La sanidad pública gallega, durante los dos mandatos de Núñez Feijoo, fue sometida a un proceso de degradación permanente. No fue por causa de la crisis ni por la incompetencia del gobierno; por el contrario el Partido Popular, desde el poder, fue muy eficaz para aplicar de manera contundente una estrategia de desmantelamiento de los servicios públicos con la finalidad de crear espacios de negocio favorables a los intereses financieros y a las empresas afines.
Desde 2009 hasta 2015 redujeron el presupuesto sanitario un 18,3 por ciento, situando a Galicia como la CCAA que aplicó el recorte más profundo. También eliminaron casi 1.800 plazas de la sanidad pública y suprimieron 450 camas hospitalarias, a pesar del crecimiento de las listas de espera y de la permanente congestión de los servicios de urgencias. La degradación de las condiciones laborales llegó a ser alarmante (hay trabajadores con más de cien contratos en un solo año).
Mientras tanto entregaron a manos privadas cada vez más parcelas (ambulancias, historia clínica electrónica, cita previa, suministro y logística, mantenimiento de equipos sanitarios, gestión de la limpieza, servicio de catering, teleasistencia...), y tienen en cartera el proyecto de Unidades de Gestión Clínica, con el que pretenden privatizar la propia actividad sanitaria en los hospitales y centros de salud: podrían abrir la puerta a la gestión privada y a la laboralización del personal.
También renovaron por diez años el concierto con el hospital privado Povisa de Vigo (75 millones de euros anuales) y pusieron en manos de una empresa concesionaria (integrada por constructoras arruinadas y bancos rescatados) la gestión del nuevo Hospital Álvaro Cunqueiro (70 millones de euros anuales durante veinte años). La Administración queda con una severa hipoteca, y la sanidad del sur de Galicia en manos privadas para mucho tiempo.
Si a esto añadimos el crecimiento imparable del gasto farmacéutico (por la apresurada e imprudente incorporación de nuevos fármacos de uso hospitalario, de utilidad poco comprobada pero con precios desmesurados), la entrega de la gestión de la tecnología sanitaria a las propias empresas (mediante el curioso sistema de contratación del “socio tecnológico”) y la cesión de parcelas muy sensibles del sistema (gestión de la información, control de datos, investigación, contratación...) a empresas privadas, podemos llegar a la conclusión de que el sistema público está en riesgo ya que, de no poner freno a la política actual, puede llegar a ser insostenible.
Si el próximo 25 de septiembre hay un cambio político en Galicia (que yo considero imprescindible) la sanidad pública deberá ser una de las áreas de atención prioritaria. El nuevo gobierno deberá trabajar, con la máxima decisión política y la mayor seguridad jurídica, para restaurar el daño causado. Será un camino largo y dificil, por la escasez de recursos, las dificultades legales, las resistencias al cambio y por la intensa infiltración que el PP tiene en las estructuras centrales y periféricas de la sanidad.
El trabajo deberá dirigirse en tres direcciones: reforzar el sistema público, incrementar su capacidad de atención y restaurar la calidad asistencial (incremento progresivo de la financiación y recuperación del personal restado) para abordar el principal punto negro del sistema, las enormes listas de espera; también habrá que recuperar la dignidad profesional (tan degradada en estos años de gobierno del PP) y conseguir una implicación de los trabajadores en la mejora de los servicios; y habrá que iniciar un camino de recuperación de las áreas externalizadas para que pasen a ser controladas por la Administración y realizadas por trabajadores públicos.
Aún estamos a tiempo. Los defensores de la sanidad pública entendemos que la salud es un derecho de los ciudadanos y el sistema sanitario un elemento clave de cohesión social. No podemos dejar que la conviertan en un negocio. Nuestros sucesores tienen derecho a una atención, cuando menos, como la que aún tenemos a día de hoy.