudarla. Lo que la encrespó fue únicamente que se le llevaran el móvil.
Hay otras pruebas de la falta de méritos de la muchacha para obtener el amparo de la ley: ha sido fotografiada posteriormente llevando una camiseta con una leyenda provocativa. Por el contrario, los cinco acusados, “la Manada” para calificarlos con el nombre que ellos mismos se dan, son buenos hijos, sin ser sin embargo modelo de nada. Y se les está dando caza sin piedad.
¿Sugiere esta argumentación que debería darse caza a las violadas, en vez de a los violadores? ¿Que debería dejarse vía libre a un violador de buena conducta, cuando interactuara con una víctima de moral no inequívoca? Un paso más allá, solo uno, por ese camino, llevaría a proclamar de forma explícita la desigualdad de los ciudadanos ante la ley.
Nuestros abuelos pintaban a la Justicia como una dama severa, con los ojos vendados, sosteniendo en una mano el código y alzando con la otra una balanza perfectamente equilibrada.
Eran unos antiguos.
El primer artículo del nuevo código sería, en cambio: «No todos somos iguales ante la ley.» Y es que las circunstancias personales influyen muchísimo. No es razonable exigir del olmo que dé peras, según frase reciente de un encausado ilustre. De otro lado, el juez que obligó a Eme Punto Rajoy a declarar por el asunto de la caja B de su partido, ya ha sido removido de su sitial. Una prueba de por dónde van las cosas de la justicia. Otra, si alguno todavía dudare, es que el ministro de Hacienda permite al alcalde de Jaén lo que ha vetado a la alcaldesa de Madrid. Otra más, que la incitación al odio es concebida como un delito unidireccional, solo procesable cuando se ejerce en contra de determinadas instituciones, y nunca cuando va en el sentido contrario. Los exabruptos de unos policías madrileños contra Manuela Carmena, que rebasan ampliamente la línea roja de lo espantoso, están siendo analizados con calma (tal vez desde la sospecha de que podrían ser epítetos merecidos; ¿se han examinado suficientemente las inscripciones que luce Manuela en sus camisetas?), en tanto que el delegado sindical que denunció la existencia del chat policial debe ser protegido del odio desbordado de sus colegas por voluntarios de la sociedad civil, porque desde el punto de vista de las autoridades competentes ha pasado a ser un apestado.
Este es el mundo en que vivimos. Si no les gusta a ustedes, les ruego un esfuerzo para mejorarlo entre todos: no tenemos otro.